La investigación del caso "Yate" puso sobre la mesa hace ya más de dos años la presunta ilegalidad del Puerto Deportivo Marina Rubicón y ahora, en el escrito definitivo de acusación, la Fiscalía ha solicitado que se anule la licencia que permitió construir esta infraestructura. Así, además de juzgarse los delitos de prevaricación urbanística que se imputan al ex alcalde y a dos técnicos de Yaiza por autorizar esa licencia, el juicio también podría servir para decretar la ilegalidad de este puerto.
A diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de las licencias investigadas en esta causa (que ya habían sido previamente anuladas por los tribunales en la vía contencioso-administrativa), Marina Rubicón sigue teniendo su licencia en vigor. Sin embargo, eso podría cambiar cuando el caso Yate llegue a juicio. "Procede decretar la nulidad de las licencias indebidamente concedidas", sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito.
En agosto de 2010, en el marco del caso "Yate" (que empezó investigando la concesión masiva de licencias ilegales para hoteles en Playa Blanca), el fiscal Ignacio Stampa solicitó una copia del expediente administrativo que llevó al Ayuntamiento a autorizar las obras de Marina Rubicón. Y de la mano de ese expediente, se destapó una sorprendente cronología, de unas obras que comenzaron sin un solo permiso y que consiguieron licencia municipal sólo seis días después de pedirla, cuando el puerto estaba ya casi terminado.
Y todo ello, en medio de fuertes protestas sociales y ecologistas por esta obra; de órdenes judiciales de paralización de los trabajos; de denuncias de particulares que después las retiraron tras recibir dinero de los promotores del puerto (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas); y de querellas que se archivaron a petición del que entonces era fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés, que en 2008 fue enviado a un nuevo destino fuera de la isla.
Tres acusados
Ahora, el caso "Yate" ha reabierto este tema, al encontrar presuntos delitos contra la ordenación del territorio (en su modalidad de prevaricación urbanística) en la concesión de esta licencia. Sólo por este expediente, que es uno de los muchos que se han analizado en esta causa, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para José Francisco Reyes, dos años de prisión y diez de inhabilitación para el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y dos años de prisión y diez de inhabilitación para el aparejador municipal Alfredo Morales.
En su escrito, la Fiscalía señala que Vicente Bartolomé Fuentes emitió un informe para el otorgamiento de esa licencia "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde". En su informe, el secretario "omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo, por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión".
Al día siguiente, el 20 de marzo de 2003, el aparejador Alfredo Morales emitió otro informe favorable, pese a que era "plenamente consciente de que la edificación invadía la zona de dominio público marítimo terrestre", según el fiscal. Además, el informe se basaba en las ordenanzas de un Plan Parcial en el que realmente no se encontraba ese suelo y hacía referencia a un proyecto que "ni siquiera estaba aprobado por el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente".
La Fiscalía sostiene el aparejador municipal también obvió "a sabiendas" que el Plan General de Yaiza en vigor no contemplaba la construcción de un puerto en esa zona y que tampoco se había declarado como Sistema General Insular en el PIOT, para lo que hubiera sido necesario hacer un estudio de impacto ambiental. "Aunque no había instrumento de ordenación del territorio que diera cobertura a un Sistema General Puerto Deportivo Marina del Rubicón", Alfredo Morales "informó en sentido favorable, contribuyendo de manera decisiva al otorgamiento por el alcalde de la referida licencia, al afirmar en su informe que cumplía con las determinaciones del Plan", sostiene el fiscal.
Una licencia para paralizar los procedimientos judiciales
El mismo día en que el técnico emitió ese informe, José Francisco Reyes concedió la licencia, según el fiscal, "obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable" y "sin contar con los informes técnicos o jurídicos previos exigidos".
Cuando Reyes firmó esa licencia, el 20 de marzo de 2003, las obras del puerto ya estaban prácticamente terminadas. Sin embargo, ese permiso fue utilizado por los promotores de Marina Rubicón para presentarlo en los tribunales, que habían paralizado los trabajos precisamente por carecer de licencia.
Además, Juan Francisco Rosa firmó un contrato con el empresario que había denunciado las obras. En virtud de ese acuerdo, los promotores de Marina Rubicón le pagaron 1,8 millones de euros para que desistiera de los cinco pleitos contenciosos que había abierto, así como de otra causa penal contra Rafael Lasso por un presunto delito de desobediencia, al haber continuado las obras pese a la orden de paralización. Poco después, los Juzgados archivaron todas las causas que quedaban abiertas contra Marina Rubicón.
Sin embargo, a instancias ahora de la Fiscalía, la Justicia tendrá que pronunciarse finalmente sobre la posible ilegalidad de ese puerto, y también sobre los presuntos delitos que se cometieron al autorizar las obras.
