Constituida la comisión de estudio para la reforma del sistema electoral canario, es el momento de analizar de una manera sosegada nuestro sistema desde estudios comparados y jurídicos con la aportación de expertos y de los representantes de las distintas fuerzas políticas. Todos somos conscientes de la trascendencia que tiene para el futuro de Canarias las decisiones que finalmente se adopten en el seno de esa Comisión.
La función de cualquier sistema electoral es transformar los votos en representación institucional a través de una norma. La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) define el sistema estatal como proporcional y éste utiliza la formula d'Hont para dividir el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción.
El sistema electoral proporcional tiene como objetivo dar a cada agrupación política una cuota de representación aproximada a su cuota electoral y para ello debemos tener en cuenta la magnitud de las circunscripciones. En Canarias, la Cámara del Parlamento tiene un tamaño medio (60 diputados), comparado con el máximo que tiene Cataluña (135) y con el mínimo de La Rioja (33). La Constitución en el artículo 68, flexibiliza el número de representantes en los Parlamentos autonómicos, permitiendo a cada Comunidad adaptarse a sus características propias.
Cuando se aprobó el sistema electoral canario se apostó por lograr equilibrios territoriales que representaran la organización administrativa de la Comunidad y su población. Para ello, los estatuarios elaboraron un complejo sistema electoral basado en la búsqueda de paridades entre ambas provincias, 30 diputados para cada una; entre las islas capitalinas, 15 para cada una; y entre las islas menos pobladas, 30 diputados en total, distribuidos según su población.
Con esta regla, basada en una visión conjunta de Canarias, se aspiró a conseguir un territorio más cohesionado después de años de histórico pleito insular y de haber dejado en el ostracismo a las islas más pequeñas.
La triple paridad nace en el Archipiélago producto de esa situación previa y, ciertamente, desde que se ha dado representatividad en el Parlamento a las islas menos pobladas hemos podido avanzar: sin escaños estamos condenados a vivir de las decisiones autócratas de las islas capitalinas como lo fue en el pasado.
Esa diferencia de representatividad entre islas, resultante del modelo del 1982, nos ha garantizado un sistema de equilibrios y solidaridad entre las capitalinas y el resto, que hoy es considerado injusto por algunas fuerzas políticas y sociales.
Es cierto que nada hay inamovible. Defiendo que los sistemas electorales deben ser flexibles e ir adaptándose a las circunstancias sociales y demográficas del territorio, pero también hay que tener en cuenta nuestra realidad fragmentada. Todas las islas deben obtener representatividad en el Parlamento pero es prácticamente imposible aplicar un criterio de uniformidad riguroso por el tamaño de la población que habita en cada una de las circunscripciones.
Esta dificultad no puede frenar nuestras aspiraciones y si tenemos que cambiar el sistema, porque se encuentra una opción que mejore el actual, debemos hacerlo pero, insisto, sin olvidar una representatividad justa de cada una de las islas.
La complejidad y el reto que se le presenta a la Comisión de Estudio reside en la definición de un modelo, representativo y proporcional, en el que la aspiración de cada isla no suponga un freno para el desarrollo del Archipiélago y en el que todas las fuerzas políticas presenten y defiendan sus propuestas desde su compromiso hacia todas las Islas Canarias.
Migdalia Machín Tavío, Diputada por Lanzarote
