Los propietarios del puerto deportivo Marina Rubicón pagaron 1,8 millones de euros al empresario grancanario Juan Padrón Marrero a cambio de que éste retirase todos los pleitos que había interpuesto contra la construcción de la zona comercial del puerto.
El acuerdo económico se reflejó en un documento firmado en junio de 2003 entre Juan Francisco Rosa y Jesús Manuel Escribano, por parte de Marina Rubicón, y Juan Padrón, en representación de Consulting Turístico Canario, que construía un centro comercial en una parcela del plan parcial Castillo del Águila, y que vio cómo su parcela de primera línea de playa dejaba de serlo por la construcción del puerto y de su zona comercial.
Gracias al acuerdo, el empresario grancanario desistió de cinco procedimientos contenciosos que había interpuesto contra esa zona comercial, más uno penal por desobediencia, ya que había logrado paralizar las obras pero comprobó que continuaban. Además, se comprometió a presentar escritos a las administraciones competentes para dejar sus denuncias sin efecto, así como a no volver a promover en el futuro ningún procedimiento contra las obras. En caso de hacerlo, tendría que devolver el importe cobrado más tres millones de euros de indemnización.
Tres años pagando
Para compensar a Padrón "de la afección de los derechos de uso comercial", según dice el acuerdo, los promotores de Marina Rubicón se comprometieron a pagar 36 cuotas mensuales de 50.000 euros cada una, que comenzaron a abonar en enero de 2004 y finalizaron en diciembre de 2006.
El acuerdo se firmó en junio de 2003, después de que en febrero de ese año el Juzgado ordenara paralizar las obras de la superficie comercial, y en abril se ordenara parar todas las obras (orden que luego se restringió de nuevo a la zona comercial). El puerto logró la licencia municipal una vez iniciadas las obras, y cuando se firmó el acuerdo el Juzgado seguía sin permitir reanudar los trabajos de la zona comercial, lo que según los promotores, les estaba produciendo "graves trastornos de índole comercial y financiera", ya que les impedía cumplir con los compromisos contraídos con terceros.
El empresario grancanario y su abogado Albero Florido declararon como testigos el pasado mes de noviembre en el procedimiento que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife, que investiga posible delitos penales en la concesión de licencias urbanísticas en Playa Blanca, y que ha centrado en los últimos meses parte de su investigación en este puerto.
Padrón declaró que "prefirió aceptar el dinero que le ofrecían a permanecer con la incertidumbre de los procedimientos" y señaló que estimaba la pérdidas de su centro comercial en seis millones. Dijo que se sintió engañado por la construcción de su centro comercial. El empresario era dueño de una parcela en primera línea de mar y, sin embargo, se construyó el puerto y una gran zona comercial delante de su parcela.
ACN Press
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