Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Irídia y NovAct presentaron durante la noche este lunes en Arrecife el Informe de Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado Español 2021-2022. Esta iniciativa ha surgido de una red de colaboraciones de diferentes identidades, entre ellas, la Red Solidaria con las personas Migrantes y abogadas de Lanzarote.
"Despellejamos sus países. El pasaporte verde africano no vale nada, pero los minerales de su país sí valen mucho. Los rostros son parte de nuestra responsabilidad e hipocresía y nos interesa que lleguen de forma irregular para tenerlas explotadas laboral y sexualmente", arranca la abogada hispano saharaui Loueila Mint El Mamy al comienzo de la presentación del informe en la Fundación César Manrique de Lanzarote.
La ruta migratoria hacia Canarias es una de las más mortíferas del planeta. Solo en 2022, el colectivo Caminando Fronteras registró hasta 1.784 muertes de personas africanas que partieron en embarcaciones precarias hacia el Archipiélago, donde la mayoría de los cuerpos se pierden en el Atlántico. Con todas las vidas que han quedado en el mar, en lo que va de año han sobrevivido y arribado a las costas isleñas más de 31.000 personas. Sin embargo, el viaje no termina ahí y quienes llegan deben superar las barreras del sistema de extranjería.
"Lo que dice este sistema es que no salgas de tu país, si sales, muere y si llegas vuelve a tu país", denuncia la abogada de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lanzarote Irma Ferrer.
Cuando un grupo de personas migrantes arriba a la isla a bordo de una embarcación precaria es atendida por Cruz Roja a pie de puerto. Este informe denuncia que solo en Tenerife y Gran Canaria existe "un protocolo de coordinación en la actuación en los muelles consensuado" por esta ONG, los cuerpos policiales, el Servicio de Urgencia de Canarias (SUC) y Salvamento Marítimo. Además, solo hay presencia de una ambulancia de Soporte Vital Básico por lo que "no se garantiza la presencia de personal con conocimientos médicos o de enfermería, y tampoco hay personal especializado en Infancia".
La nave de la vergüenza
Tras ello, algunas personas son trasladadas al hospital, mientras la mayoría son derivadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, donde permanecen bajo custodia de la Policía Nacional legalmente hasta 72 horas.
Durante 2021 y 2022, el informe recoge que el CATE, conocido como La nave de la vergüenza y que estaba localizado en la carretera entre Arrecife y San Bartolomé, se produjeron "numerosas vulneraciones de derechos en estos centros de detención de corta duración". En este punto, Laetitia Marthe, de la Red Solidaria de Acogida de Personas Migrantes en Lanzarote, muestra imágenes del interior de este espacio, donde centenares de personas dormían en colchonetas sobre el suelo, con baños sanitarios a rebosar y con solo un grifo de agua.
"Un solo punto de agua para 500-600 personas, gente tumbada en colchonetas, mujeres en posparto. En una sociedad civilizada no se nos ocurre otros sitios donde ponerlas que en un lugar lleno de carpas. ¿Si hay un accidente en un crucero, dónde vamos a meter a esas personas?", cuestiona Marthe.
El citado informe critica "la opacidad en torno a la legislación que regula" estos CATE. En este sentido, señala que "los dispositivos de contención forman un entramado complejo de burocracia que hace muy complicado para las personas migrantes comprender en qué situación se encuentran, dónde, quiénes son sus abogados o abogadas, hasta cuando permanecerán ahí ".
En este punto, recoge también a los CATE como "espacios de vulneración de derechos" porque "facilitan la arbitrariedad administrativa y genera una situación de incertidumbre y de angustia a las personas migrantes, además de una sensación de pérdida de control". Lo que genera un "fuerte impacto" en la salud mental de las personas migrantes".
Problemas en la asistencia letrada
En este sentido, la abogada de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lanzarote Irma Ferrer denuncia las actuaciones de otros letrados en el momento de prestar asistencia a una persona migrante. "No puedo criticar si no hago una crítica de mis propios compañeros, de la labor de los abogados", arranca Ferrer.
La letrada apostilla: "No hemos llegado a exigir un lugar digno para ofrecer la asistencia letrada, una traducción digna o no hemos exigido que los traten igual que al resto de defendidos". La creación de una Comisión de Extranjería desde el Colegio de Abogados de la isla ha servido para que las sesiones con cada defendido pasen de atender de 21 a seis migrantes para poder hacer consultas más individualizadas y poder detectar los perfiles vulnerables. Frente a las entrevistas en grupo, sin intimidad y sin traductores adecuados.
Así entre otros logros, han conseguido poder entrevistarse con las personas migrantes dentro de los CATE, a pesar de las barreras impuestas por la Policía Nacional, según Ferrer. Además de que el nombre del letrado circule en la orden de expulsión para que cada persona conozca quién es su representante y se han realizado hasta cuatro cursos formando letrados, así como que exista un turno especializado en Extranjería en la isla.
"Según fuentes consultadas, se han detectado expulsiones de personas en menos de 72 horas", que habían manifestado "la voluntad de solicitar asilo desde las comisarías a través de deportaciones exprés", atestigua el citado informe. En este sentido refleja que este tipo de devoluciones presentan "insuficiencias en la salvaguarda de derechos, tales como el derecho al asilo, a la asistencia letrada o al recurso efectivo".
Loueila Mint El Mamy señala que "de todas las medidas inteligentes que había. El Ministerio del Interior ha decidido contener, pero la inmigración va a seguir dándose". Mientras tanto, Laetitia Marthe, de la Red Solidaria de Acogida de Personas Migrantes en Lanzarote, defiende que las imágenes vividas en Puerto Naos con personas durmiendo en el suelo o las carpas en el CATE se topan con "un cambio en la imagen de la Isla tan bonita y turística que tenemos".
Sobre las infancias migrantes y los menores acogidos en Canarias, el informe revela que "existen obstáculos en el acceso al procedimiento de asilo de aquellos menores con necesidades de protección internacional". Mientras, ha resaltado "la presencia de menores en centros de adultos y de adultos en centros de menores"
Situación de la migración en Marruecos
El Informe de Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado Español 2021-2022 refleja un apartado especial sobre la situación de los derechos humanos de personas migrantes en Marruecos. "La represión de la migración se materializa en prácticas de control especialmente aplicadas a las personas migrantes y negras" en el país alauí. Las redadas, detenciones y deportaciones o desplazamientos forzosos se han convertido en "una práctica constante en la última década". Esto no solo afecta a las personas extranjeras en el país norteafricano sino también a los marroquíes que se ven obligados a salir de su Estado.
