Camero declara que prestaba “una atención constante” a Yaiza: "No manejaban con soltura los problemas urbanísticos”

Ha asegurado en el juicio que “la única materia” del Ayuntamiento con la que tenía “relación muy poco estrecha” era la referente a sus pagos. “Si al documento le faltaba una coma o le faltaba algo, no lo sé, porque yo no intervenía”

El abogado Felipe Fernández Camero.  (FOTOS: Alejandro Ramos / Canarias Ahora)
El abogado Felipe Fernández Camero. (FOTOS: Alejandro Ramos / Canarias Ahora)

El abogado Felipe Fernández Camero, que fue desimputado del caso Yate al no poder probarse su “asesoramiento” urbanístico al entonces alcalde, José Francisco Reyes, ha defendido este viernes que prestaba una “atención constante” como asesor al Ayuntamiento de Yaiza, y en particular como “especialista en derecho urbanístico”.

Así ha intentado defenderse del delito de malversación por el que acabó acusado, y por el que está siendo juzgado ahora. “Era una atención constante la que yo tenía que prestarles. La Oficina Técnica estaba constituida por un jefe y luego dos o tres aparejadores, y tenían multitud de problemas, urbanísticos sobre todo, y no los manejaban con soltura”, ha declarado durante el juicio, defendiendo así los pagos que recibió del Consistorio, que ascendieron a casi un millón de euros.

El jefe de la Oficina Técnica terminó condenado por prevaricación urbanística, al igual que el propio Reyes y el secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes. Estos dos últimos -acusados ahora junto a Camero en esta pieza separada del caso Yate-, confesaron en el juicio principal que otorgaron decenas de licencias a sabiendas de su ilegalidad (y a cambio de sobornos en el caso de Reyes).

Respecto a su “contratación” por parte del Ayuntamiento, Camero se ha remitido a un acuerdo plenario de 1980, al igual que han venido haciendo las defensas durante todo el juicio, aunque los hechos que se juzgan arrancan en 1996, cuando comenzó la Alcaldía de Reyes.

“Ese acuerdo forma parte de este procedimiento. Si no existe ese acuerdo, no tengo nombramiento”, “me dejan en indefensión total, porque no tengo nada que ampare mi presencia en el Ayuntamiento de Yaiza” ha añadido, reconociendo que no hay ningún documento posterior que justifique ni el dinero mensual que recibía del Consistorio en concepto de supuesto asesoramiento, ni tampoco de las adjudicaciones de los pleitos que facturó al Consistorio.

 

"No sé la cantidad, pero sí, ganaba dinero"

El acuerdo de hace más de 40 años en el que se ampara para “justificar” todos esos cobros -y que según los peritos no tiene validez legal ninguna-, establecía que recibiría 300 euros (50.000 pesetas de entonces) al mes por labores de asesoramiento. Sin embargo, bajo la Alcaldía de Reyes llegó a cobrar más de 2.000 euros fijos mensuales, a lo que se sumaron otros 700.000 euros por la representación en supuestos pleitos, muchos de ellos sin documentar, según la instrucción de la causa.

“No sé la cantidad, no llevo la contabilidad. Pero sí, ganaba dinero. Era abogado y me pagaban otros clientes también”, ha respondido Camero a preguntas del fiscal, cuando le ha preguntado por el dinero que facturó, mientras era también secretario del Ayuntamiento de Arrecife. “No me he puesto a hacer las cuentas nunca. Lo que sí puedo atestiguar es que todo lo que me pagaron fue fruto de mis servicios. Intensos”, ha añadido.

Respecto a lo que se disparó el precio establecido en ese acuerdo plenario al que se aferra -que en todo el mandato de Reyes hubiera supuesto unos 40.000 euros, cuando cobró casi un millón-, lo ha achacado “al IPC”. “Como usted bien entenderá, las retribuciones van subiendo”, ha contestado al fiscal, sin aclarar cómo se aprobaban esas subidas.

“Se hacían por el Ayuntamiento”, ha terminado respondiendo, aunque no hay ningún documento en el que conste cómo se aprobaban los precios. De hecho, ni siquiera hay presupuestos previos de las facturas que se le abonaron por la representación en pleitos, ni decretos de adjudicación, ni propuesta de gasto.

“Tiene que haber. Si no, no se puede pagar. Nadie hace un pago en un ayuntamiento porque se dice simplemente: Voy a pagar”; “como comprenderá, yo no me puedo fijar el sueldo y que luego otro lo pague. Eso no es viable”, ha sostenido. Sin embargo, eso es exactamente lo que consideran que ocurrió los dos peritos oficiales que han declarado en el juicio - uno funcionario de Intervención General del Estado y otro de la Audiencia de Canarias de Canarias-, que fueron rotundos al afirmar que “se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido”.

“Si no consta (la aprobación previa del gasto) será porque no se las han mandado o se han extraviado. Eso no lo sé”, ha añadido al preguntarle por otras irregularidades. Y en todos los casos, ha insistido en que él, justo en este tema, no asesoraba al secretario-interventor ni al alcalde.

“Si al documento le faltaba una coma o le faltaba algo, yo, lamento tener que volvérselo a repetir, no lo sé, porque yo no intervenía”; “en temas de contabilidad, mi intervención era, si no nula, bastante reducida”; “era la única cosa, la única materia, con la que yo tenía una relación muy poco estrecha. Los que estaban ahí sabían lo que tenían que hacer”, ha ido respondiendo.

