El Gobierno canario ha aprobado este lunes la comunicación en la que propone cambios legislativos para la derivación obligatoria de menores migrantes ya que, ha dicho su portavoz, Alfonso Cabello, si la amnistía es "buena, necesaria y urgente, cómo no lo será atender a los 5.600 menores" llegados al Archipiélago.
La comunicación ha sido aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno y será remitida este lunes al Parlamento de Canarias para que, en función del calendario que acuerde la Mesa de la institución, sea incluida para su debate este mes, previsiblemente en el pleno del 27 y 28 de febrero, antes del debate sobre el estado de la nacionalidad.
De esta manera se enriquecerá el documento con las aportaciones de los grupos parlamentarios y el texto resultante se enviará al Congreso de los Diputados, junto con una invitación para que los portavoces de los grupos visiten los centros de menores migrantes no acompañados y los puntos de llegada a pie de muelle en las islas.
Esta es "la hoja de ruta" marcada desde el primer momento por el Ejecutivo autonómico, una "solución canaria", según la ha definido en rueda de prensa el portavoz Alfonso Cabello, quien ha puntualizado que se reclama la modificación del artículo 172 del Código Civil para este objetivo por la vía del decreto ley, igual que ha hecho el Gobierno español "en 138 ocasiones" con anterioridad.
El citado artículo del Código Civil es "el que imposibilita" que ahora, cuando los menores arriban a Canarias, sean tutelados por el Estado para que luego puedan ser distribuidos en otras regiones, ya que la tutela corresponde a la Comunidad Autónoma a la que han llegado, ha explicado el portavoz canario.
En este asunto el Gobierno canario trata de tener una estrategia "clara" basada en el diálogo y el consenso "y huyendo del ruido generado a nivel político en el ámbito estatal", ha proseguido Cabello, para advertir asimismo de que Canarias "cumple" aportando recursos económicos y técnicos, pero "no puede esperar más, también necesita que el Estado cumpla".
"Basta ya de excusas: lo que toca es poner sobre la mesa una respuesta para que los menores sean atendidos de la forma más ágil posible no por solidaridad, sino por corresponsabilidad con el trabajo que está haciendo Canarias en atención sanitaria y con un proyecto de integración, algo complicado en un territorio fragmentado", ha apostillado Cabello.
A su vez el vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha admitido que al gabinete le preocupa "y mucho" que sólo cuatro comunidades hayan respondido al acuerdo de octubre pasado para derivar 347 menores llegados a las islas, algo que ha ido cogiendo "cierto dinamismo" pero no lo suficientemente rápido para la realidad migratoria que viven las islas.
Al respecto, el portavoz del ejecutivo canario ha precisado que en enero llegaron a las islas 902 menores no acompañados y en los 12 días transcurridos de febrero han llegado migrantes al archipiélago, para recordar que el flujo migratorio es ya estructural y será una constante a lo largo de los próximos meses y ante esta situación "necesitamos una respuesta sólida del Estado".
El portavoz, que ha admitido que continúa la ronda de contactos con todas las comunidades pero a día de hoy "no se ha producido ninguna salida" de menores migrantes, ha reconocido que el Ejecutivo regional asiste asimismo con preocupación a la situación política en Senegal.
Además el Gobierno canario informará al Estado del acuerdo que en su momento adopte el Parlamento regional en este ámbito, según ha explicado el portavoz, tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a “dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo”.
La comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal “salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio”, sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.
En dicha propuesta se considera urgente “establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada”.
Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores “imposibilita” cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, “la integración social”.
El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.
El Gobierno de Canarias tiene preferencia por que se cambie el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales, como solución más rápida.
Como alternativas, la comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos “más gravosos, complejos y lentos” al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.
En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.
