Rosa y “los subnormalitos”

Isabel Lusarreta

Si a la gente se la pudiera definir por cómo se refiere a los demás, de Juan Francisco Rosa se podría decir que, solo con eso, hace un autorretrato cada vez que abre la boca en los Juzgados. El tono casi siempre intenta ser suave, cordial y hasta tímidamente respetuoso -salvo cuando las preguntas consiguen irritarle-, pero en realidad lo que termina destilando es condescendencia. Él habla desde un pedestal, y por debajo está el resto.

Cualquiera de sus trabajadores, sin excepción, son “el chico” o “la chica”. Y él nunca está en “cosas pequeñas”. Para eso tiene a “los chicos”. Si la pregunta es quién hacía las gestiones con el Ayuntamiento -bien fuera para obtener la licencia ilegal para la bodega Stratvs o para conseguir que le cedieran suelo público gratis para el Kikoland-, la respuesta siempre es “los chicos”. ¿Qué chico? Nunca lo recuerda. Ésa es otra de las cosas que llaman la atención: el alarde de memoria que hace para reproducir supuestas conversaciones de hace dos décadas, y las lagunas que tiene cuando le piden precisiones sobre lo verdaderamente relevante para esclarecer sus presuntos delitos.

Para las abogadas de la acusación o para la fiscal -porque también le tocó enfrentarse a una mujer en el segundo juicio de Stratvs-, el término que elige siempre es otro: “señorita”. Y en este caso, de nuevo da igual la edad, la condición o el rango. Son “señoritas” a las que amablemente da lecciones sobre su particular visión del urbanismo. La que durante años le enseñó otro gran artista de retorcer la realidad, el abogado Felipe Fernández Camero.

Sin embargo, hay excepciones. Luego están “los señores”. O más concretamente, “los señores de Las Palmas”, a los que se refirió en su última declaración el pasado mes de febrero. “Notarios, abogados y gente importante”, dijo. Esos que compraron un suelo público del Plan Parcial Costa Papagayo por una cifra irrisoria, que después demandaron al Ayuntamiento reclamando supuestos derechos edificatorios millonarios, y que acto seguido le acabaron vendiendo el terreno a Rosa, casi por el mismo ridículo precio que habían pagado. Y claro, él “se vio obligado” a comprarlo, porque era una “amenaza” para él, para el Ayuntamiento y para el resto de promotores de ese plan parcial. Eso sí, luego pasó a “exigir exactamente lo mismo” que exigían esos “señores de Las Palmas”, por contradictorio que fuera con los supuestos temores que dice que le llevaron a comprar esa sociedad.

Su desparpajo no conoce límite. Después de pasarse media hora defendiendo que compró ese suelo porque estaba “muy preocupado” por lo que lo que las pretensiones de esos “señores” podían suponer para su parcela del Princesa Yaiza, la abogada de la acusación le preguntó si exigir después él lo mismo no hubiera afectado a la edificabilidad que ya estaba ejecutando, y su respuesta fue: “Usted está confundida. ¿Qué tiene que ver la parcela del Princesa Yaiza con eso?” 

Si a uno le diera por pensar mal, podría llegar a creer que esos “señores” no eran tan desconocidos para Rosa. Hasta a alguno, al verle repetir una y otra vez -sin que le preguntaran- que él no tuvo nada que ver con la compra inicial y que ni siquiera se había enterado de que ese suelo salía a subasta, se le podría venir a la cabeza ese viejo dicho de “excusatio non petita, accusatio manifesta”

Incluso, los más malpensados (o malpensadas, si son “señoritas”), podrían llegar a imaginar una connivencia con el Ayuntamiento, porque si no, no se explican cómo el Consistorio permitió que la Seguridad Social le embargara una parcela que en realidad estaba destinada a viales y zonas verdes, y cómo dejó que terminara saliendo a subasta ese suelo para acabar en el mercado de la compraventa privada y de la especulación. 

Según determinó después el Consejo Consultivo de Canarias y han confirmado los tribunales, la única opción que tenía Rosa con ese terreno era entregárselo al Ayuntamiento, como establece la ley, pero lo que hizo el Consistorio fue firmar un convenio con Rosa cediéndole el uso y, en la práctica, permitiéndole ampliar las instalaciones de su hotel, también ilegal. Al hablar del inicio de esa operación, Rosa dibujó otro autorretrato en una sola frase: “Yo estaba comprando una solución”. Él es así, compra soluciones.

En cualquier caso, los vecinos de Yaiza tuvieron una inmensa suerte. Gracias a esa altruista operación, “los niños del municipio” han sido “alimentados” y “cuidados” por Juan Francisco Rosa durante años en el Kikoland. Ése fue otro de los grandes hitos que dejó su última declaración. Por un lado, tuvo el valor de afirmar que no se cobraba entrada. Por otro, fue capaz de sostener en la misma frase que hizo el Kikoland exclusivamente para los clientes de su hotel (los selectos clientes, le faltó decir) y que no querían que entrara “gente de la calle” (pongan ustedes el término que quieran para imaginar en qué palabra pensaba); y al mismo tiempo asegurar que lo construyó “para los niños del municipio”, como si aquello fuera un servicio público, cuando lo único público era el suelo que estaba ocupando.

