"Yo no tengo nada que añadir a eso. No tengo nada que añadir a lo que ya declaré al juez". Así ha respondido este martes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al ser preguntado sobre si el abogado Ignacio Calatayud, que entre otros temas le asesoró en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, trabajaba también en ese momento para la empresa Canal Gestión, a la que después se le entregó la planta de Club Lanzarote.
La pregunta se la planteó el pasado viernes el juez Jerónimo Alonso, durante la declaración como imputado de San Ginés. "Lo desconozco", afirmó en ese momento el presidente. Cuatro días después, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, se le ha preguntado si ya sabía la respuesta y si se lo había consultado a Calatayud (abogado externo del Cabildo y amigo personal del presidente). Sin embargo, San Ginés ha evitado responder y ha intentado zanjar el tema con un "no tengo nada que añadir".
"¿No considera relevante saber si la persona que les asesoró para llevar a cabo la incautación, trabajaba al mismo tiempo para la empresa a la que se le entregó esa planta, Canal Gestión?", se le ha planteado en esa rueda de prensa. "Lo que no me parece relevante es la pregunta. No añade nada al caso, a la cuestión. Al juez se lo pareció, el juez sabrá por qué hace la pregunta. Yo respondo a lo que conozco, a lo que no conozco, respondo que no lo conozco. Y como lo desconozco, lo mismo que le dije al juez le respondo a usted", ha contestado literalmente el presidente.
El abogado, presente en todas las fases clave de la incautación
Tal como este lunes publicó La Voz de Lanzarote, el nombre de Ignacio Calatayud fue el que más se repitió el pasado viernes durante las declaraciones de los tres imputados en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, ya que todos testimonios le sitúan como una pieza clave en la adopción de esta medida cautelar.
Además de asesorar previamente al presidente de forma "verbal", Calatayud también elaboró el único informe que existe por escrito avalando esa medida (y que se encargó y elaboró cuando la planta ya se había incautado). Incluso, pudo ser quien redactó la resolución que firmó el presidente ordenado la incautación, según declaró el propio San Ginés en los Juzgados.
Además, Ignacio Calatayud asesoró al gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, antes de proponer la apertura de un expediente sancionador a Club Lanzarote. Incluso, participó en reuniones previas con representantes de esta empresa, intentando "llegar a un acuerdo", según Duchemín.
Por último, Calatayud también estuvo presente en la toma de posesión de la planta, junto al gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez Callero, y agentes de la Policía Local de Yaiza. Tras entrar a las instalaciones sin consentimiento de la empresa y con ayuda de un cerrajero, la depuradora, la desaladora y el resto de infraestructuras de Club Lanzarote fueron entregadas a Canal Gestión.
Según el propio expediente del Consejo Insular de Aguas contra Club Lanzarote, la explotación y venta de agua de esa planta puede reportar beneficios millonarios. En el caso de Club Lanzarote, aplicando las tarifas que tenía, el Consejo considera que ingresaba 2.377.002 euros anuales. Ahora, es Canal Gestión quien recibe el dinero de la venta de agua a los vecinos y a los establecimientos turísticos del plan parcial Montaña Roja.
Que sólo había un informe 'a posteriori', "lo sabía toda la isla"
Durante su rueda de prensa, Pedro San Ginés también ha asegurado que "no es nada nuevo, como algunos han tratado de trasladar a la opinión pública", el hecho de que el informe jurídico que avaló la incautación de la desaladora, elaborado por Calatayud, se encargara y emitiera después de que se hubiera ejecutado ya esta medida.
Esta información fue publicada la pasada semana por La Voz de Lanzarote, tras tener acceso al expediente y confirmar que no había ningún informe escrito (ni técnico ni jurídico) que propusiera o avalara la incautación cuando San Ginés adoptó esta medida. El único que existe es ése que se emitió después, firmado por Calatayud. Pero según el presidente, eso "ya lo sabía toda la isla".
Sin embargo, hasta el pasado viernes, San Ginés insistía en repetir a los medios que existían informes, sin precisar que eran sólo "verbales" y que por escrito sólo había uno posterior, elaborado por un asesor externo. "Hay informes técnicos y jurídicos que avalan todas las decisiones que he adoptado. De técnicos y funcionarios del Consejo y del Cabildo. Antes y después. Verbales y escritos. Los que eran preceptivos", aseguró a las puertas de los Juzgados.
Para defender que era "conocida por todos" esa ausencia de informes escritos previos (que él insiste en que no eran "preceptivos), San Ginés se ha referido este martes a la Asamblea del Consejo Insular de Aguas que se celebró en octubre de 2014, "compuesta por 32 miembros", y ha asegurado que allí se dio cuenta de ello. Según ha afirmado, "así consta en el acta de grabación de la sesión". Al respecto, cabe destacar que esa sesión sí está grabada, aunque a diferencia de lo que se venía haciendo hasta unos meses antes, no se transcribió el contenido.
