Otras víctimas de la estafa de Playa Blanca siguen esperando justicia: “Llevamos años viviendo un calvario”

Vecinos que compraron viviendas a la misma empresa ya han conseguido sentencias, pero su causa estuvo parada durante años en el Juzgado de Rafael Lis. Además, temen que el fallo tampoco les sirva para recuperar el dinero

Uno de los acusados de estafa en la venta de un apartamento, junto a su abogado
Uno de los acusados de estafa en la venta de un apartamento, junto a su abogado

Hace siete años pusieron su ilusión y todos sus ahorros en la compra de una vivienda en Playa Blanca, pero poco después comenzó una pesadilla de la que siguen sin ver el fin. “Para nosotros ha sido un calvario”, cuenta esta pareja, que adquirió una de las siete casas que sacó a la venta la sociedad Supercava S.L. en la urbanización Virginia Park, sin imaginar que estaban siendo víctimas de una estafa.

Tanto ellos como el resto de compradores firmaron convencidos de que las viviendas estaban libres de cargas, pero a los pocos meses descubrieron que no era así, cuando recibieron la notificación de un procedimiento de embargo. Y es que sobre los inmuebles pesaban dos hipotecas impagadas cuando los adquirieron, por lo que pasaron a ser propiedad de La Caixa. Desde entonces, otros compradores ya han conseguido sentencias en las que han sido condenados por estafa los responsables de Jupercava, pero en su caso, ni siquiera ha terminado la instrucción de la querella que presentaron en 2015.

Su procedimiento se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, que estaba a cargo del juez Rafael Lis. Y al igual que ocurrió con otras causas que dependían de este magistrado, afirman que estuvo parada durante años. Ahora, el nuevo juez que asumió el Juzgado tras la jubilación de Lis ha continuado la instrucción, pero ni siquiera se ha tomado aún declaración a todos los investigados, por lo que temen que la sentencia firme aún pueda tardar años en llegar.

“Todos estos años han sido muy difíciles. Vivimos en una constante incertidumbre de no saber qué va a pasar y a dónde vamos a ir”, relata este afectado, que teme verse en la calle con sus tres hijos. Además, explica que el pequeño tiene dos años y sufre una enfermedad degenerativa, por lo que tiene reconocida una discapacidad que hace aún más complicada su situación.

 

Pendientes de un posible desahucio

De momento, a la espera de que se resuelva ese procedimiento penal, consiguieron que se suspenda el desahucio al que se enfrentan por una deuda que no era suya. Sin embargo, su temor es que nunca consigan recuperar el dinero que invirtieron. “Los ahorros, todo lo que teníamos, lo hemos metido aquí en esto. Nos vamos a quedar sin un duro y con la deuda de la hipoteca que pedimos nosotros”, afirma, señalando que además de la entrada y los gastos de la operación de compra, gastaron otros 25.000 euros para reformar la vivienda, más las cuotas que fueron pagando del crédito hipotecario, cuando la casa ni siquiera figura ahora a su nombre, sino a nombre de otro banco. 

“Aunque ganemos el juicio, a lo mejor no recuperamos nada”, teme este afectado, a la vista de lo que ha ocurrido con los otros procedimientos iniciados por sus vecinos. El primero se resolvió de manera firme hace más de dos años y el último el pasado 10 de junio, cuando estaba previsto otro de los juicios por esta estafa. A diferencia del primero, en esta ocasión los dos acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reconociendo los delitos y consiguiendo una importante rebaja de las penas. 

Inicialmente, el Ministerio Fiscal pedía tres años de cárcel para la administradora de la empresa y cuatro años y cinco meses para otro representante de la sociedad, por estafa y falsedad documental, pero las penas que terminaron acordando fueron de un año y medio de prisión para él, que ya tenía antecedentes penales, y de un año para ella, que podría no ingresar siquiera en prisión.

En cuanto al dinero, como atenuante se consideró la “reparación del daño”, porque antes del juicio devolvieron 14.500 euros a las víctimas, un matrimonio alemán que declaró por videoconferencia. Sin embargo, éstas habían gastado tres veces más, según reconoce la propia sentencia. De hecho, en su escrito de acusación inicial, la Fiscalía pedía también que se les condenara a indemnizar a las víctimas con 46.000 euros, ya que pagaron 34.980 euros por la compra a Jupercava S.L., 6.420 euros a la inmobiliaria y otros 4.600 en plusvalía, impuestos y otros conceptos.

Sobre el resto del dinero, el fallo se limita a señalar que las víctimas, al aceptar el acuerdo de conformidad, lo hicieron “reservándose el derecho a continuar acciones civiles” contra los acusados, contra la agente inmobiliaria que intermedió en la compra y contra las dos empresas.

 

“No lo entiendo”

“No lo entiendo”, afirma este otro afectado, que sigue a la espera de que salga su juicio y ahora teme que después de los años de espera, cuando llegue el momento, “la Fiscalía acepte un acuerdo” similar. En su caso, adelanta que no están dispuestos a aceptarlo, y no se explica por qué lo hizo este otro matrimonio, que también estaba personado como acusación particular y podía haberlo rechazado.

