El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado ejecutada la Sentencia que dictó el 15 de junio de 2007 (hace ahora diez años) anulando la licencia de obras que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió el 19 de febrero de 1999 para la construcción de un hotel de 900 camas turísticas en la localidad de Playa Blanca incumpliendo la normativa urbanística insular y municipal.
Una vez que la sentencia declaró ilegal la licencia que había autorizado el hotel, la edificación quedó en la misma situación que una obra "sin licencia" (en palabras de la propia Sala, "sin cobertura jurídica alguna") en la que sin embargo ha permanecido durante años porque el Cabildo de Lanzarote (que interpuso el recurso contra la licencia en los tribunales) no solicitó nunca al Tribunal que ejecutase la sentencia.
Fue la Fundación César Manrique, que también se personó en todos los pleitos del Cabildo, la que ante la pasividad de esta corporación decidió solicitar que se ejecutase la sentencia, a lo que accedió la Sala poniendo en marcha el proceso de ejecución forzosa de su resolución, en el que lo primero que había que determinar era si la obra, a pesar de incumplir la normativa vigente cuando se concedió la licencia anulada, podría ser legalizable aplicando el nuevo Plan General de Yaiza aprobado en 2014.
En esta fase de ejecución de sentencia se constató mediante los informes emitidos por la arquitecta municipal y el equipo redactor del nuevo Plan General, que la edificación construida al amparo de la licencia anulada cumple con las normas establecidas en el nuevo Plan General de 2014, de ahí que el Ayuntamiento, en un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 14 de septiembre de 2016, haya concedido licencia de "legalización" al citado hotel una vez adaptado al nuevo plan general, siendo dicho acuerdo validado por la Sala en la resolución que declara ejecutada la sentencia.
El hotel legalizado ha elevado su categoría a 5 estrellas y ha tenido que abonar al Ayuntamiento un total de 541.000 euros por la obtención del permiso de legalización en concepto de tasas municipales, además de asumir la obligación de costear y ejecutar las obras necesarias para la conclusión de la urbanización de la zona donde se encuentra.
El Tribunal consideró "incomprensible" la actitud del Cabildo en la ejecución de las sentencias
El Tribunal Superior de Justicia también ha reprochado al Cabildo su pasividad en la ejecución de todas las sentencias que declararon ilegales las licencias que autorizaron todos esos hoteles. En la sentencia dictada por la Sala el 30 de octubre de 2012 (dictada en el recurso de apelación nº 420/2011), que confirmó la anulación de todos los permisos urbanísticos que permitieron la construcción del Hotel Papagayo Arenas, el Tribunal puso de manifiesto "los mínimos efectos en el orden jurídico material de esta anulación, pues lo que ha de decirse, en definitiva, por las administraciones llamadas a actuar ante una obra que carece de licencia es la compatibilidad de tal obra con el planeamiento, lo que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquella primera Sentencia y la actitud del Cabildo, resulta incomprensible".
