El Puerto Deportivo Marina Rubicón, que durante años no cobró al yate familiar de José Francisco Reyes por el atraque, reclama ahora 8.353 euros (casi un millón y medio de las antiguas pesetas) por los últimos doce meses, en concepto de "la deuda que se ha generado desde el precinto judicial de la embarcación". Así lo han hecho constar en un escrito remitido al Juzgado Número 2 de Arrecife, en el que responden al requerimiento en el que la magistrada les ordenaba que sacaran la embarcación del agua para preservar su conservación mientras ésta continúa precintada.
En esa respuesta, los representantes legales de Marina Rubicón sostienen que "proceder a varar la embarcación El Pachi en los términos que constan en el requerimiento" les resulta "absolutamente imposible". Para empezar, por problemas logísticos: "Resulta imposible a los operarios del puerto proceder al traslado de la embarcación por cuanto no se dispone de las llaves de la misma para su puesta en funcionamiento, resultando inviable, habida cuenta de las características de El Pachi (eslora y manga) proceder a su remolque", alegan en su escrito.
Pero en cualquier caso, también dejan claro que ése no es el único motivo. El resto, se centra sobre todo en el capítulo económico. Y es que sostienen que para sacar el barco del agua se necesitaría usar una grúa "de considerables dimensiones", con el "coste" que ello supone, a lo que hay que añadir los "gastos por estancia o varada" durante el tiempo que permanezca allí. "Desconocemos a quién incumbe el pago o cómo se abonará", plantean desde la propiedad de Marina Rubicón, que agrega que también tendrán "una merma de ingresos" al no poder utilizarse ese espacio "para varar barcos de terceros".
Así, preguntan al Juzgado quién es el depositario de la embarcación, "si es que ha designado alguno", y le piden que le requiera para que "previo pago de los costes que conlleva la operación de varada, asuma las responsabilidades inherentes a la misma" y pague "la deuda que se ha generado desde el precinto judicial, y cuyo importe asciende a 8.353,80 euros", aunque no aclaran en qué conceptos. En el mismo escrito, señalan que los gastos de atraque en el mar ascienden a 336,3 euros mensuales (997,04 euros si pasara a estar en varadero), lo que multiplicado por los poco más de doce meses que lleva precintado, supondría unos 4.000 euros.
El Pachi ya no dinamiza
Además, desde Marina Rubicón piden al Juzgado que "adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar que la embarcación El Pachi permanezca en el Puerto Deportivo". Y es que sostienen que "está generando daños de consideración a la imagen corporativa, más si se tiene en cuenta que no es la única embarcación precintada judicialmente que está haciendo uso de atraques dentro del puerto".
Así, dejan claro que ya no quieren saber nada de una embarcación que durante años permaneció en Marina Rubicón sin pagar por el atraque, supuestamente porque entonces entendían que ayudaba a "dinamizar" el puerto. Al menos, eso fue lo que declaró el gerente del puerto, Rafael Lasso Lorenzo, cuando tuvo que declarar como testigo en el "caso Reyes" y explicar a qué obedecía este beneficio a la familia del ex alcalde de Yaiza.
Tras su declaración, los tres propietarios de Marina Rubicón pasaron a estar imputados en este proceso por presuntos delitos de cohecho. Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y Rafael Lasso tuvieron que responder ante la juez y el Ministerio Fiscal, que consideran que el dinero que se ahorraba la familia de Reyes con el atraque de El Pachi podría haber formado parte de presuntas dádivas a cambio de la concesión de licencias ilegales.
En su declaración ante la juez, Juan Francisco Rosa afirmó que había un convenio con El Pachi por el que no pagaba el atraque, sino que pagaba un canon en función del número de clientes, "lo que favorece la imagen del puerto, teniendo en cuenta la situación, y fomenta la actividad en el mismo". Sin embargo, el propio José Francisco Reyes reconoció en los Juzgados que la actividad de la embarcación era mínima. Concretamente, afirmó que a su hijo no le iba "muy bien con el barco" y que "prácticamente sólo trabaja en verano, en regatas y en sus duraciones".
Según la investigación, las cuentas de la empresa reflejan que durante al menos tres años no hubo movimiento de pasajeros. De hecho, entre los años 2005 y 2009, la embarcación habría pagado a Marina Rubicón, en virtud de ese convenio, una cifra similar a lo que cuesta el atraque de un solo mes. Es decir, unas 50 veces menos de lo que pagan otras embarcaciones.
Un año de embargo
La embarcación El Pachi, que está a nombre del hijo de José Francisco Reyes, a través de la sociedad Sea Sun Lanzarote, fue precintada el 30 de septiembre de 2009, cuando fueron detenidos el ex alcalde de Yaiza, su mujer y tres de sus hijos. Recientemente, la defensa de José Francisco Abel Reyes solicitó que se levantara el embargo, pero la jueza rechazó la petición. Sin embargo, sí ordenó al puerto deportivo Marina Rubicón que sacara el barco del agua para evitar su deterioro, ya que ése era uno de los motivos esgrimidos por el hijo de Reyes para pedir que se suspendiera esta medida.
La investigación abierta desde hace cinco años por la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca sostiene que tanto este yate como otros bienes que posee la familia fueron obtenidos de forma presuntamente ilícita, con dinero que supuestamente habría recibido el ex alcalde a cambio de la concesión de esas licencias.
Entre los delitos que se le imputan a Reyes está el de blanqueo de capitales, del que también están acusados su mujer y sus hijos, por su presunta participación a la hora de dar apariencia de origen lícito a ese dinero. Entre otras cosas, a través de compras como la de la embarcación "El Pachi", por el que se pagaron 127.000 euros en efectivo, en varios plazos.
Según determinó el informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (hasta hace unos años conocida como Udyco), que rastreó el patrimonio de Reyes y de su entorno, la familia habría realizado compras y movimientos económicos por valor de cientos de miles de euros, con dinero de origen desconocido.
