A juicio dos acusados de vender cocaína en Arrecife, que fueron detenidos con cerca de 800 gramos

El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos una pena de cinco años de prisión y una multa de 199.639 euros

Juzgados de Arrecife

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo 9 de septiembre a dos acusados de vender droga en su domicilio de Arrecife, para quienes Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión y una multa de 199.639 euros respectivamente. 

El Ministerio Fiscal considera que "desde fechas no determinadas", A.B. y M.S.B. "se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, en su domicilio". En concreto, en el escrito de acusación se señala que el 25 de sepiembre del 2019, sobre las 20:40 horas, los acusados vendieron "0.44 gramos de cocaína, con una pureza del 27,69%, la cual en el mercado ilícito tenía un precio de 15,9 euros".

Como consecuencia de ello, se apunta que cinco días después "se autorizó judicialmente una entrada y registro en el domicilio de los acusados" donde se hallaron distintas cantidades de cocaína en bolsas y en forma de boliches y cápsulas. 

 

Cerca de 800 gramos de cocaína intervenidos

En total se intervinieron un total de 798,53 gramos de cocaína que, atendieron a los distintos grados de pureza, se estima que tendrían un valor en el mercado ilícito de 66.530 euros. Además, en el momento de su detención, se les incautaron 19.345 euros. 

Ambos acusados, que según se indica en el escrito de acusación son extranjeros pero residen "legalmente" en España, e encuentran en prisión provisional desde el 1 de octubre de 2019 por estos hechos, que Fiscalía considera que son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

 

Expulsión del territorio nacional para uno de los acusados

En el caso de A.B. se solicita que una vez cumpla las dos terceras partes de la condena en un centro penitenciario español, se sustituya la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y prohibición de entrar en España durante cinco años. Y es que, en su caso, aunque reside legalmente en España, solo tiene concedida una Autorización de Residencia Temporal "por circunstancias excepcionales" desde julio de 2019. 

Con respecto a M.S.B., sin embargo, se interesa el cumplimiento íntegro de la pena en territorio nacional, toda vez que Fiscalía considera "desproporcionada la sustitución por expulsión dado que el acusado dispone de autorización para residir en España desde 2007". 

El juicio se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, aunque las partes intervendrán por videoconferencia desde Arrecife. 

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