El juez acuerda imputar a todos los ediles de CC que aprobaron ceder suelo público gratis a Rosa para el Kikoland

En la causa, por la ocupación ilegal de zonas verdes, ya estaban imputados Reyes y Rosa, pero la fiscal pidió ampliar la investigación a otras seis personas. Además, este jueves están citados como testigos dos ediles que estaban en la oposición

Kikoland
Kikoland

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha acordado citar a declarar en calidad de investigados a todos los concejales que formaban parte del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Yaiza en el año 2004, cuando aprobaron un convenio por el que el Consistorio cedió 30.000 metros cuadrados de suelo público gratis. Entre otras cosas, Juan Francisco Rosa instaló en ese suelo el Kikoland, convirtiendo lo que debía ser una zona verde de uso público en un negocio privado con actividades de ocio vinculadas a uno de sus hoteles ilegales, el Princesa Yaiza. Y todo ello sin pagar siquiera ningún tipo de canon al Ayuntamiento por esa ocupación.

En esta causa estaban ya imputados (lo que ahora se denomina investigados) el ex alcalde, José Francisco Reyes, el propio Juan Francisco Rosa y el también empresario Juan Luis Lorenzo. Sin embargo, más de dos años después de comenzar la instrucción, la Fiscalía pidió hace unos meses citar a todos los demás concejales de CC, ya que el convenio se aprobó en el Pleno con sus votos favorables, pese a que no estaba avalado por ningún informe, por lo que entiende que también pudieron incurrir en responsabilidades penales.

“Procédase a practicar las pruebas solicitadas”, ordena el juez Jerónimo Alonso en una providencia de respuesta al escrito de la Fiscalía. En ese escrito, la fiscal Celia María Asensio también solicitaba otras nuevas diligencias para avanzar en la investigación de esta causa, que se inició a raíz de una querella presentada en 2017 por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados como acusación popular.

Respecto a los ediles de CC, la fiscal pedía expresamente la citación de Narcisa Peña, José Antonio Rodríguez (condenado ya por prevaricación junto a Reyes en el caso Stratvs), Pedro Viñoly, Ángel Domínguez (actual teniente alcalde de Yaiza) y José Antonio Lemes. Además, solicitaba que se enviara un requerimiento a la Secretaría del Ayuntamiento de Yaiza para que identificara al séptimo edil de CC, ya que un certificado del Ayuntamiento indica que el convenio se aprobó con el voto a favor de los siete concejales de Coalición Canaria, pero en otro aparecen solo esos seis nombres. En ese mandato que se inició en 2002, la séptima edil de CC en Yaiza era María Asunción Santana, y lo que ahora deberá certificar el Ayuntamiento es si asistió a ese Pleno y si también votó a favor del convenio.

 

Declaraciones de los acusados suspendidas y sin nueva fecha

Aunque el magistrado ya ordenó que se practicara esta diligencia solicitada por la Fiscalía, hasta el momento no se le ha puesto fecha, aunque el Juzgado ya se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir la dirección de estos ediles y ex ediles, para poder enviarles la notificación.

Mientras tanto, casi tres años después de iniciarse la instrucción, tampoco han declarado aún las personas que ya figuraban como investigadas. Inicialmente habían sido citadas para el pasado mes de febrero, pero las declaraciones se suspendieron y tras estallar el estado de alarma, no se les había vuelto a poner fecha. Después, el pasado mes de agosto se fijaron para este mes de octubre, pero finalmente también han vuelto a retrasarse y aún no se ha establecido un nuevo día.

Fue el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo -que ha representado a acusados en las principales causas de corrupción abiertas en España-, quien solicitó que se suspendieran las declaraciones, alegando que le coincidían con señalamientos de otros clientes. Uno de ellos era una declaración dentro del caso Banco Popular, en el que representa al ex presidente de la entidad, Ángel Ron Güimil, investigado por manipular la contabilidad del banco para ocultar su quiebra, además de otros delitos.

“Se accede a lo solicitado por motivos de agenda y falta de disposición de medios técnicos para su grabación con respecto a las declaraciones del día 22”, respondió finalmente el Juzgado en una diligencia fechada el pasado 7 de octubre. Sin embargo, el juez sí mantuvo las que están fijadas para este jueves 29 de octubre, en este caso de testigos. De esta forma, no atendió la petición de Choclán Montalvo, indicándole que si no puede acudir puede ser “sustituido por otro compañero de despacho” o asistir por vía telemática.

Así, a la espera de que se fije una nueva fecha para las declaraciones que se suspendieron de la pasada semana y para los nuevos investigados, este jueves sí están citadas dos personas que la Fiscalía había pedido que comparecieran como testigos, ya que en 2004 representaban a la oposición en el municipio y votaron en contra de ese convenio. Uno de ellos es el que era entonces portavoz del PSOE en Yaiza, Marcial Valiente, y el otro el portavoz del PP, José Carlos Rojas. Además, también está pendiente la declaración como testigo de la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que en 2004 estaba en la oposición y era la portavoz del PIL. Después, tras llegar a la Alcaldía fundó Unidos por Yaiza junto a algunos ex concejales de CC, incluyendo a José Antonio Rodríguez. Este ex edil, que ahora volverá a ser citado en esta nueva causa, ya fue condenado junto a Gladys Acuña, Reyes y otros tres concejales en el caso Stratvs, también por dictar resoluciones a sabiendas de su ilegalidad en beneficio de Juan Francisco Rosa.

Con la declaración de los tres testigos, que en su día encabezaron la oposición a José Francisco Reyes, la Fiscalía quiere que expliquen “las circunstancias en las que fueron aprobados los acuerdos del 2 de abril de 2004 en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza”, donde todos ellos votaron en contra de ese convenio, que solo fue respaldado por CC. Además, también quiere preguntarles por otro acuerdo posterior con Salmepa, del año 2006, que en este caso fue aprobado por CC en la Junta de Gobierno y sin pasar por el Pleno.
 

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