Los dos acusados de estafar a un matrimonio vendiéndole un apartamento en Playa Blanca sobre el que ocultaron que pesaban dos hipotecas han reconocido los hechos y han aceptado condenas de menos de dos años de prisión, tras haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal y con la acusación particular.
En el el caso de uno de los procesados, Jesús B.Q., además de un delito de estafa, se le imputaba otro de falsedad en documento público. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 4 años y 5 meses de prisión al aplicar el agravante de reincidencia, ya que tiene antecedentes por hechos similares, al haber sido condenado a nueve meses y un día de prisión por otro delito de falsedad en documento público. Sin embargo, su condena finalmente se ha rebajado a 1 años y seis meses.
En cuanto a la otra acusada, María José Q.R. ha aceptado una pena de un año de cárcel frente a los tres años que el Ministerio Fiscal pedía inicialmente. En su caso, al no tener antecedentes, previsiblemente no entrará en prisión. De hecho, su abogado ya ha adelantado que pedirá la suspensión de la pena privativa de libertad. "Se determinará en ejecución de sentencia", ha señalado el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, quien no obstante ha señalado que si no tiene antecedentes, "lo normal" es que se acepte dicha suspensión.
En ambos casos, se ha aplicado el atenuante de reparación del daño. Y es que, según se ha puesto de manifiesto en el juicio, los acusados ya abonaron 14.500 euros a la pareja a la que estafaron, de los 46.000 que ésta pagó por la compra del apartamento y que se reclamaban en concepto de responsabilidad civil. En cuanto los 31.500 euros restantes, no se ha especificado nada en la vista oral, pero fuentes judiciales han apuntado a La Voz que los acusados deberán también devolverlos.
La acusación particular también había pedido que se condenara a la agencia inmobiliaria con la que contactaron los acusados para llevar a cabo la venta, así como a la agente inmobiliaria de la misma que intervino. Sin embargo, la acusación ha sido finalmente retirada, por lo que en la sentencia se hará constar su absolución.
"Nos informaron de que las hipotecas estaban pagadas"
Aunque tras reconocer los hechos y aceptar las condenas el juicio no ha seguido adelante, previamente las víctimas de la estafa han declarado. Ambos lo han hecho por videoconferencia desde Alemania y han asegurado que los acusados les informaron de que las hipotecas "canceladas económicamente, que estaban pagadas" cuando efectuaron la compra.
Según ha puesto de manifiesto el hombre, no se dieron cuenta de que la vivienda tenía cargas hasta que ellos intentaron vender la vivienda y la abogada de la compradora pidió documentos en el Registro de la Propiedad. Asimismo, tanto él como su mujer han ratificado que pagaron 46.000 euros por la vivienda y que los acusados les han abonado 14.500.
En concreto, el apartamento con el que les estafaron está ubicado en la urbanización Virginia Park, del plan parcial Montaña Roja, y pertenecía a la entidad J.S.L., de la que la acusada María José Q.R era administrador única. En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostenía que los dos procesados se pusieron de acuerdo “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”, hechos que han sido reconocidos por los acusados.
Para ello, Jesús B.Q. contactó con la responsable de una agencia inmobiliaria, a la que María José Q.R. otorgó un poder para la venta de la finca, “haciéndole creer que las hipotecas que grababan dicho inmueble se encontraba canceladas económicamente” y que solo faltaba el otorgamiento de la escritura de cancelación.
El inmueble fue vendido en abril 2014 y “como condición resolutoria se estipuló que en el plazo de dos meses a contar desde el otorgamiento se procediera a la cancelación registral del derecho real de hipoteca que grava la finca, quedando durante dicho plazo depositados los cheques otorgados por los compradores”, Uno de esos cheques era para abonar 34.980 euros a favor de la entidad J.S.L y otro de 6.420 euros a favor de la inmobiliaria. Además, los compradores pagaron 4.600 euros en concepto plusvalía, impuestos y otros conceptos.
Durante ese plazo que se habían dado, y “a fin de causar error en los compradores, de manera que estos no ejercitaran la condición resolutoria convenida en la escritura pública, así como de llevar a engaño también al notario y a la agente inmobiliaria”, el acusado Jesús B.Q., “se proveyó de varios certificados simulados, en los que aparecía el membrete de La Caixa, en los que se hacía constar la cancelación económica de los préstamos y, a sabiendas de su falsedad y del error que con su conducta creaba, haciéndolos pasar por auténticos, los envió por correo electrónico a la agente inmobiliaria, presentándolos ésta ante el notario, tal y como se hizo constar en la escritura complementaria de 25 de agosto de 2014”.
Ese mes, tanto los vendedores ahora acusados como la agencia cobraron los cheques y se hizo oficial la venta, pese a las cargas que pesaban sobre la propiedad.
En el juicio, no solo las víctimas han intervenido por videoconferencia. La propia Sección Sexta de la Audiencia Provincial lo ha hecho desde Las Palmas de Gran Canaria y la acusada María José Q.R desde Madrid. Así, en la sala de los Juzgados de Arrecife solo se encontraban la fiscal, el abogado de la acusación particular, el acusado Jesús B.Q y su letrado, y la agente inmobiliaria y el abogado de ésta, contra la que finalmente se han retirado los cargos.
