COMPRARON SUS CASAS CREYENDO QUE ESTABAN LIBRES DE CARGAS, PERO NO ERA ASÍ

La Justicia investiga una posible estafa en la venta de 7 viviendas de Playa Blanca

Además de varios compradores, el propio notario donde firmaron las escrituras ha denunciado los hechos. Cree que la sociedad que vendió las casas presentó certificaciones bancarias falsas. Un año después, los vecinos comenzaron a recibir órdenes de ejecución hipotecaria...

La Justicia investiga una posible estafa en la venta de 7 viviendas de Playa Blanca
La Justicia investiga una posible estafa en la venta de 7 viviendas de Playa Blanca

Los propietarios de 7 viviendas de la urbanización Virginia Park de Playa Blanca se enfrentan a la ejecución hipotecaria de sus casas por unos préstamos que no pidieron. Todos ellos compraron sus viviendas a la sociedad Jupercava S.L. creyendo que estaban libres de cargas. Sin embargo, no era así. El pasado agosto los nuevos dueños de las casas comenzaron a recibir órdenes de ejecución hipotecaria y descubrieron así que había préstamos sin pagar de los que no tenían conocimiento. Los propietarios de al menos 4 de esas casas han denunciado esta presunta estafa y también lo ha hecho el notario que registró las ventas. La Justicia investiga ahora estos 7 casos.

Todas las compraventas tenían un denominador común: en todos los casos aparecían deudas en el Registro de la Propiedad cuando se realizó la adquisición. A pesar de ello, la sociedad, a través de sus distintos intermediarios, presentó certificaciones bancarias para demostrar que esas hipotecas se habían cancelado. Esos documentos, sin embargo, eran presuntamente falsos. 

Fueron esos certificados los que hicieron que los compradores "confiasen" en que los préstamos estaban pagados, señala el notario de Playa Blanca, Javier Jiménez Cerrajería. En su notaría se registraron las 7 compraventas y fue él el primero en denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Los propietarios de las casas acudieron a la notaría tras recibir con estupor las órdenes de ejecución hipotecaria. Una primera visita de unos compradores fue lo que motivó que Jiménez Cerrajería hiciese algunas averiguaciones con el banco y aquella misma tarde denunciase las 7 compraventas. Esa denuncia se encuentra ya en los tribunales y ha sido repartida al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife. 

 

Un último intento de venta


El mismo día que los primeros compradores acudieron a la notaría con la orden de ejecución, Jupercava S.L. había estado a punto de vender otra vivienda de ese mismo bloque. Cuando estaban realizando el trámite, "apareció en la información que emite el Registro de la Propiedad una certificación de dominio y cargas; esas certificaciones sólo se expiden cuando está en marcha un procedimiento de ejecución hipotecaria", explica Jiménez Cerrajería.

Ese aviso del Registro hizo que la venta se frustrase. El notario señala que explicó la situación al comprador y "evidentemente nadie compra sabiendo que su casa se la van a ejecutar". Horas después, apareció una pareja en la notaría con la orden de ejecución que el Registro de la Propiedad acababa de enviarles. Un año antes, esta pareja se había hipotecado por valor de 44.000 euros para comprar su casa. A los pocos días, fueron apareciendo en la notaría todos los compradores, "en función de cómo iban recogiendo esas órdenes", recuerda Jiménez Cerrajería.

 

Firmas distintas y préstamos que no encajan


El notario afirma que únicamente vio la certificación bancaria relativa a una de las casas. Con ese documento acudió a consultar a los apoderados de La Caixa en Playa Blanca. Se confirmó entonces la sospecha: "Cuando La Caixa me dijo que era falsa (esa certificación), me entregó otras que les habían llegado. Y me dicen que también son falsas".

Según señala este notario, la propia sociedad o sus intermediarios habían presentado esas certificaciones a La Caixa para "requerir" la cancelación de los préstamos; "y en la oficina de Playa Blanca dijeron que ellos no cancelaban nada". Jiménez Cerrajería explica que en esos certificados constaba el nombre de una apoderada de la entidad en Madrid, pero el número de la oficina se correspondía en realidad con una sucursal del banco en Huesca. Además, aunque los certificados estaban supuestamente firmados por esa misma apoderada, las rúbricas eran "distintas". 

