Funcionarios y técnicos de Tesorería, Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Arrecife han declarado como testigos este miércoles en la tercera sesión del juicio del caso Montecarlo, y tres de ellos han descrito “presiones” y situaciones “violentas” con el que era concejal de Hacienda, José Montelongo, e incluso destituciones de sus puestos por denunciar o advertir de posibles irregularidades.
Uno de ellos ha sido el tesorero, Antonio Cabrera Panasco, otra la ex secretaria, Asenet Padrón, y la tercera una técnico de intervención, Mari Carmen Villaverde, que durante una época sustituyó al tesorero en su ausencia, pero terminó siendo apartada del cargo por Montelongo, según ha declarado. “Tuvimos unas diferencias de opinión acerca de unos pagos que se iban a hacer y me sustituyó por otra persona”, ha señalado ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
El primero en declarar ha sido el que era y sigue siendo tesorero del Consistorio, que ha negado que José Montelongo hiciera de “mediador” entre el interventor y él “por su mala relación”, como había declarado el día anterior el ex concejal.
De hecho, Cabrera Panasco ha afirmado que lo que encontró fue un “frente común” contra su criterio. En concreto, se ha referido a una reunión a la que fue convocado con el entonces alcalde, Cándido Reguera, con el propio Montelongo y con la que era concejal de Recursos Humanos, Nayra Callero. “Fue una cosa muy desagradable, muy violenta”, ha recordado.
“Me presentaban un listado y por la tarde me traían otro”
En ese momento, el Ayuntamiento se iba a acoger a una línea de crédito aprobada por el Estado, para que las administraciones locales liquidaran deudas antiguas con sus proveedores, y uno de los requisitos era que el tesorero confirmara que se cumplía el orden de prelación, es decir, que se pagaban las facturas por orden de antigüedad, para no dejar fuera las que tuvieran preferencia.
Sin embargo, afirma que lo que le entregaron fue una lista de las facturas que se iban a reconocer, pero sin aclarar si ésas eran todas las que había, ya que esa información estaba en Intervención, pero no constaba en Tesorería. “Ahí hubo una discusión, porque no se aclaraba ese tema”, ha añadido.
El funcionario ha declarado que no le consta quién elaboró ese listado, pero ha señalado que quien se lo entregaba era José Montelongo. “Me trajo un primer listado y yo le dije que eso no podía ser”, ha relatado, señalando que después le llegaron a presentar “hasta cuatro o cinco listados” diferentes. “Por la mañana me presentaban uno y por la tarde me traían otro”, ha cuestionando, explicando que eso le llevó a emitir un informe con sus advertencias.
Según ha repetido durante el juicio, lo que reclamaba es que le certificaran que las que aparecían en el listado eran todas las facturas que estaban pendientes de pago.
Fue entonces cuando el alcalde -que también estuvo imputado en esta causa y falleció durante la instrucción- y el concejal de Hacienda, le convocaron a esa reunión. “Me decían que informara con lo que había y ya está”.
Después, cuando al año siguiente el Ayuntamiento pidió otro crédito para un nuevo pago a proveedores, aparecieron facturas más antiguas que seguían sin abonarse. “Salieron facturas de 2010, y se supone que ésas ya estaban liquidadas. No estaba desencaminnado cuando pedía que me entregaran todas las facturas”, ha subrayado Cabrera.
“Era una época complicada, había muchísima tensión”
Esa reunión con Cándido Reguera, José Montelongo y Nayra Callero se celebró en el despacho de la que entonces era secretaria del Ayuntamiento, Asenet Padrón, que también ha declarado este miércoles como testigo.
“Empezó a haber conflicto. Creo recordar que el tesorero pedía que le dijeran qué facturas iban a ir a ese Pleno. Era una época muy complicada, había muchísima tensión”, ha declardo Padrón, que también ha relatado las circunstancias que vivió ella con los mismos cargos públicos, y que terminaron en su destitución.
