El empresario Juan Francisco Rosa y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, vuelven a estar imputados juntos en una causa penal. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife les ha citado a declarar el próximo 13 de febrero, dentro de la investigación abierta hace dos años por la ocupación de zonas verdes que pertenecían al Ayuntamiento en Playa Blanca, y donde hoy hay instalaciones privadas como el Kikoland.
La querella fue presentada en 2017 por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados en el procedimiento como acusación popular. En diciembre de ese año el juez Ricardo Fiestras decidió admitir a trámite la querella y desde entonces se han practicado distintas diligencias, aunque hasta ahora no se había tomado declaración a los investigados.
Ahora, junto a Reyes y Rosa el juez ha citado en calidad de investigado al empresario Juan Luis Lorenzo. En cuanto a la cuarta persona contra la que se dirigía la querella, el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, el Juzgado ha pedido a los denunciantes que aporten un nuevo domicilio para poder trasladarle también la citación. Al igual que el ex alcalde, Bartolomé Fuentes también tiene ya otras condenas a sus espaldas por delitos urbanísticos que beneficiaron a Juan Francisco Rosa. La última fue dentro del caso Yate, en el que confesó haber incurrido en delitos de prevaricación al informar a favor de licencias a sabiendas de su ilegalidad.
La Fiscalía ve indicios de criminalidad para seguir investigando
Aunque Rosa no ha prestado todavía declaración en la causa sí se había personado en las diligencias e incluso ha presentado recursos pidiendo su archivo. Sin embargo, sus pretensiones han sido rechazadas tanto por el juez instructor como por el Ministerio Fiscal, que considera que hay indicios para seguir investigando e incluso para determinar si hay más personas a las que "pueda exigirse responsabilidad criminal".
Así lo señala la Fiscalía en el escrito en el que se opone al último intento de la defensa de Juan Francisco Rosa, que pidió que se anulara el auto del juez por el que amplió el plazo previsto de instrucción, tras declarar compleja la causa. Al respecto, la fiscal subraya que lo que se investiga es "una pluralidad de delitos contra la administración pública", que hay "numerosa documentación" a examinar y que aún es preciso realizar nuevas diligencias "que no han podido practicarse en el plazo transcurrido". Además, señala que las cuestiones formales a las que se aferra la defensa para intentar anular ese auto "no afectan en modo alguno a su validez".
Del mismo modo, la Fiscalía también ha pedido que se rechace el otro recurso presentado por Rosa y dos de sus empresas, Princesa Yaiza y BTL Lanzarote. Con él pretenden que se anule otro auto del juez instructor dictado el pasado 19 de junio, por el que rechazó su petición de que se sobreseyera la causa.
Para su defensa en este procedimiento, Juan Francisco Rosa ha vuelto a recurrir al abogado madrileño José Antonio Choclán Montalvo, que es quien le representa en el caso Stratvs. Choclán, que hace unos meses también fue contratado por Fernando Clavijo para su defensa en el caso Grúas, fue magistrado de la Audiencia Nacional y tras dejar la judicatura ha intervenido como abogado en algunas de las principales causas de corrupción abiertas en España.
Cesión por 50 años y totalmente gratuita
Los hechos que se investigan en esta causa se centran las ilegalidades que marcaron el desarrollo del Plan Parcial Costa Papagayo, que se inició a finales de los años 80, y en el convenio que firmó después el entonces alcalde, José Francisco Reyes, con Getsu no Denwa, S.L. y Salmepa, S.L. En virtud de ese convenio rubricado en 2004, se permitió a estas empresas ocupar durante 50 años y sin pagar siquiera un canon tres parcelas de 30.000 metros cuadrados que correspondían al Ayuntamiento. Así, en lo que debían haber sido zonas verdes públicas se instaló entre otras cosas el Kikoland, un espacio privado de ocio infantil y deportivo vinculado al hotel Princesa Yaiza y propiedad también de Juan Francisco Rosa.
La ilegalidad de ese convenio ya ha sido confirmada por los tribunales en la vía contencioso administrativa, con dos sentencias que han rechazado los recursos de Rosa y han avalado la decisión adoptada por el Ayuntamiento hace tres años, cuando declaró nulo ese convenio. "No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo", señalaba la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas en abril de 2018, que fue ratificada por el TSJC el pasado mes de enero y que calificaba este caso de "particularmente grave y evidente".
Ahora, a raíz de la querella presentada por los ex consejeros de Podemos, paralelamente se depurarán también responsabilidades penales. "Estamos ante uno de los mayores casos de corrupción urbanística que ha sufrido la isla en las últimas décadas, con un perjuicio económico incalculable para las arcas del Ayuntamiento de Yaiza, que ha permitido la explotación privada de unos suelos públicos que debían haberse destinado a zonas verdes, dotaciones deportivas o viales", denunció al presentar esa querella el que era portavoz de Podemos, Carlos Meca.
"El Consistorio ha regalado a unos empresarios millones de euros que debían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Yaiza y lo peor es que ese fraude se sigue cometiendo a día de hoy, pues las instalaciones del Kikoland siguen funcionando y generando cuantiosos ingresos a Juan Francisco Rosa", añadió entonces. Dos años después, esa situación se mantiene, a la espera de que culmine el proceso administrativo iniciado por el Ayuntamiento en 2016 para recuperar ese suelo.
