El ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, informó a favor de la concesión de la licencia al puerto deportivo Marina Rubicón y de la aprobación del Plan Parcial Playa Blanca pese a que era "consciente" de su ilegalidad. Así lo ha reconocido él mismo en el escrito que ha presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación popular, de cara al juicio del caso Yate, que está previsto que comience el próximo 20 de marzo.
En el caso del Plan Playa Blanca, ya ha sido declarado ilegal por los tribunales en la vía contencioso administrativa. En cuanto al puerto deportivo, propiedad de Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, la Fiscalía pide que la licencia sea anulada ahora, al dictarse la sentencia de esta causa penal. Tal como señalaba el Ministerio Fiscal y reconoce ahora el ex secretario, no había ningún instrumento de ordenación del territorio que diera cobertura a la construcción de un puerto deportivo en esa zona. Ni el Plan General de Yaiza que estaba vigente en ese momento contemplaba ahí un puerto, ni se había declarado Sistema General Insular, tal como exige el Plan de Ordenación de Lanzarote, ni se había realizado para ello el preceptivo estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, Bartolomé Fuentes emitió un informe "de trámite" dentro del expediente para otorgar esa licencia. Y lo hizo "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad", tal como señalaba la Fiscalía y admite ahora el acusado. "Omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción", señalaba el escrito de acusación, con el que ha decidido mostrar su conformidad el ex secretario.
Licencia "en 6 días" y con las obras prácticamente terminadas
Con ese informe, según la Fiscalía, Vicente Bartolomé Fuentes "colaboró de manera eficaz a la aprobación por el alcalde de la concesión de la licencia el 20 de marzo de 2003". Esa aprobación se produjo sólo seis días después de que los dueños del puerto presentaran la solicitud y cuando las obras llevaban ejecutándose dos años y medio y ya estaban prácticamente finalizadas. De hecho, tal como puso de relieve la instrucción de esta causa, Marina Rubicón comenzó a construirse sin tener siquiera licencia municipal ni ningún permiso que avalara esta construcción.
Fue después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenara paralizar los trabajos, cuando los promotores decidieron solicitar el permiso al Ayuntamiento, que les fue concedido en el plazo de "seis días", pese a que la obra no tenía ningún tipo de cobertura en el planeamiento que estaba en vigor.
Ahora, Bartolomé Fuentes reconoce que era consciente de la ilegalidad de ese puerto y de la del Plan Parcial Playa Blanca, sobre el que también emitió un informe favorable "de trámite". Además, muestra su "voluntad de colaborar con la Administración de Justicia" y expresa su "arrepentimiento" por los hechos que ahora ha decidido reconocer, más de una década después de que arrancara esta investigación judicial y más de tres años después de que fuera apartado de su cargo por otra causa penal, en la que fue condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en la concesión de otras licencias ilegales, en aquel caso para 9 chalés entre Las Breñas y Femés.
Reconoce que actuó con "negligencia culposa e inexcusable"
Además de admitir que emitió informes favorables pese a que conocía "la disconformidad con la normativa urbanística aplicable", confesando así delitos contra la ordenación del territorio, el ex secretario también "reconoce expresamente" haber cometido delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. "Reconoce haber actuado con una negligencia culposa e inexcusable durante el ejercicio de su función", señala el escrito presentado por su abogado, al hacer referencia este último delito.
De esta forma, confirma todo lo relatado por el Ministerio Fiscal, tanto con respecto a la trama de la concesión masiva de licencias ilegales, como por su papel como interventor, autorizando pagos a José Francisco Reyes que no le correspondían. En uno de los apartados del escrito de acusación de la Fiscalía, confirmado ahora por el ex secretario, se detallan las dietas que Reyes cobró por encima de lo que le correspondía y las facturas y viajes que cargó al Ayuntamiento de Yaiza, pese a que se trataba de gastos personales y de "actividades estrictamente privadas".
Sólo en dietas, Reyes recibió "al menos 2.734,43 euros" más de lo que le correspondía, según el informe elaborado por la Udyco. Además, el Consistorio le pagó billetes de avión y facturas de restaurante que nada tenían que ver con el ejercicio de su cargo. Incluso, el Ayuntamiento llegó a abonar vuelos al asesor fiscal personal de Reyes, acusado junto a él en esta causa por blanqueo de capitales.
Cobró dietas por viajes privados
Entre los viajes pagados por el Consistorio, se encuentra uno a Barcelona, coincidiendo con la compra de la embarcación El Pachi, cuya adquisición "negoció" en una feria náutica que se celebraba en la capital catalana. Con motivo de la asistencia a esa feria, Reyes ordenó, "con el beneplácito" del secretario interventor, que el Ayuntamiento le abonara 721,20 euros en dietas. Incluso, aunque uno de los días lo pasó en Sevilla, también cobró la dieta correspondiente a esa jornada. Además, el Consistorio le pagó también los vuelos, por importe de 528 euros, incluyendo el desplazamiento a la ciudad andaluza, que no tenía "relación alguna con dicha feria náutica".
A estos, el informe policial y el escrito de acusación suman muchos otros viajes y gastos, como otro desplazamiento a Barcelona, coincidiendo con la firma del contrato de arras para la compra de un ático a nombre de su hija; así como viajes a Gran Canaria y Tenerife, que no está justificado que estuvieran relacionados con su actividad como alcalde. Sin embargo, Reyes cobró dietas por ellos y cargó al Ayuntamiento el gasto de vuelos y hoteles, incluyendo una factura en el Hotel Sheraton Mencey.
Para hacerlo, necesitó contar con la colaboración de Vicente Bartolomé Fuentes, ya que justificaban el pago de las dietas con conceptos como "desplazamiento a Barcelona para asuntos municipales". Ahora, el ex secretario interventor reconoce que contribuyó a sustraer ese dinero público y que actuó "con una negligencia culposa e inexcusable durante el ejercicio de su función". Además, al igual que el resto de los acusados que ha decidido confesar y presentar escritos de conformidad, Bartolomé Fuentes también se compromete a ratificar esta confesión en sede judicial y posteriormente durante el juicio oral, "si resultare necesario".