En ese momento, la Fiscalía ya había iniciado la investigación de esta causa (que se dividió después en varias piezas), tras recibir una denuncia anónima, que podría haber partido de un trabajador del Consistorio.
El fiscal envió entonces un requerimiento de documentación a la secretaria, relativa a los hechos que estaba investigando. “Preparé toda esa documentación, se mandó en plazo y un día que yo no estaba en el Ayuntamiento, me avisan de que se habían presentado el alcalde, el teniente de alcalde y la concejal de Recursos Humanos en mi despacho”, ha recordado la exsecretaria, añadiendo que después comprobó que “faltaban muchos documentos”, por lo que presentó un escrito de denuncia en el Consistorio.
“Fueron semanas muy complicadas y terminó con mi cese”, ha añadido Padrón, que años después consiguió que los tribunales declararan nulo ese despido. “No aparecía nada, no había nada, todo aparecía a última hora, cuando lo localizo entran en mi despacho, cuando pido que lo devuelvan empiezan las presiones”, ha añadido, recordando lo ocurrido tras el requerimiento de documentación de Fiscalía.
El registro paralelo de facturas en Intervención
Antes, Asenet Padrón también había puesto fin a un registro paralelo de facturas que había en Intervención. “En 2011 tuve conocimiento de que había facturas que no estaban en el Registro General”, ha apuntado, recordando lo que ya se ha puesto de relieve en otros juicios de corrupción relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife, en los que ha sido condenado Carlos Sáenz, entre otros.
Según ha explicado, se enteró porque fue un proveedor a quejarse, y entonces ella se dirigió a Intervención para pedir explicaciones, y se lo confirmaron. “Al principio no daba crédito”, ha relatado. “No era legal”, “era un sistema de registro manual, no informático”, “estaba al margen de todo tipo de control” y “no tenía ningún tipo de garantía”, ha ido respondiendo la ex secretaria, que ha detallado que para poner la fecha de entrada en la factura, usaban “un sello de ruedas”.
“Lo puse en conocimiento del alcalde, además con un escrito ”, ha explicado, señalando que a raíz de aquello, se puso fin a ese registro paralelo de facturas que había mantenido Carlos Sáenz durante años. “Fuimos y se retiraron todos los sellos que había ahí”.
Por su parte, el tesorero ha insistido en que cuando había que realizar un abono, a él solo le enviaban las ordenes de pago, sin las facturas ni el expediente, y en que ni siquiera tenía constancia de las facturas que había en el Ayuntamiento, por lo que insistía en pedir esa certificación, antes de aprobar el listado de las que iban a llevar a pleno para su reconocimiento extrajudicial.
Además, ha subrayado que el hecho de que se tuvieran que pagar así es porque había habido “irregularidades” en la tramitación de esas facturas, como haberse saltado el trámite previo, que es verificar que hay crédito presupuestario, o no haber cumplido el procedimiento establecido para la adjudicación.
“Montelongo no estaba conforme con aquello”
En cuanto a Mari Carmen Villaverde, ha explicado que trabajaba en Intervención, pero en una ausencia del tesorero fue designada para ocupar temporalmente su cargo. “Fue unos días, no sé si llegó a una semana”, ha explicado, señalando que “el que era concejal de Hacienda” le terminó retirando esa competencia antes de tiempo.
“Había una situación económica mala, había problemas de liquidez”, ha explicado, detallando que en Tesorería se llevaba un orden para que se pagaran primero las facturas más antiguas. “Él no estaba conforme con aquello”, ha añadido, refiriéndose a Montelongo. De hecho, a preguntas de la acusación, ha precisado que el interventor “no le dijo nada”, sino que fue directamente el concejal.
