La declaración de todos los acusados en el juicio del caso Montecarlo ha concluido este martes con un punto en común: todos niegan haber decidido que se contratara a las empresas Inelcon y Señalcon, que facturaron al Ayuntamiento 3,6 millones de euros entre los años 2008 y 2012, sin que se haya aclarado cómo se adjudicaban esos servicios.
“Yo no intervenía en ningún procedimiento de contratación” ha sido la frase más repetida entre los cinco exconcejales y los cuatro “técnicos” que se sientan en el banquillo. La mayoría ha apuntado al alcalde, Cándido Reguera, que también estuvo imputado en la causa y falleció durante la instrucción, señalando que “no delegó” esas competencias. Así, han afirmado que ellos planteaban “una necesidad” o “ponían encima de la mesa de Alcaldía los distintos eventos que se tenían que realizar”, pero luego sus respectivos departamentos no se encargaban de la contratación.
Así, tampoco ha quedado claro quién pedía presupuestos a esta empresa, ni por qué se le pedían solo a ella, ni por qué había distintas facturas por el mismo acto, ni por qué se recurriría a una empresa de electricidad no solo para servicios de iluminación, sino también para contratar un “cuerpo de bailarines”, para organizar “talleres infantiles” o para realizar un desfile con “batucada, gigantes y zancudos” en la calle Real.
Oficiales, peones y animadores socioculturales firmando como técnicos
En cuanto a la firma posterior de las facturas, todos los exconcejales han coincidido en que las firmaban sin “comprobarlas” y hasta sin leerlas, en que no tenían formación en la materia y en que “se fiaban” de los técnicos de sus respectivos departamentos, que eran los que las rubricaban previamente.
Respecto a esos “técnicos”, tres de los cuatro que están acusados han declarado este martes que realmente no son técnicos. En el caso de José Nieves, que trabaja en Festejos, ha declarado que realmente es oficial en el Ayuntamiento. Por su parte, Miguel Ángel Leal es “animador sociocultural” (“por debajo de la categoría de oficial”, ha precisado él mismo, a preguntas de su abogado). En cuanto a Isidro Hernández, trabajaba como subalterno en el Consistorio. “Era peón. No era técnico”, ha señalado.
“¿Y estaba facultado para firmar documentos?”, le ha preguntado la fiscal. “No, no lo estaba, pero...”, ha respondido el acusado, que según la Fiscalía dio el visto bueno a pagos por valor de más de 58.000 euros. Como él, Miguel Ángel Leal y José Nieves firmaban facturas para certificar que el trabajo se había realizado. Todos han asegurado que sí lo comprobaban, porque “los eventos se realizaban”, aunque no “medían los metros de cable” ni “contaban las bombillas”.
Sáenz, técnico de Compras además de interventor
Al igual que hizo el lunes la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón (PNL), los cuatro exediles que han declarado este martes -el ex concejal de Deportes y de Hacienda José Montelongo (PSOE), el ex concejal de Vías y Obras Alberto Morales (PSOE) y los ex concejales de Festejos Eduardo Lasso (PIL) y Víctor San Ginés (PSOE)-, se han referido también al área de Compras como responsable de las contrataciones, junto a Alcaldía.
Así, han señalado a Carlos Sáenz, que además de ser interventor, ejerció como técnico en Compras. Sáenz fue el primero en declarar el lunes y confesó los delitos de prevaricación y malversación, admitiendo que como interventor había autorizado el pago de facturas que no eran legales, aunque no hizo referencia alguna a su participación en las contrataciones, ni tampoco le preguntó por ello ninguna de las partes.
No obstante, durante una parte del periodo que se investiga hubo otra técnico al frente de Compras, Elena Martín, que no solo no se encargó de esas contrataciones que se siguieron produciendo, sino que llegó a emitir hasta seis informes advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inelcon, antes de ser relevada de ese puesto por Cándido Reguera.
El juez, a Eduardo Lasso: "¿Qué más advertencia quería?"
Esos informes afectan especialmente a dos de los investigados, que eran los que estaban en el gobierno cuando se emitieron, poco después del estallido del caso Unión en el año 2009. Se trata de la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón -que declaró este lunes y confirmó que leyó esos informes, pero que la única medida que adoptó fue hablarlo con el alcalde- y el que era en esa etapa concejal de Festejos, Eduardo Lasso, que ha declarado este martes, y ha sufrido el interrogatorio más duro por parte de uno de los magistrados que complen la sala, Carlos Vielba.
Al responder a las preguntas de la fiscal, Lasso ha confirmado que recibió esos informes -en los que aparece su firma con el acuse de recibo-, pero ha asegurado que no los leyó. “Como firmaba muchos documentos que me ponían y como llevaba muchas concejalías, muchos de ellos no los miraba”, ha declarado, para después asegurar que no había recibido ninguna advertencia de que se estuvieran fraccionando contratos o de que se estaban adjudicando servicios que no tenían nada que ver con la iluminación a una empresa que no tenía ese objeto social.
“¿Le mandan un escrito, lo firma y lo recibe. ¿Qué más advertencia quiere?”, le ha cuestionado el magistrado Vielba al terminar el interrogatorio de las partes. “Si no me decían verbalmente que eso lo tenía que leer, no lo leía”, ha afirmado el acusado. “Iba dirigido a la atención del concejal de Festejos. ¿Qué más quiere que le pongan?”, ha insistido Vielba.