No obstante, el primer juicio que se celebró tuvo circunstancias distintas, y este precedente tampoco da esperanzas a esta familia que sigue esperando. En aquel procedimiento no hubo acuerdo y la sentencia, dictada en octubre de 2018 y ratificada en junio de 2019 por la Audiencia Provincial, condenó a dos años y dos meses de prisión a J.B.Q como representante de Supercava, mientras que a la administradora, M.J.Q. la condenó solo como responsable civil, ordenando que ambos devolvieran más de 145.000 euros a cuatro compradores que habían presentado juntos esa querella.

Sin embargo, su vecino asegura que nunca recuperaron el dinero. “Esta gente se ha declarado insolvente. No tiene un duro”, sostiene, insistiendo en que su miedo es que le ocurra lo mismo. De hecho, la explicación a por qué la pareja alemana aceptó hace dos semanas el acuerdo podría estar en que al menos consiguieron que les devolvieran una parte, lo que fue condición para la conformidad y, al menos en el caso de ella, para evitar el ingreso en prisión.

 

“Quiero que se castigue a esta gente”

“Yo quiero que se castigue a esta gente y que no vuelva a pasar otra familia por lo mismo. Que se haga público para que esta gente no quede ahí nada más. Que no vuelva a cualquier otro a atreverse a hacer lo mismo”, reclama este afectado.

Además, subraya las diferencias que ha habido en cada uno de los procedimientos, pese a que todas las ventas fueron idénticas. “Cada caso es muy particular. Van apareciendo distintos implicados”, destaca. En el primer juicio, solo había un acusado de Supercava, mientras que la administradora respondió solo como responsable civil. En el segundo, se sentaron en el banquillo ambos y los dos reconocieron los delitos, aunque con penas inferiores a las que se pedían inicialmente. Además, a ese segundo juicio también había llegado una tercera acusada: la agente inmobiliaria que intermedio en ésa y en todas las ventas. Sin embargo, solo estaba acusada por las víctimas y no por la Fiscalía, y éstas aceptaron retirar también las acciones contra ella al alcanzarse el acuerdo con los otros dos acusados.

En cuanto al procedimiento que sigue pendiente, a la víctima le consta que esa agente inmobiliaria ya prestó declaración y afirma que mantendrá la acusación contra ella, porque la considera también responsable. Y es que fue su interlocutora en todo momento, quien tenía un poder de la empresa para firmar la venta en su nombre y quien les aseguró que la vivienda estaba libre de cargas, a pesar de los documentos que aparecieron cuando fueron a firmar a la notaría, que indicaban lo contrario.

Precisamente el notario fue uno de los primeros en denunciar esta estafa, tal como publicó en su día La Voz, cuando comprobó que los papeles que le habían presentado para asegurar que esas deudas ya estaban saldadas eran falsos. 

Sin embargo, en el caso de la agente inmobiliaria, que fue quien aportó esos certificados de cancelación, este afectado asegura que no les respondió cuando le pidieron explicaciones. Y cuando finalmente le enviaron un burofax, les llamó por teléfono para decirles solo que era “un malentendido”.

“Esto es una estafa, no un malentendido”, explica que le respondió. Ahora, según han confirmado fuentes judiciales a La Voz, en esta causa que sigue abierta también se va a sumar al menos otra investigada más, una apoderada de La Caixa, por esas certificaciones de cancelación de deuda que resultaron ser falsas. En principio, su declaración está prevista el próximo mes, y será la última investigada en declarar.

A partir de ahí, en caso de que no surjan nuevas diligencias que practicar, podría ir cerrándose la instrucción, iniciando los trámites para llevarla a juicio, después de años de parálisis en la tramitación de este procedimiento.

 

Consideran que su banco tampoco actuó con “diligencia”

Mientras tanto, esta familia sigue también esperando un gesto por parte del banco con el que solicitaron ellos la hipoteca, Bankinter, ya que considera que también tiene su parte de responsabilidad por no haber detectado esta estafa. Y es que un representante de la entidad también estuvo presente en la firma de la compraventa en la notaría, como es obligado al haber una hipoteca, y consideran que no actuó “con la diligencia debida” para “proteger” ni sus intereses como clientes “ni los de la propia entidad”.

Así lo señaló este matrimonio en un escrito que dirigió al banco en 2015. “De ser ejecutada la finca perderíamos todos nuestros derechos sobre ella y quedaríamos deudores de un préstamo hipotecario por una vivienda que no es nuestra, aun habiendo cumplido con el pago del precio y de las cuotas del préstamo, así como demás obligaciones accesorias exigidas en el contrato de préstamo”, señalaban en ese escrito, en el que pedían una consideración especial a su caso, dado que el banco tampoco advirtió la estafa, pero aún así pretende descargar todo el daño en los compradores, reclamándoles la totalidad de la hipoteca.

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