Durante la sesión de este miércoles también han declarado dos trabajadores de Tesorería, cuyos testimonios han sido breves. Ambos han confirmado que a su departamento solía llegar solo la orden de pago, “firmada por el interventor y por el concejal de Hacienda”, por lo que ni tenían el expediente para hacer comprobaciones, ni tampoco era su función, confirmando así lo declarado por Cabrera Panasco.
“Vine a declarar como testigo y colaboré con la Fiscalía”
El interrogatorio de Cabrera Panasco ha sido el más duro por parte de los abogados defensores, que han sido varias veces interrumpidos por el magistrado que preside la Sala, advirtiendo de preguntas improcedentes. Una de ellas, ha sido sobre si él fue “el denunciante anónimo de esta causa”, a lo que el juez le ha dicho que no respondiera.
Lo que sí ha recordado el tesorero es que él empezó siendo testigo en este procedimiento. Después, a raíz de escritos de las defensas, el juez terminó imputándolo también, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, aunque después se archivaron todos los cargos contra él. “Yo me pasé cinco años imputado aquí, cuando yo vine a declarar como testigo y colaboré con la Fiscalía. De forma insólita, estuve cinco años imputado”, ha recordado.
Durante ese periódo, su condición en este procedimiento cambió, y durante la instrucción ya no pudo declarar ante el magistrado como testigo. Sí lo había hecho antes ante la Fiscalía y lo ha vuelto a hacer este miércoles en el juicio, en el que las defensas han vuelto a intentar cuestionar su actuación, para poner en duda su testimonio.
“Yo no puedo comprobar, tengo que cumplir la orden de pago”, ha vuelto a reiterar Cabrera Panasco, que ha explicado que a raíz de la Operación Unión, el procedimiento ha cambiado y a su departamento llegan también las facturas, y no solo la orden final de abono.
“Si firman, certifican que se ha realizado en las condiciones pactadas”
El tesorero también ha sido preguntado por lo que implica la firma de un concejal en una factura, después de que este martes los exediles de Festejos y Vías y Obras acusados afirmaran que su firma era solo un trámite y que ellos no hacían verificaciones. “Cuando se firma, están diciendo que se ha prestado el servicio. Y no solo que se ha prestado, sino que cumple con lo que se contrató”, ha respondido.
Al respecto, ha señalado que la firma del concejal “no hace falta” y que “normalmente” quien debe firmar es el técnico, pero ha insistido en que “si firma, certifica que se ha realizado y en las condiciones pactadas”.
Los abogados de los exconcejales y técnicos procesados han ido reiterándole la misma pregunta -que si la firma solo implica que el servicio se ha prestado- y a todos les ha respondido lo mismo: “Que se ha prestado, y que se ha prestado de acuerdo con lo que se contrató. Y que es un precio de mercado”.
En lo mismo ha coincidido la exsecretaria, Asenet Padrón, que además ha señalado que en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Arrecife se recoge expresamente quién debe firmar la factura, al margen de lo que establece la norma general.
Otros testigos
La sesión de este miércoles también ha contado con otros cuatro testigos, todos ellos agentes de la Policía Nacional, que participaron en la operación Montecarlo cuando se produjo el arresto de Carlos Sáenz, entre otros, así como el registro de su domicilio y su despacho en Arrecife y en el Ayuntamiento de La Oliva, donde también era interventor.
Todos se han ratificado en sus informes, incluido uno sobre los movimientos bancarios de Carlos Sáenz, que ya ha sido condenado en tres piezas de esta causa (la de La Oliva, la de San Bartolomé y la primera que se juzgo de Arrecife), y en ésta también ha confesado los delitos de prevaricación y malversación.
El juicio continuará ahora el próximo lunes 2 de mayo, con la declaración de nuevos testigos. Entre ellos estará la técnico Elena Martín, que iba a declarar este miércoles pero finalmente no ha podido hacerlo, al alargarse el resto de interrogatorios. En su caso, emitió un informe advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inelcon y Señalcon, que son las que se investigan en este procedimiento.
