La Ponencia constituida en el Senado para decidir si levantar la inmunidad al senador Pedro San Ginés ha acordado "proceder con todas las consecuencias legales" contra el expresidente de Lanzarote para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por los delitos de falso testimonio y denuncia falsa.
El Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado ha recogido la resolución de la Ponencia que fue aprobada por "unanimidad". Según el calendario de la Cámara Alta, el próximo 30 de septiembre se llevará a la Comisión de Suplicatorios la resolución de este dictamen y esta comisión tendrá como máximo hasta el próximo 4 de octubre para tomar una decisión.
En total, el Senado tiene 60 días naturales para pronunciarse desde que el Tribunal Supremo presenta un suplicatorio contra uno de sus aforados y el plazo total finalizará el 30 de octubre.
El juez instructor del Supremo defendió que existen "indicios bastantes" y "una innegable base indiciaria" de que Pedro San Ginés pudo cometer ambos delitos.
Cabe recordar que, aunque la causa fue archivada inicialmente, el Alto Tribunal la reabrió tras admitir los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular.
Entonces, en la resolución judicial añadió que estos indicios "distan de poder ser tachados de extravagantes o arbitrarios" y apuntó a "intereses partidistas" en la denuncia de San Ginés contra Antonio González.
El senador no electo decidió no acudir a su comparecencia ante el Supremo y pidió que continuara la tramitación de su suplicatorio. Habitualmente, la inmensa mayoría de suplicatorios se responden de forma positiva, suspendiendo la inmunidad del aforado, por lo que aún acudiendo a la comparecencia era improbable que pudiera evitar que su inmunidad fuera suspendida.
Cabe recordar que esta es la única causa que se mantiene abierta en el Supremo en su contra después de que la Sala de lo Penal diera carpetazo a investigación por la contratación de su amigo y abogado Ignacio Calatayud durante la fase concursal de Inalsa. San Ginés llegó a estar investigado por hasta seis delitos. Entre ellos, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.
