El alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Cándido Reguera, ha asegurado que el Consistorio intentará llegar a un acuerdo con Urbaser, encargada de la limpieza, mantenimiento de jardines y recogida de residuos en la capital, para evitar la huelga de carácter indefinido que ha sido convocada para el próximo 18 de abril.
El motivo de esta huelga, a la que en principio sólo han decidido sumarse los trabajadores que se encargan de la recogida de residuos y enseres en la capital, se debe al incumplimiento del preacuerdo del convenio colectivo firmado en diciembre de 2009, según explicaban este lunes desde el Comité de Empresa de Urbaser. Desde Intersindical Canaria afirman que la empresa "no aplicó el incremento del IPC real canario, de un 2 por ciento a los salarios del año 2010, así como la revisión salarial de un 2,5 por ciento para los salarios de 2011".
La reivindicación de los trabajadores viene ligada a las de la propia empresa, ya que, al parecer, el convenio laboral vincula las subidas salariales de los trabajadores a la revisión del precio que el Ayuntamiento paga a Urbaser por los servicios que presta en la capital.
En este sentido, Reguera ha anunciado que el próximo jueves se reunirá con los responsables de Urbaser, así como con el Comité de Empresa, para buscar soluciones que pongan freno a la huelga.
El alcalde ha reconocido que "es cierto" que el convenio laboral que tienen los trabajadores de Urbaser está vinculado a la revisión de precios de 2008, prevista en el contrato entre la empresa y el Ayuntamiento de Arrecife. Una revisión que Reguera considera que "hay que llevar a cabo". "Es un asunto que se tendrá que resolver más tarde o más temprano, pero a nadie se le esconde la situación que se ha generado en Urbaser y tendremos que llevar a cabo eso con todas las garantías", afirma el primer edil.
Actualmente, Urbaser recibe cerca de 700.000 euros mensuales del Consistorio de Arrecife, y tanto el que era gerente de la empresa en Lanzarote como otros directivos de Urbaser en Madrid fueron detenidos e imputados en el marco de caso "Unión". La investigación considera que todos ellos están relacionados con el presunto pago de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, supuestamente relacionadas con este contrato.
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