Más de ocho años después de que un informe municipal advirtiera de la ocupación ilegal de zonas verdes públicas en el Plan Parcial Costa Papagayo de Playa Blanca y cuatro después de que el Ayuntamiento iniciara los trámites para recuperar ese suelo, el Consistorio llevará este jueves a Pleno el desahucio de la parcela que el empresario Juan Francisco Rosa ocupó con el Kikoland.
El procedimiento está dirigido contra la mercantil Hotel Princesa Yaiza SL, que extendió sus instalaciones creando esa zona infantil y deportiva privada en suelo público, y contra Infond SA, propietaria del Hotel Hesperia Playa Dorada. Este segundo establecimiento, situado junto al hotel ilegal de Rosa, también ocupó una parte del terreno que pertenece al Ayuntamiento, en este caso instalando un minigolf. Ahora, ambas empresas deberán abandonar ese suelo “y las instalaciones existentes” en él, para que sean recuperadas como zonas verdes de uso público.
Una vez que el desahucio forzoso se apruebe en Pleno, el Consistorio dará 30 días a estas empresas para llevar a cabo el desalojo de manera voluntaria, según anunció hace meses el alcalde, Óscar Noda. En caso de que sigan sin cumplir la orden, el tema debería volver a Pleno y siete días después, el Ayuntamiento ya podría acceder a la parcela. No obstante, según precisó Noda, la propiedad podría intentar volver a presentar alegaciones o recursos, lo que seguiría retrasando la recuperación de ese suelo.
Tres instancias judiciales han avalado el desalojo
El Ayuntamiento de Yaiza declaró nulo el convenio que permitió la ocupación de ese suelo en diciembre de 2016, entre otras cosas porque se firmó -en el año 2004- sin contar con un solo informe jurídico ni técnico y sin tramitar ningún tipo de expediente. Tras ese primer acuerdo plenario, Rosa acudió a los Tribunales, que confirmaron la ilegalidad del convenio y avalaron la decisión adoptada por el Consistorio.
Primero fue kiel Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en abril de 2018. Después, ante el nuevo recurso del empresario, esa sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en diciembre de ese mismo año. Finalmente, Rosa recurrió ante el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2019 acordó no admitir siquiera a trámite su recurso, rechazando así su último intento de evitar el desalojo.
Cesión gratuita durante 50 años y sin informes
En virtud del convenio firmado en el año 2004, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, el Consistorio cedió gratuitamente tres parcelas de 30.000 metros cuadrados durante 50 años, sin siquiera establecer el pago de un canon. Una de esas parcelas está ocupada por el Kikoland, otra por un minigolf del hotel Playa Dorada y a la tercera, ubicada entre el Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, aún no se le ha dado ningún uso.
“No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo”, señalaba la sentencia que confirmó la ilegalidad de ese convenio. Además, el fallo reproducía buena parte del dictamen que emitió el Consejo Consultivo a petición del Ayuntamiento de Yaiza, que encargó un informe antes de llevar a Pleno la anulación del convenio.
Ese dictamen, por un lado, concluía que el acuerdo se aprobó en su día con una “omisión absoluta del procedimiento”, ya que ni siquiera se elaboró un informe de Secretaría o de la Oficina Técnica valorando la legalidad del acuerdo. Pero además, advertía de que se le otorgaron derechos a la empresa “sin reunir los requisitos esenciales para ello”.
Entre los numerosos motivos de nulidad de ese convenio, los informes jurídicos cuestionaban que se hubiera incluido una cláusula permitiendo prorrogar la cesión más allá de los 50 años previstos inicialmente, estableciendo además que en ese momento se daría un trato preferente a la empresa de Rosa si se sacaba a concurso. Del mismo modo, concluía que permitir “a una empresa privada la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico”.
Causa penal contra Reyes y Rosa por el convenio
Además de este procedimiento para anular el convenio y recuperar ese suelo público, la ocupación de este espacio se investiga también en la vía penal, en una causa abierta a raíz de una denuncia presentada por los ex consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez.
Dentro de esas diligencias, ya fueron imputados los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el que era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes. Tanto Reyes como Bartolomé Fuentes han sido condenados ya en otras causas por haber otorgado licencias ilegales a Rosa, e incluso han confesado haberlo hecho a sabiendas y, en el caso del ex alcalde, a cambio de sobornos.
En este procedimiento penal, el Ministerio Fiscal se opuso a una solicitud de Rosa pidiendo el archivo de la causa, ya que señalaba que hay indicios para seguir investigando e incluso para determinar si hay más personas a las que “pueda exigirse responsabilidad criminal”.
