“Seis guardias civiles con perros amaestrados en la búsqueda de dinero” registraron la vivienda y el despacho del abogado Ignacio Calatayud en Madrid, el mismo día en el que la UCO entraba también en la casa de Pedro San Ginés. Así lo puso de relieve el propio Calatayud en la recusación que presentó contra el juez que instruye la macrocausa abierta contra San Ginés y contra él por varios delitos de corrupción, y que ya ha sido rechazada con contundencia por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Ignacio Calatayud se quejaba también de que “sus cuentas y fondos bancarios” han sido bloqueados, al igual que los de Pedro San Ginés -que es una medida que se adopta en investigaciones de graves delitos económicos-, e incluso cuestionaba que en el registro “se han sustraído los ordenadores donde constan los expedientes de sus clientes”.
“Comprendemos el malestar del recusante que fue objeto de una diligencia de tal naturaleza, pero el fundamento de la recusación es inexistente”, le ha respondido esta semana la Audiencia Provincial, que ha calificado de infundada la recusación, señalando que lo que pretendía Ignacio Calatayud era “apartar del procedimiento al juez natural predeterminado por la ley”.
Además, no solo cuestiona la falta de motivación y lo “infundado” de esa recusación, sino también los términos empleados por el letrado. “La utilización del término sustracción está fuera de lugar y, siendo benévolos, la calificamos de desafortunada”, advierte el auto.
Al respecto, subraya además que fue la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil “la que pidió la práctica de tal diligencia, que el juez está obligado a valorar y, en su caso, autorizar motivadamente”.
"El enemigo público número uno de Lanzarote"
En su escrito, Calatayud intentaba cuestionar la “imparcialidad” del titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, señalando que tuvieron una amistad “hace años”, pero que “ha ido evolucionando hacia una abierta y manifiesta animadversión”.
De hecho, en su escrito sostenía que el magistrado “viene manifestando” que Calatayud es “el enemigo público número uno de Lanzarote” y “otras frases parecidas”. Según la Audiencia, se trata de afirmaciones “gratuitas” y “carentes del más mínimo sustento probatorio”.
Además, afirmaba que “ha tenido noticia” de que el magistrado le atribuye haber contratado al detective que hace unos años estuvo siguiéndole. En ese momento, Jerónimo Alonso instruía, entre otras, la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que Calatayud también estuvo imputado. Además, abrió una pieza separada por los pagos que recibió el letrado en relación a ese asesoramiento a Pedro San Ginés, para ordenar la incautación y entregar las plantas a Canal Gestión, que a su vez también tenía contratado a Calatayud.
El detective llegó a hacer fotografías al magistrado en su vida privada, que después fueron utilizadas por una controvertida asociación de juristas que durante años intentó interferir en causas de corrupción abiertas en Lanzarote, incluida esa pieza separada por la causa de la desaladora.
Ahora, tras iniciar la investigación de esta nueva macrocausa, el Consejo General del Poder Judicial acordó solicitar escoltas para el magistrado Jerónimo Alonso, que denunció haber recibido amenazas desde el entorno de los investigados.
"Parece considerar que le dota de una suerte de inmunidad"
En su escrito de recusación, Calatayud también cuestionaba haber estado imputado en la causa de la desaladora, afirmando que el magistrado “se esforzó en artificiosos argumentos dirigidos a sostener a toda costa su incriminación”, que cabe recordar que también era respaldada por el Ministerio Fiscal.
De hecho, cuando Calatayud recurrió el auto que puso fin a la instrucción -concluyendo que había indicios de delito tanto sobre él como sobre las otras tres personas que finalmente están siendo juzgadas en esa causa-, la fiscal pidió que fuera desestimado y que se mantuviera su imputación.
Sin embargo, un auto dictado por el juez Salvador Alba, hoy apartado del cargo por una condena de corrupción judicial, estimó su recurso y sobreseyó las actuaciones con respecto a él.
Alba formaba entonces parte de la Sección Sexta de la Audiencia, junto a otros dos magistrados que la componen a día de hoy, y que son los que han rechazado su escrito de recusación.
“El hecho de haber sido archivada una o varias causas contra una determinada persona, en nada obsta a que se puedan incoar otras por hechos diferentes. Y es que el recusante parece considerar que el sobreseimiento acordado con respecto a él por la Audiencia Provincial, le dota de una suerte de inmunidad que determina que cualquier otro procedimiento seguido contra él, únicamente puede estar movido por la inquina de quien lo instruye”, señala la Audiencia, reproduciendo la respuesta del Misterio Fiscal a esa recusación contra Jerónimo Alonso.
Una investigación previa por malversación
Por último, Calatayud también cuestionaba que cuando Jerónimo Alonso separó una pieza por malversación de caudales públicos en la causa de la desaladora, y recayó en otro Juzgado, “se interesaba de manera reiterada por las nuevas diligencias, pretendiendo asesorar al nuevo magistrado sobre las mismas”.
En este caso, tampoco precisaba cómo había tenido acceso a esa información, y la Audiencia le responde que “si considera que actuó, a sabiendas, sin competencia objetiva, debe acudir al Juzgado de guardia, no al instituto de la recusación”.
Esa pieza abierta por presunta malversación estuvo parada durante años en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, hasta que la Audiencia anuló la última prórroga de la instrucción -porque se estaba dilatando en el tiempo sin avances y sin definir siquiera quiénes eran los investigados-, y la causa se terminó archivando, sin que se llegaran a practicar algunas de las diligencias que había solicitado el Ministerio Fiscal.
Ahora, Calatayud se enfrenta a este nuevo procedimiento, abierto a raíz de una denuncia por el millón de euros que recibió por su participación como abogado en el procedimiento concursal de Inalsa, bajo el mandato de San Ginés. No obstante, la investigación continúa bajo secreto de sumario y podría tener otras ramificaciones.
De hecho, el propio Pedro San Ginés desveló que entre otras cosas se investiga cómo adquirió su vivienda, que pertenecía al suegro de Calatayud, el también abogado Felipe Fernández Camero. San Ginés estuvo viviendo durante años en esa casa siendo presidente del Cabildo, supuestamente pagando un alquiler, y después afirma que la terminó comprando, aunque no quiso precisar la fecha. En el Registro de la Propiedad no aparece a su nombre y tampoco consta en la última declaración de bienes que presentó como consejero del Cabildo.
