“Ni miraba las empresas, ni miraba los importes. Únicamente me limitaba a firmar”. Eso es lo que ha declarado la que fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, Isabel Martinón, durante su declaración como acusada en la primera sesión del juicio del caso Montecarlo, por presunta malversación de caudales públicos en los pagos a Inelcon y Señalcon.
“Yo nunca entré a examinar las facturas. Las estoy viendo ahora”, ha insistido la ex edil del PNL, cuando la fiscal ha pedido que le mostraran algunas de las facturas que autorizó.
Durante su declaración, Martinón ha defendido que ella “no era técnico”, sino concejal, y que “no conocía nada de la hacienda pública ni de derecho administrativo” cuando fue designada para llevar el área de Hacienda del Consistorio en diciembre de 2009, tras el estallido de la Operación Unión.
“Pero estaba muy tranquila porque tenía dos técnicos. Digo, me avisarán si hay algo”, ha añadido Martinón. No obstante, también ha reconocido que sí recibió advertencias de una técnico del Ayuntamiento, concretamente de la responsable del área de Compras, Elena Martín, que le trasladó hasta seis informes advirtiendo de irregularidades en las facturas.
“Coló esos escritos entre las tongas grandísimas que yo tenía que firmar todos los días”, ha apuntado Isabel Martinón, que ha reprochado su actuación a la funcionaria, porque el mismo día presentó otro escrito al alcalde, Cándido Reguera, pidiendo dejar el área de Compras “porque no podía con el departamento”.
“¿Usted sabe eso y usted abandona y le pasa la papa caliente al que venga después?”, ha cuestionado la ex concejal.
Entre otras cosas, la técnico advertía en esos escritos de que no había propuesta de crédito y de que no se habían pedido otros presupuestos, pero también de que se estaban fraccionando contratos (para no superar el límite que obliga a sacarlos a concurso) y que “se había propuesto a una empresa no capacitada para ello”. Y es que aunque Inelcon es una empresa de electricidad y Señalcon de semáforos y señalética, también les adjudicaron servicios de organización de actividades en distintas fiestas, como talleres infantiles y contratación de batucadas y personal de animación.
“Si sabes que te van a relevar, tú eres la responsable de ir al interventor”
“¿Al ver esos escritos, hizo alguna comprobación de las facturas?”, le ha preguntado la fiscal. “Yo entendí que la técnico las dejaba guardadas en un cajón”, ha respondido. Sin embargo, después de que el alcalde le quitara esa competencia a Elena Martín y la delegara en el interventor, que pasó a ser también técnico de Compras, se terminaron abonando.
“Si ya sabes que te van a relevar de tu cargo, tú eres la responsable de ir al interventor pidiendo parar esos expedientes”, ha añadido Isabel Martinón, volviendo a cargar contra la técnico.
Además, ha insistido en que todas las facturas que firmó ella llevaban ya la rúbrica del interventor. “Se suponía que el trabajo previo de fiscalización ya estaba hecho”, ha defendido.
“¿Y para qué cree que sirve la firma del concejal?”, le ha vuelto a preguntar la fiscal. “Para el buen funcionamiento de la administración pública”, ha añadido la acusada, tras unos instantes de silencio. Después, ha vuelto a insistir en que tenían “muchísimos contratos” y facturas que firmar a diario.
“Pero a la vista de los informes de la técnico, ¿no prestó especial atención para ver si era verdad?”, ha insistido la fiscal. “No, no me correspondía a mí ese trabajo. Era labor del interventor. Yo no era técnica”, ha vuelto a responder, precisando que es abogada de profesión, pero no “especializada en derecho administrativo”, si no en derecho civil.
“¿No le podía haber surgido alguna duda?”
Tras terminar el interrogatorio -en el que solo ha respondido a preguntas de la fiscal y de su propia abogada, negándose a responder a la acusación popular y a la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife-, se ha dirigido a ella el magistrado que preside la Sala. Éste le ha empezado preguntado si firmó más pagos a Inelcon y Señalcon tras leer los informes de la técnico Elena Martín, y si “no le podía haber surgido alguna duda”.
“La técnico presentó eso y a los dos días soltó la papa al resto”, ha reiterado la acusada. “Si se sienta conmigo y me dice, Isabel, ten cuidado con esto, yo fiscalizo esos expedientes. Me hubiera sentado con Elena Martín y con Carlos Sáenz, para preguntar ¿qué está pasando?”, ha añadido.
