El juicio por prevaricación contra el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, vuelve a tener fecha, después de haberse suspendido hace casi un año tras celebrar la primera jornada. El nuevo calendario se ha fijado para los días 16, 17, 24 y 25 de mayo, según se ha acordado este martes entre todas las partes ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife.
Este juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ya se había iniciado en noviembre de 2020, pero el segundo día la defensa de San Ginés alegó que ese Juzgado no era el competente, sosteniendo que debía haberse remitido a la Audiencia Provincial, por las penas que se pedían para los acusados. Así consiguió que se suspendiera, después de haber declarado ya los tres acusados, con importantes contradicciones entre las declaraciones del ex presidente y del que era secretario de la Corporación, Francisco Perdomo.
Sin embargo, la Audiencia tumbó un mes después ese argumento, devolviendo la causa a Juzgado y a la magistrada que había iniciado el juicio. Desde entonces, la defensa de San Ginés ha seguido presentando recursos para intentar evitar el banquillo, pero todos han sido rechazados. Y también se desestimó la recusación que presentó contra la jueza, poniendo en duda su imparcialidad para apartarla de la causa.
En su respuesta rechazando esa recusación, la Sección Primera de la Audiencia impuso además una multa de 1.000 euros a San Ginés, al considerar que actuó con “acreditada mala fe”, lanzando "desmedidas" e "injustificadas acusaciones" contra la magistrada. Además, señalaba que el objetivo de presentar ese escrito, que calificaba de “injustificado”, “infundado” y “dilatorio”, era “apartar del asunto a una jueza que le resulta incómoda”.
Ahora, tras fracasar todos esos intentos, San Ginés volverá al banquillo, en un juicio que tendrá que reiniciarse desde el principio, repitiendo las declaraciones que ya se habían realizado hace uno año, dado el tiempo transcurrido.
Junto al ex presidente y el ex secretario, en la causa también está acusado el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. Para todos ellos, la acusación popular pedía en su escrito de calificación provisional una condena de 12 años de inhabilitación.
"Llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley"
En el auto con el que puso fin a la instrucción de la causa, el juez Jerónimo Alonso consideraba "indiciariamente acreditado” que San Ginés, como responsable del Consejo Insular de Aguas, “llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley” para “privar” a la empresa Club Lanzarote “de la gestión de las instalaciones hidráulicas de la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca”. El magistrado sostenía que el entonces presidente del Cabildo “carecía de competencias" para la incautación, ya que no contaba con autorización judicial y "la normativa sectorial en materia de aguas sólo le facultaba para imponer sanciones de carácter pecuniario por infracciones leves y menos graves”.
Además, tachaba de "desproporcionada" esa medida cautelar, que también fue anulada y declarada ilegal en la vía contencioso administrativa, y añadía que ni siquiera concurría “una situación de urgencia” que “justificara” la incautación, que se llevó a cabo “sin conceder trámite previo de audiencia” a la empresa, “vulnerando su derecho de defensa”.
Después, San Ginés entregó esas plantas incautadas a Canal Gestión, que obtuvo un beneficio económico, al pasar a facturar el agua a los vecinos de ese plan parcial, hasta que la Justicia anuló esa medida cautelar. Quien supuestamente asesoró al ex presidente para tomar esa decisión fue el abogado Ignacio Calatayud, que al mismo tiempo trabajaba para Canal Gestión. Calatayud también estuvo investigado en la causa, pero fue 'desimputado' con un auto del juez Salvador Alba, que entonces ejercía en la Audiencia Provincial y actualmente está apartado de la judicatura, tras haber sido condenado por graves delitos en el ejercicio de su cargo.
A raíz de ese auto, la Fiscalía decidió no presentar acusación tampoco contra el resto de investigados, "ante la imposibilidad de formular acusación contra quien, según los demás investigados, fue el ideólogo de la operación". No obstante, ha defendido que la causa continúe solo con la acusación popular, y la representante del Ministerio Fiscal sí acudió al juicio iniciado hace un año, formulando preguntas a todos los acusados. En el caso de San Ginés, se negó a responder a esas preguntas de la fiscal y solo contestó a su propio abogado.
