El nuevo magistrado del Constitucional apareció vinculado a las tramas de corrupción en Lanzarote

La Guardia Civil descubrió un email donde Luis Lleó daba instrucciones a Enrique Arnaldo y a un socio de su despacho para elaborar un informe, pagado por el Ayuntamiento, intentando avalar la licencia ilegal de Costa Roja

Enrique Arnaldo a su llegada a la Comisión de Nombramientos del Congreso
Enrique Arnaldo a su llegada a la Comisión de Nombramientos del Congreso

La Fiscalía Provincial de Las Palmas vinculó al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo con un "informe mendaz" para "dar cobertura legal" a la aprobación de la urbanización Costa Roja, en Lanzarote, que también buscaba "blindar" la actuación del alcalde que aprobó la licencia, que después fue declarada ilegal. El exregidor de Yaiza José Francisco Reyes Rodríguez -que suma ya varias condenas de corrupción, y en el caso Yate confesó el cobro de sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales-, sigue a la espera de juicio por esa causa.

En un escrito de Fiscalía de 14 de marzo de 2013, se incluye un correo electrónico que fue descubierto tras un registro realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En este documento, el empresario Luis Lleó Khünell da "las gracias por el tiempo profesional dedicado" por Enrique Arnaldo y Rafael Entrena, hermano de su socio Ramón, durante su estancia en Madrid y, "bajando al fondo de los asuntos tratados", les da instrucciones para que elaboraran un informe favorable a la construcción de la urbanización, que además terminó siendo pagado por el Ayuntamiento.

Pero el registro policial fue declarado nulo meses después por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que estimó el recurso que interpuso el promotor Luis Lleó Khünell, por lo que las pruebas obtenidas, entre ellas el mensaje dirigido a Arnaldo, no pudo utilizarse como prueba en la investigación judicial.

En el correo electrónico que se tuvo que dajar fuera de la causa, se lee cómo el empresario trasladaba unas indicaciones a Arnaldo y al hermano de su socio sobre el contenido que debía incluir el dictamen, que pretendía servir de coartada para defender la legalidad de la urbanización Costa Roja, y por el que el Ayuntamiento de Yaiza pagó 27.000 euros a una sociedad de Entrena.

"Me piden que se haga de la siguiente manera: una hoja de encargo firmada por el redactor del dictamen y el alcalde con fecha 6 de marzo de 2007 para realizar el mismo con plazo hasta el 15 de mayo de 2007. Me piden que la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella, y la firma el alcalde donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio. La fecha del encargo coincide seis días después de que el Cabildo requiera al Ayuntamiento para dar copia del expediente administrativo de la licencia urbanística", especifica el mensaje dirigido al letrado del Congreso y a Entrena.

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