Elena Martín confirma que realizó advertencias sobre las facturas: “Después de lo que habíamos pasado, me vi obligada a informar”

Este lunes también ha declarado Ástrid Pérez en representación del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerce la acusación particular, y otros técnicos y ex concejales que cuestionaron en su día los reconocimientos extrajudiciales de deuda

Elena Martín, entrando a declarar como testigo en el juicio del caso Montecarlo (FOTOS: José Luis Carrasco)
Elena Martín, entrando a declarar como testigo en el juicio del caso Montecarlo (FOTOS: José Luis Carrasco)

“Me costó mucho hacerlos en su día. Es un disgusto. Normalmente no informamos de cosas negativas, pero después de lo que habíamos pasado, me vi obligada a hacerlo”. Así se ha referido la técnico del Ayuntamiento de Arrecife Elena Martín a los informes que emitió en 2011 advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inecon y Señalcon, al declarar este lunes como testigo en el caso Montecarlo.

“Lo que había pasado” era el caso Unión, que había estallado dos años antes, evidenciando la corrupción que existía en el Ayuntamiento. “Nos volvimos todavía más exigentes”, “todos hilábamos más fino todavía”, ha declarado la técnico.

En su caso, estaba en el departamento de Contratación y en 2011 la asignaron también a Compras, que hasta entonces funcionaba de forma paralela bajo el control del interventor. Y fue entonces cuando realizó advertencias sobre las facturas investigadas en esta causa.

Martín ha confirmado que trasladó sus informes a dos de los acusados que se sientan en el banquillo -el que era concejal de Fiestas en ese momento, Eduardo Lasso, y la que era concejal de Hacienda, Isabel Martinón-, así como al alcalde, Cándido Reguera, y al interventor, que ya tiene otras condenas y en este juicio también ha confesado delitos de prevaricación y malversación.

“Fui yo personalmente”, ha señalado la técnico, que ha desmetido así la versión que dieron Lasso y Martinón, que declararon que esos informes les llegaron en medio de “un montón de papeles” (en el caso de Eduardo Lasso, aseguró que ni siquiera los leyó). “Los llevé yo y pedí que me lo firmaran delante mío”, ha agregado Elena Martín.

Elena Martín, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Montecarlo

Lo que ha afirmado que no recuerda es si también les dio explicaciones verbales al entregárselos o si ellos se las pidieron después de leerlos, pero ha insistido en que lo que venía a decir en los informes era: “Oiga, yo no voy a tramitar eso”.

Después, “desconoce” qué pasó con esas facturas -que se acabaron pagando-, porque pidió al alcalde dejar el área de Compras. “Yo no podía atender los dos departamentos y me daba miedo que se me escapara algo”, ha señalado, insistiendo en la preocupación que había tras la Operación Unión, en la que ella incluso fue detenida, aunque fue de las pocas personas imputadas que llegó a juicio y resultó absuelta.

 

"Al contratista lo proponía la Concejalía del área"

Elena Martín también ha declarado que las competencias de las concejalías que requieren una obra o un servicio son mucho mayores de lo que declararon los ediles y técnicos acusados en la causa.

“Al contratista lo proponía la Concejalía”, ha afirmado, en contra de lo que sostuvieron los concejales y los “técnicos” de Festejos y de Vías y Obras procesados, que negaron tener nada que ver con la contratación de Inelcon y Señalcon, y apuntaron al alcalde y a las áreas de Compras y Contratación. “¿Compras no proponía al contratista?”, ha insistido la fiscal. “No, no, no. Nunca”, ha respondido con énfasis, insistiendo en que eso partía de las respectivas áreas.

Además, ha señalado que tampoco era su deparamento el que fijaba el precio. “La función de cada área es establecer: necesito esto y me puedo gastar esto. Y pedir presupuestos”, ha declarado.

Para ello, ha explicado que desde su departamento les daban un modelo que era el que tenían que rellenar si se trataba de un contrato menor, en el que proponían quien iba a ser la empresa adjudicataria, o invitando a tres empresas a presentar presupuestos. “Y si superaba el límite, tenía que ir a un procedimiento abierto”, ha recordado, confirmando que en este caso hubo fraccionamiento de facturas para eludir ese concurso público.

