El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, declaró este viernes ante el juez que no fue él quien redactó la resolución ordenando la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por la que está imputado por un delito de prevaricación y otro de coacciones. Incluso, afirmó que no sabe "a ciencia cierta" quién la redactó. "Desconozco quién es el autor material. Pudo ser el gerente del Consejo (José Juan Hernández Duchemín), el secretario (Pancho Perdomo) o el propio letrado externo (Ignacio Calatayud). O tal vez los tres participaron", sostuvo.
Según San Ginés, él "nunca elabora las resoluciones" que firma, pero la rubricó porque "asumió su contenido". En su declaración, afirmó que "no tiene conocimientos jurídicos específicos" y que de derecho administrativo tiene los conocimientos "inherentes a la diplomatura de empresariales", que son los estudios que tiene.
Sobre la falta de informes jurídicos para avalaran la decisión que adoptó de incautar la desaladora, San Ginés volvió a señalar a Pancho Perdomo y a Ignacio Calatayud, asegurando que ambos le habían asesorado "verbalmente". "El secretario me confirmó que podía adoptarse esta medida cautelar y que se podía llevar a cabo sin autorización judicial, que era lo que me generaba ciertas dudas", sostuvo San Ginés ante el juez.
"El secretario me indicó que no era preceptivo el informe"
Además, también insistió en que fue el secretario quien le dijo que no eran necesarios informes jurídicos "por escrito" para ordenar la incautación de la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote. "Me indicó que no era preceptivo", aseguró el presidente. Después, cuando a petición de la fiscal se le mostró un informe y se le preguntó si del mismo no se derivaba la necesidad de un informe jurídico previo para adoptar esta medida, San Ginés respondió que tuvo "informe jurídico de forma verbal en un primer momento y luego ratificado por escrito". Se refería así al informe que él mismo encargó cuando ya había ejecutado la incautación de la planta, y que fue elaborado por Ignacio Calatayud y asumido por el secretario del Cabildo.
Preguntado sobre su experiencia tramitando otros expedientes sancionadores, el presidente respondió que "no sabría decir el número exacto", pero afirmó que "es frecuente el asesoramiento verbal en muchas de sus decisiones diarias, sobre todo cuando no es preceptivo el informe escrito". Sin embargo, también a preguntas tanto del juez como de la fiscal, admitió que era "la primera vez que se adoptaba una medida cautelar de incautación de una instalación hidráulica".
Además, respondiendo a otras preguntas, reconoció que sabía que esta decisión "iba a ser una cuestión controvertida y compleja". De hecho, alegó que por eso el mismo día en que firmó la resolución, había asumido personalmente las competencias en materia de sanciones, que estaban delegadas en otra consejera, "que había tomado recientemente posesión de su ata en el Cabildo".
Interrogado sobre si había un expediente "formado físicamente" que diera lugar a la resolución que firmó ordenando la incautación, respondió que no lo sabe. "Entiendo que sí debía haberlo", agregó el presidente, pese a que realmente ese expediente no consta y, de hecho, la resolución en la que ordena la incautación es la misma en la que ordena la apertura de un expediente sancionador.
"Estaba amparada legalmente, o al menos así me lo trasladaron"
"La medida estaba amparada legalmente, o al menos, así me lo trasladaron tanto el asesoramiento jurídico externo del letrado Ignacio Calatayud, como el asesoramiento del secretario del Cabildo, del Consejo y del Consorcio", reiteró el presidente durante su declaración, volviendo a señalar a Pancho Perdomo y al abogado que ha sido contratado por la institución para llevar distintos pleitos y procedimientos bajo su mandato.
Además, el presidente volvió a señalar también a Duchemín al afirmar que su resolución "vino motivada por el informe previo del gerente del Consejo (Insular de Aguas)". En ese informe, José Juan Hernández Duchemín, que también está imputado en esta causa, proponía la apertura de un expediente sancionador contra Club Lanzarote por tres supuestas faltas leves y una menos grave y proponía adoptar medidas cautelares, aunque no hablaba de incautación. Esa palabra, aparece por primera vez en la resolución firmada por San Ginés.
En su declaración, el presidente también aseguró que él "no decidió el momento concreto, ni la forma ni las personas que debían llevar a efecto la toma de posesión" de la planta, aunque agregó que "estaba en permanente contacto con los gerentes del Consorcio y del Consejo y con la propia alcaldesa de Yaiza". A Gladys Acuña se refirió hasta en dos ocasiones en su declaración, al afirmar también que fue a ella a quien le pidió que acudieran agentes de la Policía Local a Montaña Roja para ejecutar la incautación de la desaladora.
"Temía un sabotaje de las instalaciones"
"Solicité auxilio por si fuera necesario para llevar a efecto la orden material de incautación", sostuvo San Ginés en el Juzgado, explicado que lo hizo porque "la actitud de Club Lanzarote hacía presumir que no iba a acceder voluntariamente a la entrega". Además, alegó que el trámite se hizo "de forma urgente" (entre el primer informe del gerente del Consejo Insular de Aguas proponiendo la apertura de un expediente y la incautación de la planta transcurrieron 48 horas) "para garantizar el abastecimiento y evitar que se produjera alguna situación anómala". Y es que según San Ginés, "temía que se produjera el sabotaje de las instalaciones por parte de Club Lanzarote" o que la propia empresa "inutilizara las instalaciones".
Antes de terminar su declaración, San Ginés también quiso "dejar constancia" de que cuando ordenó la incautación "tenía indicios de la existencia de vertidos ilegales y presuntos delitos contra el medio ambiente cometidos por Club Lanzarote", aunque él mismo admitió en el Juzgado que no hizo ninguna referencia a ello en su resolución, y tampoco decía nada al respecto el informe previo de Duchemín. Tampoco San Ginés acudió en su momento a denunciar esos supuestos indicios de delito, aunque sí lo ha hecho ahora, un año después, coincidiendo con su imputación por la incautación de la planta. De hecho, ha hecho pública esta noticia a las puertas de los Juzgados, justo después de prestar declaración.
