El ex gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, ha regresado a la isla para declarar como testigo en el juicio de la desaladora de Montaña Roja, ya que tuvo un papel protagonista en la incautación. De hecho, Díaz ha reconocido que él estuvo presente y que incluso fue su empresa quien pagó al cerrajero al que llamaron para entrar por la fuerza a las instalaciones de Club Lanzarote.
Díaz también ha vuelto a confirmar que el abogado externo que asesoró a Pedro San Ginés en la incautación, Ignacio Calatayud, trabajaba al mismo tiempo para ellos. “Lo contratamos porque era el abogado del Consorcio, como hicimos con otros proveedores”, ha declarado. “Era público que el abogado del Consorcio y de Inalsa era Ignacio Calatayud”, ha añadido. Y es que realmente este letrado no tenía un contrato con la administración, aunque bajo el mandato de San Ginés sí se le adjudicaban de forma directa tanto la representación en pleitos como labores de asesoramiento externo.
Una de ellas fue precisamente para incautar la desaladora de Montaña Roja, que después fue entregada a Canal, para la que estaba trabajando. “No recuerdo cuánto se le pagaba (a Ignacio Calatayud)”, ha asegurado al responder a la abogada de la acusación. Ésta ha recordado que durante la instrucción, el propio Gerardo Díaz declaró que no había documentos del supuesto trabajo realizado por Calatayud para Canal ,y que era todo asesoramiento “verbal”
“Es muy difícil hacer un asesoramiento solo verbal. Algo tendría que escribir”, ha respondido sin embargo en el juicio Gerardo Díaz, señalando que quizá se “expresaría mal” en su primera declaración.
También ha intentado afirmar que los pagos de Canal a Calatayud terminaron antes de que se llevara a cabo la incautación, porque contrataron a otro letrado. Sin embargo, tras mostrarle la letrada las facturas, ha reconocido que continuaron varios meses después.
"La gente de Club no estaba poniendo las cosas fáciles"
Gerardo Díaz también ha tenido que responder por su presencia el día de la incautación. “Yo estaba acompañando al Consorcio y vimos que había dificultades. La gente de Club no estaba poniendo las cosas fáciles al Consorcio”, ha declarado. “No digo que tuvieran que hacerlo”, ha apostillado a continuación.
Desde ese día -y hasta que las plantas fueron devueltas por orden judicial a Club Lanzarote-, Canal Gestión empezó a cobrar el agua a los cerca de 6.000 vecinos de ese plan parcial, al que no llegaba la red pública. “Suponía más ingresos, y suponía más gastos y más costes”, ha comenzado respondiendo a la abogada de la acusación.
“¿Tuvieron más pérdidas que beneficios?”, ha intentado concluir después el abogado de San Ginés, dado que Gerardo Díaz había apuntado que tuvieron que realizar obras. “Ahora mismo no podría contestar a esa pregunta con rigor”, ha contestado el testigo.
La abogada de la acusación, Nora Ferrer, le ha preguntado también por su sueldo mientras fue gerente de Canal Gestión Lanzarote, entre junio de 2013 y septiembre de 2015. “Cobraba unos 100.000 euros con objetivos”, ha respondido. “¿Si Canal cobraba más, usted cobraba más?”, ha añadido la letrada. “No todo era en función de resultados. Había cinco objetivos al año”, ha rebatido.
La letrada también le ha preguntado si reclamó que las desaladoras privadas que existían en la isla fueran entregadas a Canal, a lo que ha contestado que no, aunque con matices. “Estaba la intención de que todas las desaladoras que estaban en situación irregular pasaran a Canal, pero no era de un día para otro. Era en 30 años de la concesión”.
También ha negado que él exigiera al Consorcio que se “regularizara” la situación de esas plantas privadas, ante lo que la abogada le ha mostrado un recorte de prensa de una entrevista que concedió un año antes de la incautación, anunciando que iban a pedir precisamente eso.
“Estaba implícito en el pliego del concurso. Que todo el agua la gestionara Canal”, ha defendido entonces el testigo.
También ha confirmado que antes de la incautación, realizó una visita a las instalaciones de Club Lanzarote junto a representantes del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, que ya le habían preguntado si “podrían hacerse cargo”.
“Fue una visita poco sustancial. Benigna. Los responsables de Club nos enseñaron aquello con precisión”, ha señalado. Después, según su declaración, “dos o tres días antes” de la incautación les adelantaron que se iba a adoptar esa medida. “Me avisan de que prepare efectivos, porque no es fácil hacerse cargo de todo eso”.
