El empresario Juan Francisco Rosa prestó por fin declaración este viernes como imputado en la causa del Kikoland, más de tres años después de que se iniciara la investigación en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. Las diligencias se abrieron en diciembre de 2017, a raíz de una querella presentada por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, pero no fue hasta 2019 cuando el titular del Juzgado, Ricardo Fiestras, acordó citar a los investigados.
Desde entonces, las declaraciones se han suspendido hasta en tres ocasiones, la última el pasado 7 de enero. Finalmente, Rosa compareció este viernes ante el juez Fiestras y respondió a las preguntas de la abogada de la acusación popular, ejercida por Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, en una vista a la que no asistió el Ministerio Fiscal.
Este viernes también estaban citados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el que era administrador de la sociedad Getsu No Denwa, Juan Luis Lorenzo. En el caso de Reyes, una vez más no llegó a comparecer, porque está cumpliendo otra condena en el centro penitenciario de Tahíche y su abogado no había avisado de esta circunstancia al Juzgado, por lo que habrá que fijar una nueva fecha.
En cuanto al cuatro investigado en la causa, el ex secretario de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes, también está cumpliendo condena en Tahíche y compareció el pasado miércoles por viodeconferencia desde prisión, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Tanto Reyes como Bartolomé Fuentes fueron condenados en el caso Yate, en el que confesaron haber otorgado licencias en beneficio de Juan Francisco Rosa a sabiendas de su ilegalidad, y el ex alcalde admitió incluso haber recibido sobornos de varios empresarios.
Por su parte, Juan Luis Lorenzo sí ha declarado este viernes como investigado, aunque ha alegado que él solo era administrador de Getsu No Denwa, y que no sabía nada de temas jurídicos ni de los asuntos por los que le estaban preguntando.
Cesión de suelo gratis, por 50 años y sin informes
Esta sociedad, que después fue absorbida por Princesa Yaiza S.A., fue la que firmó el convenio con el Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, por el que el Consistorio le cedió tres parcelas de 30.000 metros cuadrados, sin siquiera establecer el pago de un canon. Ese suelo del Consistorio debía destinarse a zonas verdes públicas, pero en lugar de eso fue ocupado por empresas privadas, que obtuvieron ese suelo gratis y con una concesión por 50 años. En una de las parcelas, Juan Francisco Rosa instaló el Kikoland, como zona infantil y de ocio anexa a uno de sus hoteles, el Princesa Yaiza, declarado también ilegal por la Justicia.
Ese convenio terminó siendo anulado por el Ayuntamiento en 2016 en base a un demoledor dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y los tribunales han rechazado todos los recursos presentados por Rosa desde entonces, confirmando que esa cesión fue ilegal, entre otras cosas porque ni siquiera se realizó previamente ningún trámite administrativo. "No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo", señalaba la sentencia del Juzgado, que después fue ratificada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
A raíz del dictamen del Consultivo y de que trascendiera públicamente lo que había rodeado a esa ocupación ilegal de suelo público, los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo decidieron presentar una querella en los Juzgados, para que se depuraran también responsabilidades penales por estos hechos. Esa querella estaba dirigida contra Reyes, Rosa, Bartolomé Fuentes y Lorenzo, y también contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa. El juez Ricardo Fiestras la admitió a trámite en diciembre de 2017, pero hasta dos años después no citó a los investigados. Las declaraciones se fijaron para febrero de 2020, pero se terminaron suspendiendo. Y lo mismo ocurrió cuando se establecieron nuevas fechas para octubre de ese año y para el pasado mes de enero.
Investigación "lenta, a juicio de la defensa"
Durante este tiempo, la defensa de Rosa ha intentado en varias ocasiones que se archive la causa, alegando entre otras cosas la falta de avances en la instrucción y el hecho de que se haya prorrogado en dos ocasiones. “El hecho de que la investigación, hasta ahora, haya sido lenta, a juicio de la defensa, es algo que no es obstáculo para mantener la procedencia de la prórroga de la instrucción. Puede justificar en su día que se reclame la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas, pero no debe llevarnos a descartar, sin más, la procedencia de seguir adelante con la actual investigación”, respondió la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en el auto con el que rechazó uno de sus recursos, a los que también se opuso la Fiscalía.
Hasta este viernes, las únicas declaraciones que habían tenido lugar eran la de dos testigos, que eran concejales en la oposición cuando ocurrieron los hechos. Fue el pasado mes de noviembre cuando declararon el que era portavoz del PSOE en Yaiza, Marcial Valiente, y el del PP, José Carlos Rojas, y confirmaron que el convenio se llevó a Pleno sin informes, y también que en la sesión advirtieron de que era lesivo para el Ayuntamiento. A ellos se ha sumado ahora la ex alcaldesa, Gladys Acuña, que entonces era concejal del PIL en la oposición. Su declaración también había sido suspendida hace tres meses y finalmente declaró este viernes como testigo.
Acuña, que sucedió a Reyes en la Alcaldía de Yaiza, también ha sido condenada por beneficiar a este mismo empresario, con la concesión de la licencia de actividad a la bodega Stratvs, a pesar de su ilegalidad. Al igual que en el caso Yate, en la primera pieza del caso Stratvs fueron condenados los políticos y técnicos que intervinieron en la concesión de permisos ilegales a Rosa, pero no el empresario.
