El primer juicio del caso Unión, por los pagos presuntamente fraudulentos a Francisco Rodríguez Batllori desde Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife, ha continuado este martes en Gran Canaria, después de una pausa de cuatro semanas. Tras las primeras vistas celebradas en Arrecife, las declaraciones se han retomado con la comparecencia de agentes de la UCO y de varios testigos de la defensa, con los que Batllori pretendía demostrar que sí realizó gestiones que según él justificarían los más de 45.000 euros que cobró de ambas administraciones entre 2008 y 2009.
El abogado y ex magistrado Juan José Cobo Plana, el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón, y el consejero del Gobierno canario Domingo Berriel han sido algunos de los testigos de la defensa, y han afirmado que en algún momento se reunieron con Batllori, que supuestamente acudía a esos encuentros en nombre del Consistorio de Arrecife o de Inalsa, pese a que no tenía contrato alguno con ninguna de las dos instituciones.
Ante estos testimonios, que sitúan a Batllori en reuniones "de carácter informal" sobre temas de lo más variopintos, y en algunas de las cuales también participó Dimas Martín (que en ese momento cumplía condena en régimen de tercer grado), el fiscal Javier Ródenas ha comparado al acusado con "el pequeño Nicolás", tal como recoge la crónica de EFE. Según esta agencia, tanto Sánchez Simón como Berriel han explicado que recibieron a Batllori porque les dijo que trabajaba como asesor del Ayuntamiento y que "no se cuestionaron" la relación laboral que podía tener con el Consistorio.
Aunque Batllori sostiene que prestó servicios para el área de Recursos Humanos que entonces dirigía otra de las imputadas, Luisa Blanco, en esos encuentros se interesó por el Plan General de Arrecife, por el Punto de Inspección Fronteriza de Lanzarote y por el vertedero de Argana Alta, entre otras cuestiones. En cuanto a Cobo Plana, la reunión en la que participó junto a Batllori, Dimas Martín y su hijo Fabián Martín, versó sobre el concurso de acreedores que en ese momento acechaba a la empresa, y en el que acabó entrando.
Cursos de formación que niega la concejal
Además, según los testigos, Batllori también se reunió con el director de la Fundación de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas (Femepa), Juan Carlos Betancort, para organizar unos cursos de formación para los trabajadores de Inalsa. En esa gestión para organizar esos cursos, según se puso de relieve en las primeras jornadas del juicio en Arrecife, Batllori justifica el cobro más de 26.000 euros de las arcas de Inalsa, que a su vez ya tenía otros asesores en materia laboral.
También la ex directora de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, Inmaculada Acosta, ha declarado que se reunió con Batllori porque le dijo que el Ayuntamiento estaba interesado en impartir cursos de formación para la atención de personas dependientes, según recoge la agencia EFE. Al respecto, cabe recordar que en las primeras sesiones del juicio en Arrecife, la que entonces era concejal de Servicios Sociales, Emilia Perdomo, negó que hubiera tal interés en realizar esos cursos por parte de su departamento y contradijo la versión de Batllori, asegurando que el acusado no trabajó para su Concejalía. Al respecto, la testigo Inmaculada Acosta ha confirmado este martes que la edil nunca le llamó para interesarse por los cursos, que de hecho no se realizaron.
También el entonces edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, que se sienta en el banquillo junto a Batllori, Dimas Martín, Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, ha confesado que autorizó pagos por servicios no prestados a Rodríguez Batllori siguiendo "instrucciones de Dimas" e incluso ha devuelto el dinero que presuntamente malversó abonando esas facturas.
La UCO se ratifica en sus informes
Este martes también han declarado agentes de la UCO, que se han ratificado en los informes que realizaron durante la investigación, que sostiene que lo que realmente se pagó fueron gestiones privadas de Batllori para Dimas Martín, incluyendo supuestos contactos para que el líder histórico del PIL obtuviera (o mantuviera) el tercer grado penitenciario, que en esas fechas le fue retirado.
Durante esta jornada se han vuelto a recordar las cartas halladas en la celda de Dimas Martín y en el despacho de José Miguel Rodríguez, en las que hablaban de las facturas que pretendía cobrar Batllori; así como las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación.
"Mira a ver, pues J.M.R. (José Miguel Rodríguez), a quien le di la factura de este mes, me dijo que tú le habías comentado que parase ya con la última anterior, para desviarla por otro sitio. A mí me da igual, pero quiero insistirte en que este mes me es absolutamente indispensable", le decía Batllori a Dimas en una de esas cartas. "Échale una mano hasta donde puedas", le escribía por su parte Dimas a José Miguel Rodríguez, cuando éste le pidió instrucciones sobre si autorizar o no esos pagos.
Más contundentes aún son las conversaciones, como las que se escucharon durante las primeras sesiones del juicio en Arrecife. "Mira a ver lo de Batllori. Sácamelo hoy, porque si no le pego dos tiros o me los pega él a mí", le decía Dimas al entonces concejal de Hacienda de Arrecife.