Reiteradas advertencias de Club sobre la ilegalidad de la medida
En la sesión de este martes también ha declarado el cerrajero al que pagó Canal Gestión, que ha explicado que tuvo que romper el candado de acceso y cambiar al menos 20 cerraduras, tanto de puertas como de rejas de esa propiedad privada.
Además, han comparecido como testigos dos trabajadores de Club Lanzarote que presenciaron la incautación, que han confirmado que desde su empresa se advirtió a Ignacio Calatayud y al gerente del Consorcio, Domingo Pérez, -que fueron los que estuvieron presentes- que “no tenían competencias para hacer eso”.
También han subrayado que el recinto incautado no solo albergaba la desaladora y la depuradora, sino también las oficinas y hasta una pequeña casa que era la vivienda del vigilante. “Había objetos personales y de ahí no se pudo recoger nada”, ha declarado uno de ellos.
También ha comparecido el abogado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, que ha declarado que antes de la incautación habían tenido reuniones y que “se había hablado de expediente, pero no de aparecer por ahí e incautar”.
Según su declaración, esa posibilidad fue planteada en una de las reuniones previas por el gerente del Consejo, el acusado José Juan Hernández Duchemín, pero desde Club le advirtieron que “tenían que tener orden judicial”. “Eso se planteó desde el principio”, ha subrayado el letrado.
Respecto al día de la incautación, también ha declarado que les transmitió a Ignacio Calatayud y a Domingo Pérez que “no tenían competencias” para entrar por la fuerza a las instalaciones.
Además, a preguntas de la acusación ha señalado que no les dieron audiencia previa ni les permitieron presentar alegaciones antes de ejecutar esa medida cautelar.
Al día siguiente, ha explicado que fue a reclamar una copia del expediente y le dijeron que “tenían que solicitar autorización, porque estaba en manos de Ignacio Calatayud”. Unas horas después se lo terminaron entregando. “Era muy cortito. La resolución y poco más”.
Según ha subrayado la abogada de la acusación, después llegaron a aparecer hasta dos expedientes distintos.
Querella contra San Ginés y posterior acuerdo
Tras la incautación, Club Lanzarote acudió a los tribunales, que anularon esa medida cautelar, y también presentó una querella contra Pedro San Ginés. Sin embargo, años después se terminó retirando como acusación particular, tras llegar a un acuerdo con San Ginés -siendo todavía presidente-, por el que a día de hoy siguen suministrando el agua a los vecinos de Montaña Roja.
“¿En 2017 se autoriza la prórroga que se les había denegado antes de la incautación?”, ha planteado la abogada de la acusación.
Por su parte, el abogado de San Ginés le ha preguntado si se “avinieron” a “regularizar” la situación de las plantas después de que interviniera el Gobierno de Canarias, a instancias del Consorcio, dictando una orden de clausura de la planta que nunca se ejecutó. “Llegar a un acuerdo estuvo sobre la mesa en numerosas ocasiones”, “no tuvo que ver con el Gobierno de Canarias”, ha respondido el letrado de Club, que ha explicado que fue el Juzgado, en uno de los pleitos que tenían abiertos, quien les remitió a un mediador.
Además, ha defendido que la empresa tenía el derecho y la “obligación” de suministrar agua a los propietarios de ese plan parcial, porque aún no estaba recepcionado por la administración. “Una cosa es lo que manifiesten, y otra cosa es lo que sea”, ha señalado sobre las advertencias previas.
"No es habitual" firmar resoluciones sin informes
Por último, este martes también ha declarado la ex consejera Soraya Brito, que cuando se incautó la desaladora tenía las competencias sobre los expedientes sancionadores. Sin embargo, San Ginés se las retiró justo en ese momento. “Yo llevaba muy poquito. Apenas conocía el área”, ha declarado, precisando a preguntas de la acusación que después de aquello sí volvió a seguir a cargo del resto de expedientes sancionadores.
Sobre si alguna vez ha dictado una resolución sin informes por escrito, como se hizo en el caso de la incautación, ha respondido que “no es habitual”.
“¿Habría firmado usted la resolución sin dar audiencia a la otra parte y sin informes?”, le ha preguntado la abogada de la acusación. “Con el conocimiento que tengo ahora, no. Entonces no lo sé”, ha respondido la ex consejera, que no llegó a intervenir en ese expediente, porque lo asumió personalmente San Ginés.
Por su parte, el ex presidente también ha sido preguntado sobre por qué decidió retirarle las competencias, y ha respondido que ella “desconocía totalmente el funcionamiento”, porque “llevaba un mes” cuando llegaron las “advertencias del Diputado del Común”.
“Mi decisión fue ponerme delante de un problema que iba a generar un problema, como finalmente ocurrió”, ha señalado al respecto San Ginés.
