Imagen: Sergio Betancort
Las vistas del primer juicio del caso "Unión" han llegado a su fin este lunes en Arrecife (continuarán desde el 18 de noviembre en Gran Canaria) tras la renuncia de las defensas a la mayoría de los testigos que tenían previstos en esta primera fase. Así, los acusados sólo han aportado hasta el momento el testimonio de la consejera del PIL María José Docal, que se ha limitado a apuntar que ella presentó a Francisco Rodríguez Batllori a los concejales de Arrecife, pero no ha podido precisar si después fue contratado o prestó algún servicio para el Ayuntamiento; y a un ex asesor de Inalsa, Roberto Acuña, con el que se ha vivido el interrogatorio más tenso.
El fiscal Javier Ródenas ha recordado que el testigo, que no era trabajador de Inalsa sino un cargo de designación política, cobró más de 33.000 euros entre 2008 y 2009, cuando a su vez se estuvo pagando a Batllori más de 26.000 euros, supuestamente también como asesor en temas laborales. "Si usted era el asesor de recursos humanos y a su vez recibió asesoramiento, ¿se ve que Femepa no aparecía en las páginas amarillas?", le ha preguntado el fiscal, después de que el testigo afirmara que una de las gestiones de Batllori fue ponerle en contacto con la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas (Femepa), para organizar unos cursos de formación del personal. "Me orientó hacia Femepa. Me puso en contacto con ellos. Me trasladó que podía estar tranquilo", ha relatado el ex asesor.
"¿Necesita una persona para que le diga: Femepa? ¿Para que le diga: cursos de formación?", le ha preguntado el fiscal Javier Ródenas. "¿Cuánto tiempo estuvo usted asesorando, y a su vez asesorado, para unos cursos de formación de tres semanas?", ha insistido el fiscal. "Eso… eso… Esas reuniones. Luego ya la parte administrativa", ha respondido, después de haber aclarado antes que la "parte administrativa" no dependía de él ni de Batllori.
"¿Es muy difícil que Femepa pueda hacer cursos de formación? ¿No podía ponerse en contacto usted? ¿Era necesaria una persona para ponerle a usted en contacto con Femepa? ¿Necesitaba que otra persona hiciera eso por usted? ¿Era muy complicado? Usted era asesor, era su cometido, ¿y necesitaba a otra persona?", ha ido subrayando el fiscal, dejando muchas veces sin palabras al testigo.
En la misma línea, Javier Ródenas se ha referido al otro tema en el que según este ex asesor, también colaboró Batllori, relacionado con la posibilidad de denunciar el convenio colectivo de los trabajadores. "¿El papel de Batllori en este tema también se ciñó a que podía ponerle en contacto con la autoridad laboral?", ha preguntado el fiscal. "Me dio un soporte jurídico, de conocimiento de cómo funciona el tema", ha respondido el testigo, apostillando además que Batllori "le acompañó". "¿Y por ir con usted pagaban a otra persona?", ha vuelto a subrayar el fiscal.
Contracciones con su primera declaración
Durante la declaración de este testigo (el único que ha hablado hasta ahora de supuestas gestiones concretas de Batllori), tanto el fiscal como el propio juez que preside la sala han subrayado las contradicciones en las que estaba incurriendo con respecto a lo que declaró durante la instrucción.
La primera, al afirmar ahora que no recuerda si Batllori estaba ya prestando supuestos servicios para Inalsa cuando él entró en la empresa. "No fue lo que dijo en su declaración en Juzgado", le ha recordado el fiscal. La otra, al afirmar este lunes que mantenía una "relación fluida" con el acusado, que hablaban habitualmente y que iba "con frecuencia" a Inalsa. "En sede judicial dijo que le vio 5 o 6 veces y que esa fue toda su relación laboral", ha vuelto a subrayar el fiscal.
A esto, el testigo ha respondido que "no tenía el cálculo" y que como en su primera declaración le pidieron que concretara, terminó diciendo eso a preguntas de la juez instructora. "¿Cómo puede ser que diga ahora otra cosa?", ha vuelto a preguntar el fiscal. "¿Porque me han hecho la pregunta diferente…? ¿O porque ha pasado tiempo…?", se ha preguntado a la vez el testigo en voz alta, para terminar con un: "no sé".
Pero las contradicciones no han terminado ahí. Y es que al declarar como testigo durante la instrucción, Roberto Acuña afirmó que el asesoramiento jurídico dependía de otro abogado, y que el asesoramiento de Batllori no era en temas jurídicos. "Ahora dice otra cosa. ¿No ha hecho el cálculo tampoco?", le ha preguntado el fiscal.
En este punto, el propio presidente de la sala de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, ha parado el interrogatorio para leer personalmente la declaración que prestó el testigo en su día en sede judicial. "Usted dijo que no fue asesoramiento jurídico, y ahora dice que fue jurídico y estratégico", ha subrayado el magistrado.
Respecto a la duración de los supuestos cursos de formación para los empleados, Roberto Acuña habló en su primera declaración de tres semanas, y este lunes ha afirmado que duraron "dos meses", "entre noviembre y diciembre". Al respecto, el testigo y denunciante Andrés Barreto, ha declarado que esos cursos ni siquiera existieron y que la gestión de los cursos de formación tampoco dependía de la dirección de Inalsa, sino del Comité de Empresa.
"En Inalsa habrá algo"
Por otra parte, a preguntas del fiscal, el ex asesor ha afirmado que él sí tenía un contrato firmado y ha respondido que no sabía por qué Batllori no lo tenía. "¿Pidió usted que Batllori le asesorara?", le ha preguntado Ródenas. "No", ha respondido Acuña, afirmando que fue "la gerencia" quien dijo "que hacía falta alguien no solo para el día a día, sino para ese asesoramiento jurídico" (que en su primera declaración dijo que no existía).
Respecto a si tiene algún tipo de documentación que acredite el supuesto trabajo de Batllori o si fue "todo verbal", el testigo ha afirmado que no lo recuerda. "En Inalsa habrá algo", ha apuntado. "No, no hay nada. Se ha pedido y no hay nada", ha aclarado el fiscal.
