La presidenta de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, está concentrada en que el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda dé fruto y puedan construirse las viviendas que la ciudadanía necesita en el archipiélago.
Un Decreto que incluye muchas de las medidas que la patronal venía reclamando desde hace años. En una entrevista con Ekonomus explica las razones que, a su juicio, han llevado a Canarias a una falta de vivienda sin precedentes y explica en detalle las medidas que están sobre la mesa para afrontar este desafío.
- ¿Cómo consigue el decreto de medidas urgentes facilitar la construcción de viviendas protegidas?
El Decreto establece un marco normativo por encima del planeamiento, dirigido a incrementar la disponibilidad de suelo y de edificaciones destinadas a vivienda.
El Decreto no hace que la promoción de vivienda pública sea rentable para los promotores en la medida en que lo es una promoción libre. Por ello, hemos propuesto que, siendo el margen de beneficio muy corto, se complemente con el beneficio fiscal a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).
- ¿La subida del módulo básico para construir vivienda protegida no favorece a los constructores?
El módulo básico es un precio de referencia, no es que nos paguen eso. Y efectivamente ha subido, de 975 euros por metro cuadrado a 1.905 euros en Gran Canaria y Tenerife, y a 2.133 en Lanzarote y demás islas no capitalinas.
Sin embargo, mientras el módulo básico sube, la superficie útil por la que se puede multiplicar se reduce del 85% al 73%. Además bajan una serie de coeficientes, lo que hace que los márgenes empresariales sean muy cortos. No es verdad, como dicen algunos, que nos vamos a poner las botas.
"No se va a construir en suelo rústico"
- ¿Cómo consigue el Decreto que aumente la disponibilidad del suelo?
El Decreto le quita las esposas del planeamiento a los ayuntamientos. Establece que puedan utilizar suelo dotacional (suelo que el planeamiento urbanístico destina al uso público) para hacer viviendas y permite a la iniciativa privada construir viviendas en suelo destinado a equipamiento.
También establece el derecho de superficie, mediante el cual, cualquier ayuntamiento, el ICAVI o el propio VISOCAN, pueden sacar a concurso la construcción de viviendas protegidas en arrendamiento en suelo público, pero construido por la iniciativa privada con la RIC. Además, permite transformar locales y edificios de oficinas en vivienda.
- ¿Es cierto que permite aumentar la altura de los edificios?
Permite aumentar la edificabilidad en edificios siempre que el 50% de las viviendas que se crean sean protegidas y siempre que puedas hacer la altura al mismo nivel que estén los edificios colindantes. También permite que VISOCAN adquiera edificios que ahora están inconclusos y que se terminen mediante un concurso público.
"El Anteproyecto de Ley de Alquiler Turístico quiebra derechos fundamentales y roza la inconstitucionalidad. Hay una indefensión manifiesta por parte de los administrados. No se ha medido el impacto económico"
- ¿Son fundados los temores de que el decreto abre la mano para construir en suelo rústico?
No se va a construir en suelo rústico. Cuando la Ley del Suelo cambió, se le dijo a los propietarios de suelo urbanizable, dentro de tramas urbanas, que tenían dos años para adaptarse a la ley, y si no se adaptaban, ese suelo pasaría a ser rústico común, que es una figura diferente.
El Decreto Ley da a esos propietarios ahora un año para salir de ese incumplimiento y se adapten a la normativa.
- ¿Cual es la situación en Lanzarote?
Lanzarote tiene un problema diferenciado. En el ámbito del planeamiento hay mucha judicialización. Desde mi perspectiva no hay una sincronización de voluntades para sacar adelante determinadas cuestiones.
Vamos a hacer un acto público con el presidente insular para que haya sinergias entre administraciones sin sesgos ideológicos o prejuicios. Hay muchísima gente que no puede ir a trabajar a Lanzarote, donde hacen falta médicos y otros profesionales, porque no hay viviendas.
Lanzarote no se puede quedar atrás, necesita mucho más que cualquier otra isla, incluso Fuerteventura, atención específica en materia de Vivienda.
"Si alguien es culpable de que no haya viviendas en el mercado para comprar a precios asequibles o en arrendamientos son las Administraciones Públicas"
- ¿Qué ha provocado la falta de vivienda en Lanzarote?, ¿ha sido la vivienda vacacional?
La vivienda vacacional no es responsable en absoluto de la falta de disponibilidad de viviendas en el mercado.