La pregunta es: qué pensarán los padres que mandaban a sus hijos a actividades organizadas por el Ayuntamiento en verano, y que ahora ven cómo este empresario afirma que era una especie de beneficencia, como si los niños hubieran podido comer unas semanas gracias a él. O los que pagaban, y “bastante caro” (según señalaban decenas de padres en comentarios enviados en la última semana al Facebook de La Voz), para que sus hijos entraran al Kikoland.

Precisamente ése es el problema. Lo peor de escuchar una declaración de Juan Francisco Rosa, sea en un juicio o en fase de diligencias previas, es que al final queda la duda de si a lo mejor se cree su discurso. Si realmente está convencido de que los ciudadanos de esta isla le deben hasta el aire que respiran

¿Que se ha apropiado de suelo público que era de todos los vecinos? ¿Que ha especulado durante décadas a base de licencias ilegales, con sentencias firmes que lo confirman pero que siguen sin ejecutarse? ¿Que luego ni siquiera se ajustaba a esas licencias y construía lo que le parecía oportuno? ¿Que además recibía subvenciones europeas para realizar construcciones ilegales? ¿Que al mismo tiempo evadía el pago de impuestos a Hacienda y ni siquiera pagaba los tributos que le correspondían al Ayuntamiento de Yaiza? Todo lo hacía por el bien de los vecinos de la isla. Él da trabajo (precario, y si no que se lo pregunten a sus empleados, que se han tenido que manifestar en varias ocasiones para reclamar el cobro de sus sueldos), genera “riqueza” (a base de eludir impuestos y de levantar empresas en suelo que no es suyo) y construye cosas “muy bonitas” (y rematadamente ilegales). 

Igual alguien le debería explicar a este pobre hombre que si cumpliera con sus obligaciones legales -las que sí deben cumplir el resto de ciudadanos y empresarios-, bastante mejor le hubiera ido al municipio que lleva décadas expoliando. Que ni Yaiza ni Lanzarote necesitan su caridad, y que bastaría con que pagara lo que le corresponde, con que no usurpara terrenos públicos (ni privados, que también lo hizo para construir Stratvs y no pagó por ellos hasta dos décadas después, cuando se acercaba el juicio), y con que no creyera que él está por encima del resto de la sociedad, y que por ser Juan Francisco Rosa puede hacer lo que quiera y donde quiera, porque así es muy fácil triunfar y hacer negocios para cualquiera. 

Hasta ahora, la Justicia no ha ayudado a enseñarle esa lección. Hay denunciantes, fiscales y jueces (y especialmente juezas) que lo han intentado, y otros que lo siguen intentando. Y estuvo cerca de aprenderla en el caso Stratvs, hasta que llegó la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con sus sorprendentes absoluciones (se ve que es delito construir un muro en La Geria, pero no una macrobodega e incluso un restaurante y una tienda sin ningún tipo licencia). 

Pero de momento, a la espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra esa sentencia, su saldo con la Justicia es de 8-0. Cero, las condenas que lleva él; y ocho, los políticos y técnicos que han sido condenados por beneficiarle concediéndole licencias ilegales, incluida la de apertura de Stratvs. Ellos son los únicos que han pagado hasta ahora las consecuencias. Algunos, teniendo que dejar el Ayuntamiento de Yaiza, como Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez; y otros, pagando un precio más alto, como José Francisco Reyes, que continúa en prisión. Estaría bien saber qué palabra emplea para referirse a esa gente que cumple condena por él, porque de momento ya ha terminado con dos alcaldes, varios ex concejales y dos técnicos, incluido el que era secretario de Yaiza, mientras él se ha librado en todas las causas.

Bueno, en realidad, Juan Francisco Rosa sí tiene una condena penal, porque hace tres años confesó un delito de homicidio imprudente en un accidente laboral provocado por una grúa defectuosa durante la construcción del Princesa Yaiza. El acuerdo le sirvió para que la petición de pena bajara de 3 años a 3 meses de cárcel, que nunca cumplió. El resto, lo resolvió con dinero. “Comprando soluciones”. Indemnizando a los hijos del trabajador fallecido (aunque para variar ni siquiera salió todo de su bolsillo, porque parte de la suma la abonaron en realidad las aseguradoras). 

Ese escrito de acusación, que fue reconocido por Rosa y por los otros dos condenados, señalaba que “tenían conocimiento de las condiciones de la ejecución de la obra, sin haber adoptado las medidas de seguridad y protección necesarias para llevarla a efecto sin riesgo para los trabajadores". Vamos, lo que se dice un empresario ejemplar. O un señor feudal, en el peor sentido del término, que encima está convencido de que la isla le debe gratitud.

Hace años, en una declaración en un juicio, Rosa se jactó de que “toda Lanzarote le quiere”, presumiendo de su generosidad y llegando a afirmar que donaba dinero “para los subnormalitos”. Así, literalmente. Una década después, hay que reconocer que algo ha pulido su lenguaje, pero la realidad es que nos sigue tratando a todos como “subnormalitos”.

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