El Ayuntamiento de Arrecife ha sancionado con hasta 30.000 euros a los titulares de dos locales que realizan actividades sin contar con sus perceptivos títulos habilitantes. Uno de ellos ejercía como taller mecánico en Titerroy y el otro vendía artículos deportivos militares y armas, además de celebrar eventos comerciales con clases de salsa y bachata.
El pleno municipal celebrado el pasado viernes acordó decretar la clausura de ambos establecimientos e imponer una sanción económica de 15.001 euros a cada uno por ejercer esas respetivas actividades careciendo de licencia municipal. El taller de mecánica de vehículos se ejercía en el número 11 de la calle Gaida, en el barrio de Titerroy. La Policía Local realizó un trabajo de seguimiento e investigación para determinar que se ejercían estas actividades sin las autorizaciones municipales.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria, el concejal del Área de Infracciones y Sanciones, puso de relieve los incumplimientos y la ausencia de las necesarias autorizaciones para ejercer una actividad, por infracción a la Ley 7 /2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas Complementarias. En ambos expedientes sancionadores, el instructor, acreditó por los responsables de ambos locales, la comisión de infracción muy grave.
Desde el Ayuntamiento de Arrecife se constató que, en uno de estos locales, el localizado en la calle Juan Negrín 91, hace ahora un año la Policía Local de Arrecife constató la existencia “de casetas de campaña que se ofertaban como alojamiento turístico", que fue comunicado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que incoó un expediente sancionador por incumplimientos de la legislación turística en las Islas Canarias.
El pleno del Ayuntamiento de Arrecife acordó ahora proceder a la clausura del establecimiento e imponerle una sanción de 15.001 euros al mismo titular que ejercía esa actividad de alojamiento turístico en un local que vendía como espacio de coworking. La instrucción incorpora el informe de la Guardia Civil donde se acreditó que ese citado establecimiento carecía de la preceptiva autorización del Ministerio del Interior para la venta de armas.