“¿Pero hizo algo?”, ha insistido el magistrado. “Di cuenta al alcalde, como responsable del órgano de contratación”, ha respondido. En esa conversación, según Martinón, Cándido Reguera le trasladó que tanto él como el interventor habían recibido esos escritos. Y, según su versión, lo único que le dijo el alcalde fue: “Nada, tranquila. Si te viene ya con la firma del interventor, quiere decir que ya se han corregido todas las irregularidades”.
"A mí me pedían un presupuesto y yo lo hacía"
Durante la primera sesión del juicio, que ha arrancado con las cuestiones previas y con la confesión del ex interventor Carlos Sáenz, solo han declarado otros dos procesados, de los 11 que se sientan en el banquillo. La primera ha sido Isabel Martinón y el siguiente el empresario Carlos Lemes, administrador de Inelcon y Señalcon.
"A mí me pedían un presupuesto y se hacía. Y si nos daban el contrato, se ejecutaba", ha defendido el empresario. “Yo no conocía ni contrato menor ni contrato mayor”, ha respondido a la fiscal, cuando ésta le ha preguntado si los servicios que le adjudicaban nunca salían a concurso, como obliga la ley cuando se superan ciertos importes.
Así, ha negado que fraccionara facturas para eludir el procedimiento, y ha defendido, por ejemplo, los numerosos pagos independientes que recibió por reparaciones de semáforos, señalando que les llamaban cada vez que había una avería. “Era un caos”, ha afirmado, en referencia al estado de los semáforos de la capital.
En cuanto a las múltiples facturas relativas a fiestas, ha respondido que cada una obedecía a conceptos diferentes, incluyendo fuegos artificiales en los festejos de cada barrio.
La fiscal también le ha preguntado por otras facturas por servicios que no tenían que ver con la electricidad, con conceptos como “batucada, gigantes y cabezudos en la calle Real”. “Seguramente porque había iluminación”, ha empezado respondiendo Lemes. Sin embargo, al insistir la fiscal en que eso no aparecía en el concepto de la factura, ha admitido que algunas “no tienen que ver con la iluminación”.
“Queríamos ampliar el negocio y dijimos: Pues mira, a lo mejor esto también lo podemos hacer”, ha sostenido el empresario.
Respecto a quién contactaba con sus empresas desde el Ayuntamiento para ofrecerles esos contratos -que no se sacaban a concurso y en la mayoría de los casos, tampoco se pedían otros presupuestos-, ha afirmado que lo desconoce. “Sería personal administrativo del área. Llamaban a la oficina y las chicas hacían presupuestos”, ha respondido.
"Yo siempre lo he puesto así y nadie me ha dicho nada"
Además del presunto fraccionamiento de los contratos, en la causa también se investiga el pago por servicios no prestados y la posible existencia de facturas infladas, entre otras cosas, cargando un 22% al importe. Para ello sumaban un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, que es algo que se aplica en facturas de obras, pero no de servicios, como era este caso.
“Yo siempre los he puesto y nadie me ha dicho nada”, ha contestado Lemes al ser preguntado por ello.
Al igual que Isabel Martinón, Lemes se ha negado a contestar a las acusaciones y solo ha respondido a la fiscal, a su abogado y a los magistrados. En este caso, uno de ellos le ha preguntado si en los contratos de instalación no estaban obligados por ley a realizar el mantenimiento durante un año, por lo que no podrían haber cargado después facturas por ese concepto. "Es distinto", ha contestado Carlos Lemes. Al volver a insistir el juez, ha agregado que en ese primer año hacían una "supervisión", pero que si se requería un trabajo de mantenimiento, se hacía "otro presupuesto".
A preguntas de su abogado, el empresario ha señalado que no hay otras empresas en la isla que se dediquen a lo mismo que Señalcon. Y con respecto a Inelcon, ha apuntado que es "una de las más importantes del ramo".
Durante su declaración, también ha subrayado que ya en esa época tenían "muchísimo trabajo", a lo que la fiscal le ha preguntado por qué seguían entonces trabajando para el Ayuntamiento, sí también ha dicho que "no cobraba puntualmente" los servicios que prestaba para el Consistorio. "Pues no sé. Siempre que alguien nos pedía un presupuesto, lo mandábamos", ha respondido.
Con su declaración se ha puesto fin a la primera jornada del juicio, que continuará este martes y el miércoles con la declaración del resto de acusados. Después, seguirá dentro de dos semanas y en varias jornadas más, extendiéndose hasta el mes de junio.