Jiménez Cerrajería sólo tenía entonces conocimiento de la orden de ejecución para una de las 7 casas, pero con la información que le proporcionó la entidad bancaria comprobó que "todas las que se referían a esas viviendas eran posiblemente falsas", afirma. Fue esto lo que le llevó a denunciar ante la Policía Nacional las 7 compraventas que había realizado. 

Al menos en uno de los casos, esos certificados hacían referencia a un préstamo que no existía, mientras se omitía otro, impagado, del que los compradores nunca tuvieron constancia. Es el caso de la certificación con la que el notario acudió a La Caixa. En ella constaban dos préstamos. La primera hipoteca era real y estaba cancelada. El segundo préstamo estaba "puesto al azar" y "no se correspondía con nada" registrado en La Caixa. Sin embargo, había un tercer préstamo asociado a la casa, que Jupercava contrajo por valor de 40.000 euros y del que los compradores nunca vieron ningún documento.

En los demás casos, Jiménez Cerrajería afirma que "no sabe" si los compradores vieron esos documentos antes de adquirir las casas. Al respecto, asegura que presentó "todas las operaciones que había hecho con esa sociedad" ante la Policía "para que tuviesen datos personales de posibles afectados con los que pudiesen contactar y tuviesen toda la información que fuese necesaria a su disposición por parte de la notaría". "Quería que actuasen lo más rápido posible". 

 

"No es extraño confiar al ver una certificación bancaria"


Exceptuando el caso de la pareja que se hipotecó, todos los compradores invirtieron cantidades que tenían ahorradas para adquirir las casas (por valor de entre 30.000 y 40.000 euros), sin necesidad de solicitar una hipoteca. De este modo, en esas compraventas no estaba presente ningún abogado de una entidad bancaria, como sí sucedía en el otro caso, y cualquier comprobación de los documentos dependería directamente de los compradores. 

"Lo normal es que el comprador, si no tiene la certeza de que el préstamo está pagado o si aparece en la información registral una carga que desconocía, no compre", considera el notario. Jiménez Cerrajería señala que "no es frecuente que se compren viviendas con cargas", aunque hace hincapié en que "tampoco es extraño que a la vista de una certificación bancaria el deudor confíe en que el préstamo está pagado". 

La cancelación de los préstamos tiene tres fases distintas, "la cancelación económica, que es lo que necesitaría la certificación bancaria, la cancelación notarial con la carta de pago, en la que el banco consiente cancelar la hipoteca y declara que ha recibido el dinero, y después la inscripción en Registro de esa cancelación, que lo que hace es remover la hipoteca", explica Jiménez Cerrajería. De este modo, el hecho de que en el Registro consten cargas sobre una propiedad no significa necesariamente que la deuda no esté pagada.

 

"No se preveía una estafa"


"Es una desgracia lo que les ha ocurrido a estas familias", afirma Jiménez Cerrajería, que apunta que los vecinos podrían tener "difícil" recuperar lo que pagaron, puesto que "el problema es si la sociedad no tiene dinero". 

El notario asegura que se sintió "disgustado y enfadado a la vez" cuando descubrió que las 7 compraventas realizadas en su notaría podrían haber sido una estafa. "En cada firma me esfuerzo por explicar todo con la máxima claridad y sencillez y en dar la máxima seguridad a ambas partes contratantes. Dicho esto, me gustaría aclarar que los compradores compraron plenamente enterados de la existencia de la carga hipotecaria y antepusieron su confianza en los intermediaros a las advertencias expresas sobre la existencia del gravamen hecha por mí", continúa. En este sentido, Jiménez Cerrajería incide en que hizo esas "advertencias" no sólo "de palabra, sino de forma expresa en la escritura", algo a lo que la ley obliga a los notarios. 

A pesar de ello, el notario de Playa Blanca incide en que no parecía una "situación anormal" y "no se preveía una estafa". Recuerda en este sentido el caso de otro comprador que no llegó a pagar el precio completo de la vivienda. Este hombre pidió una hipoteca a Bankia para adquirir la casa, pero la hipoteca no estaba cancelada y la entidad se negó a darle el préstamo. Jupercava S.L. y este comprador "pactaron" entonces una "compraventa con pago aplazado". "Él no pagó, dio la entrada y el vendedor accedió a vendérsela sin recibir el precio". En estos casos, la cantidad restante se paga "poco a poco" o "cuando se cancela el préstamo hipotecario", añade. Por eso, para Jiménez Cerrajería "no se preveía una estafa, porque incluso accedían a cosas como ésta".

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