El Consejo General del Poder Judicial ha pedido escoltas para el juez que investiga por corrupción a Pedro San Ginés, tras haber recibido amenazas desde el "entorno de los investigados" en esa causa, según informa el periódico Canariasahora. El magistrado también ha pedido refuerzos y un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ante la magnitud de la causa contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote.
En el procedimiento, que continúa bajo secreto de sumario, se investigan presuntos delitos de malversación y cohecho, relacionados con los pagos millonarios que recibió el abogado Ignacio Calatayud bajo la presidencia de San Ginés. Además, entre otras posibles ramificaciones, se ha puesto el foco en la vivienda donde reside desde hace años el expresidente, que pertenecía al suegro de Calatayud, el también abogado Felipe Fernández Camero, que está pendiente de juicio por otra causa de corrupción.
Después de que su domicilio fuera registrado dentro de esta operación judicial, el propio Pedro San Ginés desveló que el magistrado investiga cómo realizó la compra de esa casa. San Ginés estuvo durante años en la vivienda pagando supuestamente un alquiler, y después la adquirió, en una fecha que no quiso precisar. En la declaración de bienes que realizó como cargo público del Cabildo, Pedro San Ginés no comunicó que fuera el dueño de ese inmueble, y en el Registro de la Propiedad tampoco figura a su nombre.
El juez pide agentes no adscritos a destacamentos de la isla
La decisión de pedir al Ministerio del Interior protección policial para el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, se adoptó en la reunión del la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial celebrada este jueves, según ha desvelado Canarias Ahora.
Además, el magistrado también solicitó que se ponga a disposición del juzgado un equipo de la UCO, señalando que la investigación requiere de agentes especializados no adscritos a los destacamentos de la isla.
El Poder Judicial también se dirigirá al Gobierno de Canarias para que dote al Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife de más funcionarios y un equipo de gestión procesal específico para esa macrocausa.
El juez ya sufrió otras amenazas y hasta le pusieron un detective
San Ginés tiene abiertas otras dos causas en este mismo Juzgado, y está a la espera de juicio por una más, relacionada con la incautación ilegal de la desaladora de Montaña Roja, para entregársela a Canal Gestión. Ese juicio, que consiguió que se suspendiera hace año y medio, comenzará de nuevo el próximo 16 de mayo. En ese procedimiento también estuvo imputado Ignacio Calatayud, ya que asesoró al presidente en la incautación, mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión.
Después, un auto del juez Salvador Alba permitió que Calatayud quedara fuera de la causa. Alba, que pertenecía a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, fue condenado poco después por corrupción en el ejercicio de su cargo.
El juez Jerónimo Alonso ya ha denunciado en otras ocasiones haber sufrido amenazas o coacciones. De hecho, coincidiendo con la investigación que realizaba entonces del caso de la desaladora, fue objeto de seguimiento por un detective privado, que realizó fotografías durante su vida privada.
La polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa llegó entonces a presentar una queja contra él ante el Consejo del Poder Judicial, que fue desestimada, tal como recuerda Canarias Ahora. Esa asociación de abogados, creada tras el caso Unión, se dedicó a personarse como supuesta acusación en causas de corrupción relacionadas con imputados como Felipe Fernández Camero, Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, y en la mayoría terminó siendo expulsada. Según la Fiscalía, actuaba como "un cabayo de Troya con intereses bastardos", intentado dinamitar las causas desde dentro.
