La Red Interinsular Migrar, integrada por varias asociaciones y colectivos, ha denunciado la “grave situación" que se está viendo en los centros de acogida para menores migrantes no acompañados dependientes del Gobierno de Canarias, donde asegura que hay “casos de maltratos, retenciones ilegales, malas condiciones y menores acogidos en recursos para adultos y viceversa”.
“Son multitud de centros gestionados por muchas asociaciones y fundaciones que reciben cantidades muy importantes por la atención de menores y que no son controladas en absoluto por la administración. Hablamos de un auténtico negocio que mueve millones de euros al año y que no garantiza los derechos de muchos de los menores acogidos, hablamos de niños maltratados, encierros ilegales, trato inhumano”, sostiene.
Por eso, la Red Interinsular solicita una investigación y exige que se controlen las condiciones de acogida de los menores no acompañados, la delimitación de responsabilidades y que el Gobierno de Canarias “se responsabilice de una vez de la tutela efectiva de los menores y deje de culpar a terceros de su propia incapacidad”.
Declaraciones “inadmisibles” de Protección a la Infancia
En un comunicado, el colectivo recuerda que la directora general de Protección a la Infancia y la Familia de Canarias ha hecho público que las islas acogen en este momento a 2.819 menores no acompañados y que “su capacidad ha llegado al límite”. Además, afirmó que al no existir más plazas, los menores deberán permanecer en los CATE y en las comisarías, e ingresar en recursos para adultos.
“Resulta inadmisible que a pesar de la constancia que los centros de menores y la Dirección General de Infancia tienen de la existencia de chicos con pasaporte y/o partidas de nacimiento que prueban que son mayores de edad, los mantengan en centros de menores, ocupando unas plazas que podrían ser aprovechadas por éstos”, responden desde la Red.
Al respecto, señalan que ése es el caso de una nueva denuncia al Defensor del Pueblo de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, que hace referencia a la situación en el Centro Temporal de Atención a Menores de El Hierro, gestionada por la Asociación Coliseo. “La misma es resultado de la acusación de los propios internos, que declaran estar retenidos hasta cinco meses en el centro en régimen cerrado, aún siendo mayores de edad y contando con documentación que lo acredita, con la excusa que están pendientes de realizar las pruebas óseas de determinación de edad”, añade.
“Enviando a estos chicos a plazas de acogida para adultos como corresponde, quedarían muchas plazas en centros de menores libres, y la Directora General de Infancia podría dejar de alarmar asegurando que estos menores dormirán en comisaría, pues la Red Interinsular entiende que la directora tiene otras herramientas de presión sin tener que vulnerar los derechos de los niños y las niñas”, cuestiona el colectivo.
Respuesta "con represalias" a las denuncias
En el escrito al Defensor del Pueblo sobre el centro de El Hierro, se denuncian también “malos tratos y castigos, el encierro forzoso, la falta de ropa de abrigo y calzado” e incluso que un menor “llegó a lanzarse por la ventana ante su desesperación, como ya pasara en el Centro de Atención a Menores Puerto Bello en el sur de Gran Canaria”.
Además, los denunciantes aseguran que los responsables de Coliseo en este centro “han respondido con represalias a los internos con ocasión de una huelga de hambre para protestar por su situación, así como tras la visita del Defensor del Pueblo en el pasado mes de noviembre, por contar lo que estaba aconteciendo”.
“Otro hecho constatado a través de los testimonios de las personas internas en estos centros y los grupos de apoyo, es la contratación de personal no cualificado por parte de las asociaciones que gestionan la acogida a menores, en ocasiones, buscando perfiles destinados al control y castigo, no al cuidado, de los niños y niñas internas”, advierte la Red Interinsular Migrar.
Además, subrayan que “la reciente noticia sobre la muerte en extrañas circunstancias de Barrag, un niño marroquí de 17 años en situación de calle, aparte de una investigación policial, ha desencadenado una indagación periodística que señala lo que ya habían denunciado la víctima y Somos Red de Gran Canaria, los presuntos malos tratos e irregularidades cometidas en el centro Puerto Bello para menores, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI”.
