El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico. El objetivo es, por un lado, modificar puntualmente la Ley del Suelo para dar la posibilidad de prorrogar la vigencia de los informes ambientales. Según ha defendido el Ejecutivo regional, esta posibilidad "evitará a ayuntamientos, cabildos y al propio Gobierno que la pérdida de vigencia de los informes ambientales bloquee la tramitación de modificaciones del planeamiento y de planes generales".
Por otro lado, se modifica la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias para ampliar el plazo a estas entidades a adaptar sus estatutos a esta normativa autonómica.
La caducidad de los informes ambientales
Respecto a la modificación de la Ley del Suelo, cabe destacar que las tramitaciones tanto de nuevos planes generales como de modificaciones menores de los ya existentes requieren de informe ambiental para ser aprobado. "La ardua tramitación de este tipo de expedientes, que requieren de informes emitidos por diferentes administraciones, se puede dilatar en el tiempo provocando que los informes ambientales pierdan la vigencia temporal que tienen reconocida por Ley", indican.
Esta situación provoca que se deba reiniciar el procedimiento, afectando a su seguridad jurídica y al uso eficiente de los recursos humanos y económicos en la administración. Para evitar este bloqueo, el decreto aprobado propone dos modificaciones puntuales de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
Por un lado, la incorporación de un nuevo apartado al artículo 86 de este texto con el objetivo de permitir la prórroga durante dos años de la vigencia de los informes ambientales estratégicos. Estos documentos, que actualmente son improrrogables, forman parte de las modificaciones menores del planeamiento que impulsan ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. A petición de cualquiera de estas administraciones, se podrá ampliar la vigencia de estos informes para no bloquear la tramitación del expediente en su totalidad si se cumple la fecha límite. Esta medida ha sido ya adoptada en otras comunidades autónomas con el mismo objetivo.
Por otro lado, se incorpora un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima, para ampliar doce meses la caducidad de las memorias ambientales ya aprobadas e incluidas en la tramitación de planes generales. La condición que establece esta segunda medida es que la tramitación del documento haya superado ya el trámite de exposición pública.
En ambos casos se pretende "dar viabilidad y seguridad jurídica a los expedientes" para que la pérdida de vigencia de los procedimientos ambientales no provoque la suspensión del procedimiento.
Ley de Sociedades Cooperativas
Respecto a la segunda de las modificaciones introducidas por este decreto, tiene como finalidad ampliar el plazo previsto para que las sociedades cooperativas de Canarias adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. Con esta reforma, el límite inicialmente fijado para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027, otorgando a las cooperativas un margen adicional para culminar este proceso de adecuación normativa con las debidas garantías. De este modo, se favorece a las cooperativas y a la economía social, un sector prioritario para la Consejería de Turismo y Empleo.
