“Yo creo que ellos nunca quisieron arreglar nada. Ellos querían coger la planta”. Así ha respondido el representante de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, al declarar como testigo en el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Club Lanzarote, como dueña de la planta, fue quien presentó la querella que dio inicio a esta causa. Y aunque finalmente se retiró como acusación particular, Cañada ha dejado claro en su declaración el perjuicio que les supuso esta medida, que ya entonces advirtieron de que era ilegal.
“¿Se sintió presionado durante la incautación?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular. “Sí. Ese día me sentí mal, muy mal”, ha respondido, recordando que terminaron forzando el candado de entrada a las instalaciones.
Después, a preguntas de la fiscal, ha confirmado que la incautación -que después fue anulada por los tribunales- les supuso un daño económico. “Por supuesto”, ha contestado, ratificando que la planta “daba beneficios”. “Está claro”, ha apostillado.
Precisamente por esos beneficios económicos se le había preguntado el día anterior al entonces gerente de Canal Gestión, que fue quien se quedó con las plantas incautadas. “Ahora mismo no podría contestar a esa pregunta con rigor”, sostuvo Gerardo Díaz, al preguntarle por los beneficios que supuso para su empresa quedarse con las plantas de Club Lanzarote.
Por su parte, el representante de Club ha dejado claro que sí daba beneficios y ha precisado que, en su caso, como responsables del plan parcial, los destinaban al mantenimiento de la urbanización, que no había sido entregada a la administración.
Precisamente por ese motivo, en su declaración ha reiterado en varias ocasiones que tenían la “obligación” de suministrar agua dentro de ese plan, al que no llegaba la red pública. “Teníamos el derecho y el deber”, ha insistido.
De hecho, solo un mes antes de la incautación, él mismo firmó un convenio con el Cabildo, rubricado por Pedro San Ginés, para incorporarlo al Plan General de Yaiza, en el que se establecía que quedaban obras por terminar en el plan parcial y que cuando se terminaran se entregarían también las plantas.
"Nunca nos contestaron"
Las respuestas más duras en la declaración de Cañada han llegado a preguntas precisamente del abogado de San Ginés, que sostiene que su cliente tomó esa decisión por los requerimientos que tenía del Diputado del Común y del Gobierno de Canarias para que resolviera esa situación, dado que había habido quejas de algunos vecinos.
Según Cañada, en las reuniones previas que mantuvo con el abogado Ignacio Calatayud y con otro de los acusados, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, lo que le transmitían no es fórmulas para regularizar la situación. “Tenía que claudicar, tenía que dársela”, ha respondido al letrado de San Ginés.
Al respecto, ha subrayado que Club Lanzarote sí había pedido una autorización de los precios, que es una de las cosas que les achacaban. “Nunca nos contestaron”, ha lamentado. Y el Consejo tampoco respondió a la solicitud de prorrogar la autorización que tenían para el funcionamiento de esa desaladora.
“Me pedían que entregara la planta”, ha reiterado Cañada. Además, se ha ratificado en la declaración que prestó durante la instrucción, en la que afirmó que de incautación solo le hablaron dos días antes. Fue Pedro San Ginés quien le llamó por teléfono para comunicarle que iban a adoptar esa medida, y su respuesta fue advertirle de que no tenían competencias para hacerlo. Además, ha declarado que lo mismo les trasladó a las personas que acudieron en su nombre el día de la incautación, que se realizó sin autorización judicial y sin ningún informe jurídico que avalara esa medida.
Según San Ginés, solo contaba con el asesoramiento “verbal” del abogado externo Ignacio Calatayud y del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, que este martes se negó a declarar y se remitió a sus testificales anteriores, en las que negó haber emitido ningún informe avalando la incautación.
Durante su declaración, y a preguntas del abogado de San Ginés, Cañada ha confirmado que habían recibido requerimientos desde el año 2005, casi una década antes de la incautación. Sin embargo, también ha subrayado que nunca antes habían tenido una sanción ni del Consejo Insular de Aguas, ni del Consorcio, ni del Gobierno de Canarias.
Fue poco después de la llegada de Canal Gestión a la isla cuando el Consejo abrió un expediente sancionador a Club Lanzarote, por tres posibles faltas leves y una menos grave, que podrían sancionarse con una multa de 7.200 euros. Y en la misma resolución incoando el expediente, San Ginés ordenaba como medida cautelar la incautación.
"Nosotros no podíamos decir si lo que se estaba haciendo era conforme a la ley"
Durante la segunda jornada del juicio también han declarado hasta cuatro agentes de la Policía Local de Yaiza y dos de la Guardia Civil, que presenciaron la incautación. Respecto a los agentes municipales, han señalado que fue la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, quien les pidió que acudieran a Montaña Roja, tras una petición que había recibido del Consejo Insular de Aguas. Pero los cuatro han precisado que acudieron solo por una cuestión de “orden público”, porque les habían advertido de que podía haber “altercados”.
