Tras una exposición cronológica del proceso negociador para modificar el convenio colectivo, en la que han destacado la "falta de voluntad" del Comité de Empresa para llegar a un acuerdo y han cuestionado la "legitimidad del mismo", porque creen que no son representativos de una mayoría, el consejero de los Centros Turísticos, Pedro San Ginés, acompañado de parte de los miembros de la Comisión Negociadora, ha pedido a los trabajadores "cordura" y ha planteado la posibilidad de aplazar las negociaciones hasta después de las elecciones, como habían solicitado desde el inicio de las mismas.
En el caso de que no acepten esta condición proponen un arbitraje vinculante, aunque se trata de una medida que ya fue impugnada por el Comité de Empresa, que prefiere la intervención de un mediador. Para la Comisión Negociadora no hay un "interlocutor válido", porque nunca ha habido "voluntad de acuerdo" y consideran que las medidas de presión que han iniciado este miércoles son "desproporcionadas", "irregulares" e "ilegítimas".
La dirección de la EPEL responsabiliza de la ruptura de las negociaciones a Andrés Barreto, que en la reunión de este martes se sentó por primera vez en la mesa, tras un receso que había solicitado el Comité de Empresa, y al que acusan de tener "intereses sindicales y políticos". Según el gerente de la EPEL, José Juan Lorenzo, había cierto entendimiento en la reunión, a la que habían asistido con ánimo de cerrar un acuerdo, pero desde la intervención de Barreto, el Comité decidió rechazar todas las propuestas que había sobre la mesa, lo que motivó que la Comisión abandonara la negociación.
Los representantes sindicales aseguran por su parte que han reducido las peticiones a cuatro puntos innegociables. Ahora los trabajadores, en una medida que el consejero de los CACTS considera un "chantaje y una amenaza", han comenzado a llevar a cabo las medidas de presión que habían anunciado. Este mismo miércoles algunos trabajadores no han respetado los turnos y han incumplido los horarios de entrada, según ha confirmado José Juan Lorenzo, por lo que ya se ha iniciado una "huelga encubierta".
Ante la negativa a realizar servicios extraordinarios, la dirección ha adelantado que tendrán que suspender aquellos eventos que no puedan garantizarse, pero aseguran que se harán responsables de los perjuicios de la suspensión, por lo que apelan a la plantilla a que "sean responsables", ya que va a suponer un coste económico muy importante para la empresa y un deterioro de la imagen. También aseguran que los trabajadores están dispuestos a interponer 22 demandas de conflicto laborales si no se accede a sus peticiones.
