Los colectivos ambientalistas que se unieron en Tenerife hace seis meses para trabajar juntos ante los “desmanes” sociales y ambientales que se producen en las islas y que desembocaron en las manifestaciones del 20 de abril piden aprobar una moratoria hotelera y vacacional “total y real".
Estos colectivos señalan que el pasado sábado "unas 200.000 personas entre todas las convocatorias dejaron desnudo al actual Gobierno de Canarias y a sus predecesores”, que, con sus políticas “destructoras han llevado al límite al territorio y a la población canaria, que se ha echado a las calles buscando un cambio de modelo real”.
Dicen que, “para empezar”, si el Gobierno de Canarias de verdad tuviera intención de cambiar el modelo turístico debería paralizar, “inmediatamente”, las obras de los complejos turísticos de Cuna del Alma y La Tejita.
Aseguran que esos dos proyectos tienen varios aspectos que no cumplen con la legalidad, y añaden que el de Cuna del Alma “incumple la normativa de evaluación ambiental, con especies protegidas y yacimientos arqueológicos dentro del perímetro de la obra”.
En el caso de La Tejita, aseveran que no hay informe de evacuación de aguas residuales y se está destruyendo la franja de dominio público marítimo terrestre.
Acusan al Gobierno de Canarias de "maniobrar" para no parar los proyectos
Estas dieciocho asociaciones ambientalistas apuntan que el Gobierno de Canarias tiene las competencias y los argumentos legales para detener las obras, aunque afirme lo contrario, y le acusan de “maniobrar” para facilitar la reanudación de las mismas.
Como ejemplo de esa actuación ponen el nombramiento a dedo de Jorge Sierra Riestra como viceconsejero de Servicios Jurídicos, y añaden que una de las primeras acciones de ese jurista fue la emisión de informes que desmontan la protección de la viborina triste, “allanando el camino para la reanudación de las obras en el Puertito de Adeje”.
La presencia de la viborina triste, en régimen de protección especial en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, fue el motivo por el que se paralizaron las obras del macroproyecto, recuerdan.
Sin embargo, este mismo miércoles los partidos que forman el Gobierno (CC y PP) y los dos partidos que lo apoyan (AHI y ASG) votaron en contra de una moción de NC-BC con siete medidas para controlar el crecimiento turístico, que incluía la moratoria, la ecotasa o limitar la venta de viviendas a extranjeros.
En tercer lugar, dicen que el anteproyecto de ley para regular el crecimiento de la vivienda vacacional se plantea desde unos parámetros que “no sólo no serán capaces de dar solución a los actuales problemas, sino que los cronificarán”.
Contrarios a las especificidades de vivienda vacacional para las islas verdes
Indican que el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, presentado por el Gobierno de Canarias a principios de este mes de abril, pretende luchar contra la escasez de oferta de viviendas de alquiler para la población local, así como controlar la escalada de precios fruto de la turistificación y gentrificación de las ciudades, poniendo límites del 10% y 20% en las islas verdes.
Ello, argumentan, supone un margen de crecimiento de más del doble del número actual de viviendas vacacionales, y por ello preguntan que si con el actual 4% de vivienda vacacional la situación es “crítica” para la población canaria, “¿en qué situación quedamos si crecemos hasta el 10% o el 20%?”.
También afirman que esa propuesta permite convertir edificios enteros, ubicados en suelo residencial, en hoteles, obligando a los ayuntamientos a cambiar su planeamiento para hacerlo.
Por otro lado, prosiguen, no se prevén más medios de inspección y control, por lo que incumplir la ley “será tan fácil como hasta ahora. Por estos motivos, trabajan ya en las alegaciones a presentar a este anteproyecto de ley, para que la norma sea un remedio real al creciente problema de acceso a la vivienda y tenga un impacto palpable y positivo en la población canaria”.
