Los vecinos de la Avenida Marítima de Arrecife han iniciado una recogida de firmas para soliciar al Ayuntamiento un mayor control del tráfico, que en estos años ha aumentado "sin apenas vigilancia ni control", causando una "insoportable" contaminación acústica y ambiental.
Los habitantes denuncian que en los últimos tres años circulan vehículos "durante todos los días de la semana y las 24 horas del día", y que, debido a la falta de control, la mayoría "no respeta el límite de velocidad" (establecido en 20 kilómetros/hora), más aún por la noche, momento en el que "exceden mucho esa cifra".
Como consecuencia el ruido y la contaminación ambiental es "difícilmente soportable", y, junto a eso, está la posibilidad "cada vez mayor" de que se produzca un atropello "grave" por la cercanía del parque infantil, de la zona peatonal de la Calle Real, de terrazas o por la presencia de ciclistas o patinetes.
"El Ayuntamiento ha incumplido la normativa"
En octubre de 2019, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, autorizó de nuevo el tráfico rodado en la Avenida de Arrecife, mediante un decreto que tenía por objetivo "relanzar el centro de la capital de Lanzarote” y "la reactivación comercial y económica".
En ese momento, se afirmó que solo se permitiría el tráfico en el sentido Playa del Reducto-Puente de las Bolas, “que es donde se se genera cerca del 80% del volumen diario del tráfico en los accesos a la capital".
Ahora, tres años después, los vecinos consideran que la medida es "ineficaz" para el objetivo que perseguía, habiendo generado otros efectos "indeseados aunque previsibles", ya que, a su juicio, el Consistorio ha hecho una "dejación de sus funciones" y ha "despreciado" su propia normativa, ya que se permite la circulación masiva de vehículos en sentido opuesto al permitido, siendo en la práctica, la Avenida una vía "de dos sentidos, sin restricciones".
Peticiones vecinales
Ante esta situación, la comunidad de habitantes de la Avenida Marítima solicita al Ayuntamiento la eliminación, de nuevo, del tráfico rodado en la vía, permiténdose solo para el servicio público.
Asimismo, en caso de no optar por esta decisión, proponen que se refuerce la vigilancia y se haga cumplir la normativa de tráfico, a fin de disminuir su volumen y la velocidad, y que se instalen radares para controlar este último punto.
Respecto al tema ambiental, piden que se incluya esta carretera como uno de los proyectos de Zona de Bajas Emisiones, en base a la la ley de cambio climático y transición energética, aprobada por el Gobierno de España, que "obliga a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a contar con estas zonas a partir del 1 de enero de 2023", tal y como han señalado los vecinos.