La responsable es una Ley de Vivienda (estatal) absolutamente invasora de los derechos de la iniciativa de la propiedad privada que ha inflacionado los alquileres porque un 30% de viviendas se han salido del alquiler convencional. Hay una invitación constante en este país a la okupación y a la impunidad de los okupas. Hay una Ley de Arrendamiento urbanos, absolutamente insegura desde el punto de vista jurídico.
- ¿Qué opina del anteproyecto de Ley de Alquiler Turístico que ASCAV denuncia hiere de muerte al sector?
El anteproyecto parte de un error de fondo muy gordo, que es culpar a la vivienda vacacional de los problemas de vivienda que hay en Canarias. Partiendo de esa tesis, todo el anteproyecto está equivocado.
Creo que es una moratoria encubierta, quiebra derechos fundamentales y roza la inconstitucionalidad. Hay una indefensión manifiesta por parte de los administrados. No se ha medido el impacto económico de este anteproyecto. No incluye un régimen transitorio que sea seguro.
Hay un montón de pequeños propietarios a los que hace muchos años se les invitó a comprar apartamentos, los compraron y ahora los tienen alquilados. Viven de eso, hay gente que complementa así su pensión.
"Ni ecotasa ni subida del IGIC. Ya nos tienen bien exprimidos a impuestos como para que los utilicen adecuadamente".
- ¿Cuál es la causa de la emergencia habitacional?
Si alguien es culpable de que no haya viviendas en el mercado para comprar a precios asequibles o en arrendamientos son las Administraciones Públicas, ayuntamientos y Gobierno de Canarias. Todos los que han gobernado.
En el año 2007 construíamos 30.000 viviendas y en el año 2023 se construyeron 2000. Se ha reducido la producción de vivienda libre en un 88% y se ha reducido la producción de vivienda protegida en un 99%. La vivienda vacacional es apenas un 4% de la totalidad de viviendas.
- ¿Es necesaria una ecotasa o subir el IGIC para mejorar los servicios públicos?
Ni una cosa ni la otra. Lo que tienen que hacer los servicios públicos, es invertir en infraestructuras. Los servicios no son buenos porque ni se conservan ni se mantienen de manera adecuada. Que hagan los deberes.
Ya nos tienen bien exprimidos a impuestos como para que los utilicen adecuadamente.
- ¿Cómo va la gestión de los fondos europeos para rehabilitar viviendas en materia de eficiencia energética?
Ahora mismo estamos en una situación de bloqueo absoluto por parte del ICAVI en la resolución de subvenciones. Nosotros conseguimos que se presentaran proyectos para que más de 3000 viviendas fueran rehabilitadas con casi un 80% de reducción del consumo energético.
Estamos muy muy preocupados porque no solamente hay que gastarlos, sino que también hay que justificarlos antes de junio del 2026. Sólo se ha ejecutado el 10% de los fondos.
"Estamos hablando con Bienestar Social y con Delegación de Gobierno para poder formar a los migrantes, que están casi secuestrados en Canarias"
- ¿Qué se está haciendo para afrontar el problema de mano de obra en el sector de la construcción?
A través de la Fundación Laboral de la Construcción formamos entre 5 y 6.000 trabajadores y trabajadoras al año, de los que unos 4.000 se incorporan al sector de la construcción. El resto encuentra empleo en negocios como Leroy Merlín, donde son muy apreciados por sus conocimientos en obra.
Tan solo cubrimos el 70-75% de la mano de obra que necesitamos lo que impacta sobre la producción de la empresa porque no puede presentarse a obras de licitación o no puede terminar las obras a tiempo y tiene que pagar penalizaciones. Supone perder en torno al 10% de facturación.
- ¿Que más se puede hacer para solucionar este asunto?
Estamos trabajando con el gobierno para una acción piloto y masiva de formación en construcción. Tenemos casi 15.000 desempleados registrados en el Servicio Canario de Empleo que no se incorporan al mercado porque solo hay mil que tengan una certificación profesional.
Hemos pedido a la Consejería de Educación poder formar y examinar a esas personas para poder certificar sus capacidades y poder incorporarlos.
- ¿Es cierto que van a intentar que las personas migrantes en situación irregular en Canarias puedan trabajar en el sector?
Estamos hablando con Bienestar Social y con Delegación de Gobierno, Hay muchísimos migrantes que están en Canarias casi secuestrados y están en una situación jurídica que no les permite más que estar en un centro de acogida.
Queremos darles la oportunidad, a los que quieran, de ser formados. Ahora no es posible porque no tienen ni residencia ni permiso de trabajo. Para ello haría falta gestionar un permiso para formarse a través de la Delegación de Gobierno. Es algo que ya propuso el ministro Escrivá a nivel nacional.