 

"Contratación bicéfala"

Al igual que se ha puesto de relieve en otros juicios de corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín ha reiterado que Compras y Contratación funcionaban de manera independiente, en lo que uno de los abogados de la defensa ha definido como una “contratación bicéfala”.

“Yo entiendo que Compras era más para cosas del día a día, pequeños suministros”, ha señalado, reiterando que ella “desconocía” lo que ocurría en Compras. Sin embargo, la realidad es que a través de ese departamento controlado directamente por Carlos Sáenz se acaban tramitando facturas por importes millonarios, en lugar de enviarlas a Contratación.

“Que yo sepa, Compras nunca ha tenido técnico. La única que he estado he sido yo. Siempre ha estado dependiendo del interventor”, ha explicado Elena Martín, que estuvo unos meses como técnico de Compras, hasta que ella misma pidió dejar el área, justo tras advertir de irregularidades en varias facturas.

Entre otras cosas, ha recordado que le presentaron propuestas de gasto fechadas después de la supuesta prestación del servicio, cuando ése debe ser un documento previo para garantizar que existe presupuesto. “Para pagar en un contrato menor solo se exige la aprobación del gasto y la factura, pero si se hace una propuesta de gasto, tiene que ser anterior”, ha añadido a preguntas de la fiscal.

Además, ha subrayado que es quien firma la factura desde la Concejalía correspondiente quien debe comprobar que el servicio se ha ejecutado y que es “conforme al precio”. Y también “comprobar los conceptos” que incluye la factura (como el 22% que cargaban Inelcon y Señalcon por gastos generales y beneficio industrial, pese a que eran contratos de servicios y no de obras).

Respecto a quién debería firmar las facturas, ha explicado que la ley no lo establece, pero que en las base de ejecución de los presupuestos de Arrecife se indicaba que debían ser el técnico y el concejal del área, aunque ha opinado que es "absurdo" y que la persona con mayor conocimiento para hacerlo era el técnico.

 

La actual alcaldesa y varios exconcejales

Durante la sesión de este lunes también ha declarado la actual alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, como representante del Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en esta causa. En su breve intervención, Pérez solo ha sido interrrogada por la fiscal, que le ha pedido que confirmara que el Consistorio reclama la devolución del dinero presuntamente malversado. “Sí, efectivamente”, ha respondido, aclarando que ella no formaba parte del Consistorio en la época en la que ocurrieron los hechos.

Además, también han comparecido como testigos exconcejales del Consistorio que sí estaban en el Ayuntamiento en esa época, como la exedil de Alternativa Ciudadana Blanca Blancas. En su caso, se le ha preguntado por el Pleno en el que se aprobó un listado de facturas -entre las que se incluían muchas de Inelcon y Señalcon- para pagarlas a través de un crédito ICO, con un reconocimiento extrajudicial.

“Nosotros nos quejábamos de que los procedimientos no habían sido los correctos y por eso iban a reconocimiento extrajudicial”, ha recordado Blancas, cuya intervención en esa sesión consta en el acta del Pleno que se incorporó al sumario de esta causa.

Respecto a quién defendía su pago en ese Pleno, se ha referido al interventor, pero también al entonces alcalde, Cándido Reguera, y al que era concejal de Hacienda, José Montelongo.

También tuvo una dura intervención en ese Pleno la que entonces era concejal de CC en la oposición, María Teresa Lorenzo, que acusó al grupo de gobierno de “usar la técnica de la gaveta”. Lorenzo estaba citada como testigo pero no ha podido comparecer por motivos médicos, al igual que Manolo Fajardo Feo, que fue alcalde de Arrecife después de los hechos que se investigan.

Quien sí ha declarado es otro de los concejales que estaban en la oposición cuando se celebró ese pleno de reconocimiento de facturas, el exedil del PIL Juan Jesús González Docal, que no ha recordado detalles de aquella sesión.

La otra exconcejal que ha declarado este lunes ha sido María Dolores Rodríguez, que fue concejal de Educación y Cultura por el PSOE, aunque se le ha preguntado por una época en la que estaba en la oposición. Quien había pedido su declaración fue la defensa de Miguel Ángel Leal, que ejercía como técnico de Festejos y firmaba facturas, aunque su categoría era la de animador sociocultural.

