La juez Silvia Muñoz ha dado por terminada la instrucción de la causa penal abierta por las licencias concedidas por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al que era su compañero de partido, Pedro de Armas, en el Plan Parcial Playa Blanca. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en julio de 2009 y la magistrada acaba de dictar este martes el auto para la incoación del procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción. Ahora, da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que formulen su escrito de acusación.
A falta de esos escritos, la juez considera que hay indicios para llevar a juicio a tres personas por presuntos delitos de prevaricación urbanística, en su modalidad activa y/o omisiva. Además del ex alcalde, en la causa están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes (inhabilitado y apartado de su cargo por una condena anterior) y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo Tejera.
En su auto, la juez señala que los tres emitieron "informes favorables a la concesión de licencia urbanística" en dos expedientes relativos a dos parcelas "de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de su cargo (secretario de Ayuntamiento, jefe de la Oficina Técnica y alcalde del Ayuntamiento de Yaiza respectivamente) pese a tener conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron".
Las dos parcelas donde se autorizó la construcción pertenecían o habían pertenecido a Pedro de Armas. En uno de los casos, la licencia se concedió directamente a su empresa, Marivista. En el otro, la licencia se obtuvo justo después de pasar por las manos de Pedro de Armas, que compró y vendió la parcela en el mismo día. Según reveló otra causa judicial que continúa abierta contra De Armas por presunto blanqueo de capitales, en esa operación el político ganó 800.000 euros "en un momento" y "sin salir de la notaría". En total, en las dos licencias se autorizaba la construcción de 66 viviendas, en un plan que estaba extinguido y donde no se podía construir.
Reyes ocultó las licencias
Al igual que sucedió en otros casos, en su momento José Francisco Reyes ocultó esas licencias al Cabildo, para evitar que pudiera recurrirlas. Además, en el caso de las otorgadas a De Armas, Reyes se resistió a entregarlas incluso cuando el Juzgado le obligó a notificar a la Corporación insular todos los permisos que había concedido. Cuando finalmente el Cabildo tuvo conocimiento de esas licencias las recurrió en los tribunales, que ya ratificaron en su momento la ilegalidad no sólo de las distintas licencias otorgadas en ese Plan Parcial, sino también del Plan en su conjunto.
Ahora, lo que se depurarán son las responsabilidades penales por la concesión de esos permisos. Según señala en su auto la juez Silvia Muñoz, en el caso de una de las licencias (la otorgada directamente a la empresa de De Armas para 10 viviendas unifamiliares) no se pidió al Cabildo el obligado informe de compatibilidad con el Plan Insular, lo que fue "silenciado" en los informes del secretario y del jefe de la Oficina Técnica. En el caso de la otra licencia, sí se pidió ese informe, pero el permiso se otorgó antes de recibir la respuesta del Cabildo, que además fue negativa.
El auto subraya que "tampoco se recabó en ninguno de los expedientes el informe favorable y preceptivo de la Administración Pública Canaria competente en materia de vivienda, ni se le remitió a dicha Administración un ejemplar del proyecto, ni la documentación complementaria" que exigía la normativa. En cuanto al alcalde, la juez considera que "a pesar del silencio intencionado de los informes técnicos y jurídicos" del secretario y el jefe de la Oficina Técnica, Reyes "tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante del Ayuntamiento de Yaiza en las Juntas de Compensación".
Éste es sólo uno de los procedimientos que tiene pendientes el ex alcalde por las licencias ilegales concedidas durante su mandato. En el principal, que ya está también listo para ir a juicio, la Fiscalía le pide 25 años de prisión, por la concesión masiva de licencias turísticas ilegales en Playa Blanca.
