El profesor de Teguise acusado de un delito de abusos sexuales contra una alumna de primaria será juzgado finalmente el próximo 21 de abril en los Juzgados de Arrecife. En principio, la vista se iba a celebrar a finales de enero en Gran Canaria, pero se tuvo que suspender y ya se ha fijado esta nueva fecha.
Además, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha decidido ahora desplazarse a Lanzarote para el juicio.
El acusado, Wenceslao P. R., se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal, así como a la inhabilitación absoluta durante 12 años.
Los hechos ocurrieron presuntamente en octubre de 2019, en el CEIP Alfonso Spínola, donde el acusado tiene su plaza como maestro.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, “aprovechando su condición de profesor de francés, mientras impartía una clase a los alumnos de primaria del centro escolar, movido por su atracción sexual hacia los menores de edad, con ánimo lascivo y con la intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales, se dirigió hacia una alumna y le empezó a tocar la espalda y el muslo, llegando incluso a su mano entre el muslo y las partes íntimas”.
El Ministerio Fiscal señala que a raíz de estos hechos, “la menor ha sufrido una afectación emocional proporcional a los hecho cometidos sobre ella por el acusado”.
Orden de alejamiento e indemnización de 2.000 euros
Junto a la pena de prisión y de inhabilitación absoluta, la Fiscalía también pide que se le prohiba acercarse a la menor o comunicarse con ella durante 16 años, así como una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, aunque no sea retribuido, que implique el contacto con menores.
Además, solicita que en caso de condena, tras cumplir la pena de prisión quede en libertad vigilada, para evitar el contacto con niños y con la propia víctima, y reclama que participe en programas de educación sexual para pedófilos durante 6 años.
Respecto a la indemnización a la menor por los “daños morales”, la Fiscalía la fija en 2.000 euros, que pide que sean entregados a su madre como tutora legal. De esta suma, en caso de impago, también pide que responda subsidiariamente la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