 

"No se contabilizaban mis servicios ni los del portero de la entrada"

“¿Se documentó de alguna forma por parte del Ayuntamiento la prestación de esos servicios de asesoramiento?”, le ha preguntado el fiscal. “Los míos no se contabilizaban, como tampoco los del secretario, el portero de la entrada o la auxiliar administrativo”, ha respondido Camero, comparando a un asesor externo que cobra por unos determinados servicios, con un trabajador municipal.

“Cuando un concejal me pide información, cuando el jefe de la Oficina Técnica me pide información, son cosas verbales, no puede constar documentalmente”, ha defendido. No obstante, ha asegurado que también emitió “informes” escritos y, sobre todo, “muchas notas”, aunque no se encontró rastro de ellos durante la instrucción.

“Los informes que emití, tienen que estar en el Ayuntamiento de Yaiza. No sé si ha pasado algo con la documentación que se haya remitido, pero desde luego eso no es culpa mía”, ha alegado.

“Me extraña muchísimo”, ha llegado a señalar en un momento de su declaración, cuando el fiscal le iba señalando nuevas irregularidades en los expedientes de pago. “Pero vamos, yo no lo creo. Conozco a las dos personas que usted ha mencionado, sé cómo son, y no son gente tramposa, en absoluto”, ha afirmado en referencia a los coacusados.

“Los conozco y sé que lo hacían, porque eran pulcros”, “me extrañaría mucho que el alcalde hiciera algo sin el aval del funcionario que tenía que dárselo”, ha añadido en otros momentos, al hablar de dos personas que se sientan con él en el banquillo, y que acumulan entre ambos más de 10 condenas, que les llevaron a prisión y les han inhabilitado durante décadas.

 

Pagos antes de la aprobación del gasto

Entre los documentos que ha mencionado el fiscal, hay “recibís” firmados por Camero al cobrar una factura, con fecha anterior a la aprobación del gasto por parte del alcalde. “No me consta. Pero no tengo ni he tenido nunca ninguna conciencia de irregularidades sustantivas. De algo que realmente podamos decir esto qué raro es. Ni creo que ninguno de ellos lo hiciera. Es que los conozco”, ha reiterado, defendiendo de nuevo la honradez de Reyes y Bartolomé Fuentes, que solo en el caso Yate, confesaron delitos de prevaricación urbanística, malversación y falsedad documental.

“Había un mal estado del archivo. Un poco desastre en el archivo. No sé si será por esa causa”, ha apuntado mientras le seguían preguntando por incumplimientos de los trámites legales.

En cuanto a la falta de sello en muchas de las facturas, que no constaban registradas, también ha dicho que lo desconocía. Al respecto, su explicación ha sido que era los sábados cuando acudía a trabajar al Ayuntamiento de Yaiza –“porque los sábados no se trabajaba en Arrecife”- y “si tenía alguna minuta que entregar la entregaba”.

Además, ha defendido incluso que llegara a cargar dietas y taxis al Consistorio de Yaiza, como sostiene la acusación. Al respecto, solo ha reconocido que “le consta” un caso, y lo ha justificado porque tuvo que ir a “una negociación” a Madrid, dentro de un procedimiento judicial que estaba llevando. “Me parecía que no tenía que ser algo que pagara yo”.

 

Una "sociedad instrumental" para cargar las facturas

En los últimos años, Felipe Fernández Camero dejó de emitir facturas a su nombre y empezó a cargarlas a través de la sociedad Adelfas 24, que no tenía contrato alguno con el Ayuntamiento y ni siquiera aparecía en ese acuerdo plenario de 1980.

“El trabajo, todo el trabajo, lo hizo Felipe Fernández Camero. Con Adelfas y sin Adelfas. Todo lo hacía yo, antes y después. Adelfas no ha prestado ningún servicio al Ayuntamiento de Yaiza”, ha respondido Camero para justificarlo.

Según su declaración, Adelfas 24 es “una sociedad instrumental” que compartía al 50% con su mujer, y que “lo único que hace es facturar”. “No vende nada ni se ocupa de ninguna función”, ha añadido. Al respecto, el fiscal le ha preguntado por el objeto social de la empresa, en el que aparecen entre otros “actividades inmobiliarias” y de “construcción”.

“No lo recuerdo. Se constituyó hace muchísimos años. Y no me ocupo prácticamente… y sin prácticamente: no me ocupo de ella”, ha respondido.

 

Una sanción firme que según él "no existió"

Durante su declaración, el fiscal también le ha preguntado por la sanción que le impuso Función Pública, por una falta grave y otra muy grave como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, por ejercer cargos incompatibles con ese puesto. E incluso en este caso, el abogado lo ha negado.

“Esa sanción era total y absolutamente ilegal”, ha comenzado señalando, pese a que en su día fueron rechazados todos sus recursos y se trata de una sanción firme.

Después, ha llegado a decir que la sanción “no existe”, porque “nunca se ejecutó”. Cabe recordar que antes de que se aplicara la sanción, que implicaba apartarle de su cargo, lo que hizo Camero fue acogerse a una excedencia, y nunca ha vuelto a ser funcionario de una administración pública.

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