En su caso, el abogado solo le ha mostrado fotografías de distintas fiestas a las que asistió como edil, ya que la defensa de Leal se centra en sostener que los eventos de las facturas que autorizó se realizaron. No obstante, la exconcejal ha aclarado a preguntas de la acusación que ella ni conocía el alcance de los contratos ni se encargaba de supervisar su cumplimiento, ya que asitía solo como edil de la oposición.

 

"Parece que entendían que el procedimiento no estaba del todo correcto"

Los otros cuatro testigos que han declarado en esta jornada son trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento. Uno de ellos, Manuel Martín, es auxiliar administrativo en Interención y cuando ocurrieron los hechos trabajaba en el registro paralelo de facturas que había en la oficina de Carlos Sáenz. 

“En aquella época podían presentarlas directamente en intervención”, ha señalado, confirmando que no pasaban por el Registro General y que les daban entrada con un sello manual. “En 2011 se retiró ese selllo. Se elaboró instancia de que tenían que presentarse en el Registro”, ha recordado. “¿Cuál fue el motivo?”, le ha preguntado la fiscal. “Nunca nos lo dejaron claro. Parece que entendían que el procedimiento no estaba del todo correcto”, ha respondido.

Al respecto, la que era entonces secretaria de Arrecife, Asenet Padrón, declaró la pasada semana que ese registro era “ilegal” y que no tenía “ningún tipo de control”, por lo que ordenó que se eliminara en cuanto tuvo conocimiento de su existencia.

A preguntas de la defensa de José Montelongo, el trabajador ha señalado que no recibió “sugerencias, indicaciones o presiones” suyas para incluir las facturas de Inelcon y Señalcon en el listado de facturas que iban a reconocerse en el Pleno. También ha apuntado que él solo participó en la elaboración de uno de esos listados y que no intervino Montelongo, mientras que en el resto “lo desconoce”.

 

"Si el concejal altera el orden de pago, lo tiene que motivar"

Otra de las trabajadoras que ha declarado este lunes ha sido María Teresa Duarte Medina, que sustituyó en algunos periodos al tesorero. Y en una de las ocasiones, lo hizo reemplazando a la funcionaria que había sido designada inicialmente. “Me llamó el álcalde diciendo que tenía que sustituir a la persona porque estaban teniendo problemas con ella”, ha declarado.

Esa trabajadora era Mari Carmen Villaverde, que la pasada semana declaró como testigo y afirmó que estaba sustituyendo temporalmente al tesorero y fue apartada del cargo por Montelongo. “Tuvimos unas diferencias de opinión acerca de unos pagos que se iban a hacer y me sustituyó por otra persona”, declaró, explicando que el que era concejal de Hacienda “no estaba conforme” con que se pagaran las facturas por orden de antigüedad.

En cuanto a la técnico que la reemplazó y que también ocupó ese cargo de forma accidental en otros periodos, ha señalado este lunes que también recibió “instrucciones” de Montelongo “para saltarse la prelación de pagos”, aunque a preguntas de la defensa ha matizado que no es ilegal. “Si el concejal altera el orden de pago, lo tiene que motivar”, ha subrayado.

Duarte también ha declarado que tras ocupar ese cargo en varias ocasiones, pidió que no la volvieran a designar, porque tuvo problemas con el interventor.

Por último, también han declarado la actual interventora interina, Sandra Leticia Estelle, y otra técnico de Intervención, Elena López Armas, que elaboraron informes dentro de esta causa a petición del Juzgado. Ambas se han limitado a reconocer su firma en el informe, señalando que en su día harían las “comprobaciones” necesarias para emitirlo.

Además, también se les ha preguntado a varios de los trabajadores por la relación que existía entre el interventor, Carlos Sáenz, y el tesorero, Antonio Cabrera Panasco (que es testigo en esta causa); y mientras uno ha señalado que no tenían “relación ninguna” y que “no se hablaban”, otros han afirmado que era “una relación profesional”, aunque “en algún momento hubiera alguna discrepancia”.

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