El PP de Lanzarote se moviliza en contra de la okupación ilegal de viviendas

Los populares han realizado una recogida de firmas en apoyo de la Ley Antiokupación con la que se pretende que las ocupaciones se resuelvan en apenas 12 horas

El PP recoge firmas en apoyo de la Ley Antiokupación
El PP recoge firmas en apoyo de la Ley Antiokupación

La presidenta insular y secretaria nacional de Comunicación del Partido Popular, Astrid Pérez, encabezó este fin de semana la campaña de recogida de firmas en contra de la okupación que se está llevando a cabo en todo el país. 

La iniciativa se extendió por los distintos municipios y se desarrolla de forma paralela a las mociones que se están presentando en las instituciones locales con el fin de instar al gobierno a adoptar medidas que frenen  las ocupaciones para garantizar el derecho a la propiedad privada que asiste a los titulares de las viviendas. 

Los populares han agradecido el apoyo que está  prestado la ciudadanía a esta campaña y que constata la preocupación que existe también en la isla ante esta  problemática que en el último año ha aumentado en el archipiélago de forma considerable hasta el punto de que Canarias se sitúa ya como la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido la okupación de viviendas. 

El PP recoge firmas para la ley antiokupación
Recogida ded firmas en Costa Teguise

El Partido Popular movilizó a los comités de las zonas turísticas de Yaiza, Tías y Teguise así como en Arrecife y San Bartolomé, donde se colocaron mesas para que los ciudadanos materializaran su firma. El apoyo a la campaña también puede realizarse a través de la plataforma change.org donde se recogen las medidas propuestas. 

En este sentido, se plantea que se pueda desalojar a los okupas en 13 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 3 meses a 1 año y que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente. Además, para los Populares es imprescindible que las comunidades de propietarios puedan tomar medidas legales y que las personas jurídicas también puedan iniciar los procedimientos de desalojo.

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