El ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, ha contratado para su defensa en el caso Unión al que ha sido abogado del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en el ya juzgado caso Yate. El pasado 14 de febrero, el letrado Pablo Luna registró un escrito en el Juzgado Número 5 de Arrecife, instructor del caso Unión, notificando y aceptando su designación como abogado de Felipe Fernández Camero.
Solo un día después, el 15 de febrero, el mismo abogado presentó otro escrito, en este caso ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, dando cuenta de la confesión de Reyes en el caso Yate y de su voluntad de depositar 300.000 euros antes de la celebración del juicio. Con esa suma, que efectivamente entregó poco después, el ex alcalde ya ha respondido de la multa que la Fiscalía pidió para él y para su familia, tras alcanzar un acuerdo de conformidad. A la multa se suman los 6 años de prisión que ha aceptado Reyes y el decomiso de varios bienes, incluidos coches, la embarcación El Pachi y parte de un piso, adquiridos con dinero procedente de los sobornos por otorgar licencias ilegales a varios hoteles, al Plan Parcial Playa Blanca y al puerto deportivo Marina Rubicón.
Ahora, tras haber llevado durante más de 7 años la defensa de Reyes en esta causa y después de haber presentado su escrito de conformidad, Pablo Luna pasará a representar a Fernández Camero en el caso Unión. Se da la circunstancia de que cuando Luna asumió la defensa de Reyes, reemplazó precisamente a Felipe Fernández Camero, que fue el primer abogado del ex alcalde en el caso Yate. Sin embargo, después tuvo que dejar su defensa, al pasar a estar también imputado en esa causa.
Luna se incorporó a la defensa de Reyes después de su detención y de su primera confesión en el año 2009, en la que sí dio nombres de varios empresarios que presuntamente le pagaron sobornos. Sin embargo, después se retractó coincidiendo con la incorporación de este nuevo letrado.
De presunto cerebro de la trama a acusado por malversación
Inicialmente, Camero estuvo imputado en el caso Yate como presunto cerebro de la trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Finalmente, al no encontrar pruebas de su asesoramiento a Reyes, se terminaron archivando esos cargos contra él. Sin embargo, precisamente por no encontrar rastro de su asesoramiento, se abrió entonces una pieza separada a instancias de la Fiscalía, por el dinero que recibió del Ayuntamiento de Yaiza por ese concepto.
En esa pieza, que ya está lista para ir a juicio, el fiscal le pide 6 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y una indemnización de más de 970.000 euros, de la que deberán responder de forma solidaria los otros dos acusados, el propio José Francisco Reyes y el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que también confesó en el caso Yate.
A esto se suma la imputación de Felipe Fernández Camero en el caso Unión, que es para la que ha contratado al que era abogado de Reyes. Camero está acusado en la pieza de Urbaser y se enfrenta a una petición de 11 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, así como al pago de una multa y al decomiso de los bienes obtenidos con presuntos sobornos, como un viaje a Kenia para él y su pareja, junto a María Isabel Déniz y su marido.
Penas superiores piden para Camero la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Arrecife como perjudicado. La primera le pide 19 años de prisión y 20 de inhabilitación, mientras que el Consistorio reclama 16 años de prisión y 20 de inhabilitación.
De la trama de Marbella a la de Playa Blanca
El abogado que ha contratado ahora para esta causa, y que llegó hace más de 7 años a la isla para defender a Reyes, ha intervenido en conocidos casos de corrupción de toda España. Entre otros, fue abogado defensor en el caso Malaya, la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Marbella.
Pablo Luna Quesada dirige un bufete de Granada, llamado "Luna y Asociados", compuesto por ocho abogados y un jurista. Se trata de un despacho fundado en 1978, "con alta especialización en Derecho Penal".
Inicialmente, cuando asumió la defensa de Reyes en el año 2009, Luna declaró a La Voz que había asumido el caso de forma "provisional". Sin embargo, ha continuado siendo su letrado hasta el juicio, en el que finalmente el ex alcalde confesó los delitos que le llevaron al banquillo. No ha ocurrido lo mismo con otras causas posteriores en las que está imputado José Francisco Reyes, en las que llegó a recurrir a abogados de oficio.