“Muchas de las denuncias acerca de la existencia en el centro de prácticas habituales incompatibles con el respeto a los derechos humanos, que ya eran públicas, y que ahora son reiteradas por extrabajadores en declaraciones al medio ‘elcierredigital’, sugieren que estas praxis podrían ser constitutivas de delito y, sorprende, que la dirección general no haya abierto una investigación y depurado responsabilidades”, denuncian.
Por otro lado, como respuesta a la denuncia sobre la situación de un menor en un centro de atención a menores de Fuerteventura, el Defensor del Pueblo afirma que en sus visitas a centros de menores no acompañados de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro “se pudo comprobar la demora en los procedimientos de determinación de la edad de los menores, la falta de escolarización y de tramitación de su residencia, así como las inadecuadas condiciones de algunos de los centros visitados”.
Asimismo, añade la Red, “la respuesta confirma la presencia de menores en centros de adultos y de adultos en centros de menores, contando con documentación que acredita dichas circunstancias, una denuncia que se viene haciendo desde distintos colectivos de las islas desde el año 2020, el último caso detectado hace unos días en el Campamento de Las Raíces con, al menos, tres niños en un recurso para adultos”.
"En la calle" al alcanzar la mayoría de edad
Desde la Red Interinsular denuncian también que los centros de menores dejan “en la calle” a las personas que alcanzan la mayoría de edad, sin ser trasladadas a centros de mayores, “a pesar de que hay muchas plazas disponibles”. Tras pedir explicaciones a los centros de menores, afirma que “estos explican que el Ministerio del Interior no les da permiso para que puedan ser trasladadas a centros de mayores, mientras que, por otro lado, la Directora General de Infancia responde ‘que eso no ocurre’, demostrando una vez más lo alejada que está de la realidad”.
“Ésta es solo una muestra de lo que está sucediendo en los recursos de acogida, lugares por otro lado, de los que apenas se tienen noticias debido a sus características y a la supuesta protección de los menores”, añade la Red, que destaca que lo que sí ha podido confirmar es que estos centros cobran 95 euros por menor al día, “un precio muy alto por un servicio, en muchos casos, deficiente”.
“Según la propia Directora General, todavía quedan 1.304 menores pendientes de determinar su edad, chicos a los que no se escolariza, a los que no se les arreglan sus papeles de residencia por la situación de provisionalidad que viven, en algunos casos desde hace meses. La propia prueba ósea elegida para la determinación de edad es sabido que tiene un margen de error de hasta dos años, cuando muchos de los chicos tienen documentación que acredita su edad y que existen otros procedimientos menos invasivos, como las entrevistas con profesionales”, insisten.
“A la Red no le cuadran las cuentas de la dirección general sobre la falta de plazas para menores, pero a más de una asociación seguro que le cuadran, y mucho, las cuentas del dinero recibido por una gestión más que cuestionable”, advierte.
Según afirma, “otra vulneración de derechos que se sigue dando con los menores, es la separación de los y las niñas de sus madres, cuando llegan en pateras separadas por haber salido del lugar de origen en diferentes momentos”. Al respecto, explican que “a pesar de que poseen pasaportes y/o certificados de nacimiento que constatan su parentesco, las mantienen separadas, en muchas ocasiones en centros de diferentes islas, en lugar de reunirlas hasta que se verifique que son familia”.
“Desde la recepción de los migrantes por parte de la policía, hasta el sistema de tutela de menores de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados son vulnerados sistemáticamente por las instituciones”, denuncia, destacando que “en particular la Dirección General de Protección de la Infancia es responsable de su tutela y, por tanto, de los abusos, maltratos, malas condiciones, retrasos en las pruebas de determinación de edad, presencia de menores en centros para adultos y, al contrario, retención de adultos que así lo han manifestado y lo acreditan, en centros de atención para menores”.
Entre los colectivos que forman parte de la Red y que apoyan esta denuncia se encuentran la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote, Asamblea de Apoyo a las Migrantes de Tenerife, Canarias Libre de CIE, Somos Red Gran Canaria, Proyecto Frontera Sur, Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes y Acción Directa No Violenta.
