El pasado 21 de diciembre sembraron tormentas, accediendo al poder con los votos de dos concejales que habían confesado ante el juez haber cobrado sobornos a diestro y siniestro, y ahora están recogiendo tempestades. Ésa es la ...
El pasado 21 de diciembre sembraron tormentas, accediendo al poder con los votos de dos concejales que habían confesado ante el juez haber cobrado sobornos a diestro y siniestro, y ahora están recogiendo tempestades. Ésa es la situación en la que se encuentra actualmente el grupo de gobierno de Arrecife, que ni siquiera ha logrado dar lo que prometía a la ciudad a cambio del triste espectáculo que supuso esa moción de censura: estabilidad.
Tras acceder al poder, mantuvieron un tira y afloja de varias semanas con Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, hasta que finalmente lograron su dimisión. Y es que una vez cumplido su objetivo, estos ediles estorbaban al grupo de gobierno y a su propio partido. Y no se sabe cómo ni por qué, finalmente consiguieron que el 15 de enero renunciaran a su acta. Hasta ese momento, el alcalde no había convocado plenos en la capital, porque su mayoría se sustentaba en esos dos concejales imputados, que acababan de salir de prisión, y que realizaron estremecedoras confesiones ante el juez sobre los peculiares negocios que habían hecho desde su cargo público.
Después de aquella fecha, llegó una etapa de respiro, pero la relativa calma ha durado poco. Y es que por más que Cándido Reguera diga que no tiene motivos para "desconfiar" de los concejales del PIL, la Operación "Jable" dejó la detención de otros dos miembros de ese partido. De otros dos miembros de su grupo de gobierno.
Y tras eso, tanto el PIL como el PP se olvidaron de la bandera de la presunción de inocencia que enarbolaban antes de firmar la moción de censura, y se apresuraron a retirar a Antonio Machín y a Luisa Blanco sus áreas de gobierno y su sueldo como concejales liberados, e incluso anunciaron la dimisión de Machín. El pulso empezaba de nuevo aunque, en este caso, de momento van "perdiendo". Y lo peor no es lo que pierden ellos, sino lo que pierde la ciudad de Arrecife, que no se merece ni por asomo la bochornosa legislatura que está padeciendo.
Pese a todo, el alcalde sigue asegurando que no ha perdido la mayoría. Es decir, ¿que cuenta con un concejal en prisión provisional y con otra en libertad bajo fianza, ambos acusados de cobrar sobornos, para seguir gobernando? Sea cual sea la respuesta, es descorazonadora. Porque quien la tiene en sus manos no es ni el PP, ni el PNL. Ni siquiera el PIL. El futuro del Ayuntamiento de Arrecife vuelve a depender de dos concejales que han sido detenidos en el caso "Unión", e imputados por gravísimos delitos.
Y ante este panorama, al PP no le ha quedado más remedio que pedir oxígeno a Coalición Canaria, que en Arrecife decidió mantenerse al margen de este pacto. Es decir, que no participó en la siembra de tormentas, y sin embargo pretenden que ayude a calmar las tempestades.
Pero después de días en los que la dirección insular del partido y su presidente, Jesús Machín, habían evitado pronunciarse públicamente sobre esta posibilidad, finalmente el comité local de CC acordó esta semana continuar como hasta ahora, es decir, en la oposición.
Incluso, unas horas antes de adoptar esta decisión, los concejales de Coalición Canaria en Arrecife se unían a los del PSOE para solicitar la celebración de un pleno extraordinario. Así, el momento que intentaba evitar el grupo de gobierno, que otra vez vuelve a recurrir a retrasar la convocatoria de un pleno ordinario, no podrá seguir postergándose. De hecho, Reguera ya ha fijado para el próximo 7 de junio esa sesión extraordinaria reclamada por la oposición.
Ése es el plazo que tienen para aclarar cuál es la actual situación del grupo de gobierno. El PIL, para presionar o "convencer" a Machín y a Luisa Blanco, a la que ahora también le piden internamente su renuncia. La renuncia que no le reclaman, por ejemplo, a la consejera del Cabildo María José Docal, que fue detenida en la misma operación, ni le pidieron nunca a Dimas Martín, cuando se llevaba incluso sus cargos públicos al centro penitenciario de Tahíche. Y es que parece que este partido, el mismo que veta a los medios que no jalean la corrupción, el mismo que pide que no se hagan juicios paralelos, ya ha emitido sus propias sentencias sobre algunos de sus compañeros. Al menos, sobre los que incomodan.
Y en este tiempo, el grupo de gobierno también tendrá que digerir que va a acudir a un pleno entre la poco halagüeña disyuntiva de cuál es el mal menor: si quedarse en minoría ante la oposición, en caso de que Luisa Blanco decida no respaldarles o no acudir al pleno, después de haberse quedado compuesta y sin sueldo; o conseguir que vote junto a ellos y evidenciar que una concejal en libertad bajo fianza se ha convertido en la pieza clave para que puedan seguir gobernando
