El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé le denegará la licencia urbanística al Ministerio del Interior para la construcción del Centro de Internamiento de Inmigrantes en los terreros del Polvorín, que son de propiedad estatal. El Grupo de Gobierno ha asegurado que no concederá la licencia al encontrarse en una zona declarada "suelo rústico protegido". Desde el PSOE se ha anunciado que apoyarán esta disposición "ya que existen unos informes técnicos negativos que avalan la decisión adoptada. Además, si los técnicos dicen que no se puede construir y no se le permite a los vecinos tampoco me parece lógico que se le permita al Ministerio", ha afirmado para La Voz Andrés Stinga.
El concejal por el Partido Socialista en San Bartolomé, además de apoyar sorprendentemente la medida adoptada por el Consistorio, a pesar de que la iniciativa de construir el Centro nace de su propio partido a nivel nacional, ha argumentado su decisión afirmando que como concejal y como cargo público "no puedo votar en contra de un informe técnico".
Sin embargo, los socialistas no han apoyado la propuesta municipal de crear una Declaración Institucional relativa a la construcción de este Centro de Internamiento. "No voy a votar algo que no conozco porque a día de hoy no nos ha llegado ningún escrito ni ninguna declaración", explica Stinga. "Yo entiendo que con el informe negativo y las razones que la ley aporta para denegar la construcción, todo lo demás sobra e, incluso, una carta institucional".
Referéndum Ajei
Además, en el pleno también se ha dado cuenta del resultado del referéndum celebrado el pasado domingo, 24 de septiembre, en el que los vecinos dijeron NO a la propuesta del Grupo de Gobierno de cambiar el nombre del municipio, agregándole el topónimo "Ajei".
Aunque para el Partido Socialista, los datos no son lo importante, ya que cuentan con ellos desde la misma noche de la celebración del referéndum. "Hemos incluido en el apartado de ruegos y preguntas cuánto ha costado al Ayuntamiento de San Bartolomé la campaña del referéndum", afirmó Andrés Stinga, pese a que fueron los propios socialistas los que le propusieron al Grupo de Gobierno que trasladara a una consulta popular su propuesta de cambiar la denominación del municipio.
Dos millones de euros
El pleno consistorial también ha debatido la puesta en marcha de una operación de crédito que ya estaba prevista en el presupuesto municipal de 2006. El préstamo a solicitar asciende a dos millones de euros, aunque esta decisión puede ser declarada "acto nulo de pleno derecho", ya que los socialistas consideran que para aprobarlo se necesita la mayoría absoluta con nueve votos. "Ellos han intentado sacarlo adelante con mayoría simple, pero incumple la ley por lo que lo declararemos acto nulo de pleno derecho".
