Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en la organización Gestha, calculan que que casi dos tercios de los alquileres de viviendas localizados en Canarias escapan al control del fisco. En concreto, señalan, en las Islas existen alrededor de 63.300 alquileres no declarados, lo que respresenta un 64,51 por ciento sobre el total del parque inmobiliario del Archipiélago. En total, según el estudio, se sumarían unos 148 millones de euros de rentas sumergidas.
Los datos están recogidos en el informe sobre los alquileres sumergidos en España realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional, que se celebra entre este jueves y el viernes en Santander. El dictamen de Gestha, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 2.985 alquileres sumergidos en Canarias (un 3,33 por ciento sobre los 89.766 arrendamientos aflorados en España), el fraude en la Comunidad canaria apenas se ha reducido en casi dos puntos porcentuales en el último año, al pasar del 66,50 al 64,51 por ciento.
Los técnicos de Hacienda atribuyen este "reducido impacto" de la reforma a los límites establecidos en la misma, según los cuales sólo pueden beneficiarse de una reducción del 100 por 100 del rendimiento neto aquellos propietarios cuyos inquilinos -trabajadores o autónomos- tengan entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos superiores a 7.236,60 euros, es decir, poco más de los beneficiarios del Plan de Vivienda 2005-2008 y del plan de emancipación del Ministerio de Vivienda -los que perciben la "renta básica de emancipación". La mayoría de los propietarios con otros inquilinos pueden reducir la mitad de sus beneficios en el Impuesto de la Renta, como en años anteriores, indica Gestha.
Además, los funcionarios del Ministerio denuncian que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, "esconden realmente una alquiler sumergido".
148 millones de euros
Por otro lado, el estudio de los técnicos cifra en más de 148 millones de euros las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en Canarias, calculadas teniendo en cuenta las reducciones aplicables, esto es, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
Esta cuantía defraudada en el Archipiélago Canario supone un 6,05 por ciento sobre el total nacional, que asciende a 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares).
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria del Estado algo está funcionando muy mal; debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos", indica el colectivo.
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68 por ciento del total) se concentra en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad catalana lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 y 404,4 millones de euros, respectivamente. En el Archipiélago canario el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Canarias, tercera en el ranking
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles canarios son los terceros que más defraudan en España con un 64,51% de alquileres no declarados, sólo superados por Andalucía (74,29 por ciento) y Exremadura (69,80 por ciento).
Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27 por ciento de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 16,71 por ciento y del 36,31 ciento respectivamente.
ACN Press