Además, han subrayado que no intervinieron y han confirmado que escucharon a los representantes de Club Lanzarote advertir a Ignacio Calatayud y al gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, que no tenían competencias para entrar por la fuerza e incautar las instalaciones.
“Nos llamaron porque decían que se estaba produciendo un conflicto, pero nosotros no podíamos decir si lo que se estaba haciendo era conforme a la ley”, ha señalado por su parte uno de los agentes de la Guardia Civil, confirmando también que solo acudieron para velar porque se mantuviera “el orden público”.
A preguntas de la acusación, los seis agentes de la policía y de la Guardia Civil han respondido que nunca antes habían asistido a una incautación o a una entrada y registro en una propiedad privada sin que hubiera autorización judicial.
"Yo no tengo que entrar en casa ajena sin permiso judicial"
Respecto al notificador del Cabildo, que acudió ese día a las instalaciones de Club Lanzarote para entregar la resolución de San Ginés, también ha declarado este miércoles y ha subrayado que él se limitó a entregar el documento en la puerta. “Yo no tengo que entrar en casa ajena sin permiso judicial”, ha añadido.
Además, también ha comparecido en esta jornada otro trabajador de Club Lanzarote, que era el vigilante de las instalaciones y vivía en una casa que estaba dentro del recinto que fue incautado por orden de San Ginés.
Éste ha confirmado que tenía pertenencias personales en esa vivienda, y que no pudo volver a acceder tras la incautación, hasta que la Justicia anuló esa medida y ordenó devolver las plantas y todas las instalaciones a Club Lanzarote.
Tres testigos de la defensa de San Ginés
Por su parte, la defensa de San Ginés ha aportado a tres testigos en la sesión de este miércoles. Uno de ellos ha sido Pedro Martín Toledo, que fue administrador concursal de Inalsa e hizo un informe a petición del Juzgado. En su declaración, ha confirmado que había medio centenar de desaladoras privadas en la isla, y que conforme Inalsa iba teniendo capacidad para abastecer esas zonas, instaban al Consorcio a actuar. No obstante, no se ha referido expresamente a la de Club Lanzarote, que fue la única con la que se adoptaron medidas.
A propuesta de San Ginés también ha declarado -en este caso por videoconferencia- el que era consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, para hablar un expediente sancionador a Club Lanzarote, que abrió el Ejecutivo regional en 2016, dos años después de la incautación.
La resolución del Gobierno canario se terminó dictando en 2017 y además de una sanción económica, se ordenaba la clausura de la planta “por vender agua a terceros sin autorización”. Sin embargo, también matizaba que el Consorcio debía adoptar “las medidas oportunas” para “garantizar el abastecimiento” a los vecinos y hoteles del plan parcial Montaña Roja.
“¿Y eso cómo se hacía?”, le ha preguntado el abogado de San Ginés. “La verdad es que es una buena pregunta”, ha respondido el testigo, que no ha llegado a dar una contestación. “Yo no soy técnico de agua”, “no soy capaz de decir las medidas que tenían que tomar”. De hecho, esa clausura nunca se produjo, porque la planta era necesaria para el abastecimiento de Montaña Roja.
A preguntas de la acusación, Quintero ha negado ser miembro de Coalición Canaria, aunque sí ha terminado confirmando que formó parte del Gobierno de CC y que fue destignado por Fernando Clavijo, compañero de partido de San Ginés.
“Quiero acreditar que el Gobierno de Canarias ha colaborado en la defensa de Pedro San Ginés”, ha señalado la letrada, cuando la magistrada ha interrumpido algunas de sus preguntas. Al respecto, ha subrayado que el Ejecutivo regional inició ese expediente sancionador a instancias del Consejo Insular de Aguas, después de la incautación, de la anulación de esa medida por los tribunales y de la denuncia presentada por Club Lanzarote contra San Ginés.
“¿Sabía que en ese momento el presidente del Consejo tenía una querella de esa empresa a la que ordenaba incoar expediente?”, ha preguntado la abogada.
Además, tanto a este testigo como a otro citado por la defensa de San Ginés para hablar de ese expediente sancionador, les ha trasladado la misma pregunta. “¿Esa orden es firme? ¿Se ha ejecutado? ¿Le consta si se han cobrado los 2,3 millones de euros que decía que debía pagar Club Lanzarote?”.
“No me consta”, ha respondido Quintero. Por su parte, Ceferino Marrero, que era secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, tampoco ha sabido responder si la resolución era firme, ni si se ejecutó, ni si se cobró el dinero. “La ejecución no es nuestra”, ha respondido.
Poco después, Pedro San Ginés firmó un convenio con Club Lanzarote, por el que le concedió -con carácter retroactivo- la prórroga de la autorización -que Club habían pedido antes de la incautación sin recibir respuesta- y a día de hoy sigue gestionando la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, con el pago de un canon. A cambio, se retiró de todos los pleitos contenciosos que tenía abiertos contra el Consorcio y el Consejo de Aguas. Unos meses más tarde, también se retiró como acusación particular en esta causa penal contra San Ginés.