"Nadie nunca me reparó ni me objetó"
Respecto Víctor Sanginés, fue concejal de Festejos tras las elecciones de 2011, cuando se conformó un nuevo gobierno entre el PP y el PSOE, de nuevo con Cándido Reguera en la Alcaldía. En ese momento, Elena Martín ya había dejado de ser técnico de Compras y volvía a ocupar el puesto Carlos Sáenz.
“Nadie nunca me reparó, ni me objetó, ni me indicó que lo que estábamos haciendo no era correcto”, ha declarado Sanginés, que ha insistido en que él no se encargaba de la contratación, y que si después firmaba las facturas -confirmando que el servicio se había prestado- era porque previamente lo había hecho “su técnico”, José Nieves.
En cuanto a las que firmó sin la rúbrica de este trabajador, ha declarado que en una etapa José Nieves se encontraba de baja, por lo que la secretaria le indicó que podía poner solo su firma. “¿Decidió hacer de concejal y de técnico? ¿Comprobaría entonces que el servicio se había prestado?”, le ha preguntado la fiscal. “Efectivamente”, ha respondido el ex concejal.
Sobre esas comprobaciones, ha señalado eran actos públicos de fiestas a los que él mismo asistía y en los que incluso participaba. "Tenía la absoluta seguridad de que el trabajo estaba realizado", ha asegurado, aunque aclarando que él no medía "los metros de cable" cuando se trataba de instalaciones eléctricas. Y es que en lo que más ha insistido la fiscal es en preguntar quién se encargaba de verificar que todo lo incluido en el presupuesto y en la factura se había llevado realmente a cabo.
"Si no estaba la firma del técnico, no firmaba"
El otro exconcejal que ha declarado este martes ha sido Alberto Morales, que fue responsable de Vías y Obras y Turismo en el primer año que se investiga en la causa, durante el pacto entre el PSOE y el PIL, justo antes del gobierno de Cándido Reguera.
Morales ha asegurado que si firmó facturas o propuestas de gasto a favor de Inelcon fue porque estaban firmadas previamente por el técnico, que en su caso era Miguel Ángel Leal. “Si no, no las firmaba”, ha subrayado, añadiendo después que él “no sabía qué era una propuesta de gasto”.
En su caso, también ha defendido que no participaba en el proceso de contratación. Además, a preguntas de su abogado, ha subrayado que de las 13 facturas que se le adjudican en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, realmente él solo firmó una. El resto, ha afirmado que realmente estaban rubricadas por “Pepe Morales” y por la técnico Penélope Tabares, que es otra de las acusadas.
Esta trabajadora es la única acusada que realmente tiene la condición de técnico, como aparejadora contratada por el departamento de Obras. “Yo no intervengo en ningún procedimiento de contratación. Es que además, no tengo capacidad para intervenir. Yo soy aparejadora”, ha señalado el su declaración.
No obstante, su firma si aparece en presupuestos de gasto (que es el documento previo que se elabora para definir la necesidad de un servicio o una obra, estimar su presupuesto y determinar si hay fondos para contratarlo). Y en esos documentos, se proponía directamente a Inelcon, sin aportar otros presupuestos.
“Seguíamos el procedimiento establecido”, ha defendido la técnico, que ha asegurado que ese documento no lo “redactaba” ella, sino el departamento de Compras, “siguiendo las indicaciones del técnico”, que en esa época era también el interventor.
En el caso de una propuesta de gasto firmada por ella, la fiscal ha subrayado que se elaboró después de que se hubiera presentado la factura, que de hecho se mecionaba en el documento. Al respecto, la técnico ha apuntado que podría no referirse a la factura de un servicio ya prestado, sino a un presupuesto.
“Cada vez que yo hago una propuesta de gasto, voy a la calle a ver si existe la necesidad”, ha asegurado, sosteniendo que en este caso, “la obra no estaba ejecutada”, y defendiendo que por eso firmó la propuesta de gasto, pese a que la fiscal ha insistido en que la factura ya se había adjuntado al expediente.
Obras versus servicios: una diferencia del 22% en la factura
En cuanto a las facturas que firmó, Penélope Tabares ha declarado que comprobaba en todos los casos que el trabajo se había realizado.
Además, ha defendido que las facturas investigadas que dependen de su competencia sí eran obras, y no servicios. Ése punto es clave en la acusación, ya que sostiene que Inelcon y Señalcon cargaban un sobrecoste del 22% en todas sus facturas, sumando un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, que solo se puede incluir en facturas de obras.
Sobre este punto, los ex concejales y el resto de trabajadores municipales que han declarado este martes como acusados han afirmado que no conocían la diferencia entre un contrato de obra y uno de servicios, ni que no se podía cargar ese porcentaje de “beneficio industrial” a la organización de un acto de fiestas o de cualquier evento.
Tras la declaración de todos los acusados -que solo han respondido a la Fiscalía, a los magistrados y a sus defensas, y se han negado a contestar a la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento y a la acusación popular ejercida por Acción Cívica-, el juicio continuará este miércoles, cuando están citados los primeros testigos.
