El consejero de Infraestructuras y portavoz del Gobierno, Antonio Castro Cordobez, dejó un manto de dudas sobre dos proyectos portuarios de Lanzarote: el muelle de Órzola y el puerto de Playa Blanca. Las obras del primero están paralizadas hace aproximadamente un año y la ampliación del segundo ni siquiera ve la luz como proyecto, sino como expediente, según palabras del propio consejero.
La comparecencia de Castro Cordobez, después del Consejo de Gobierno celebrado en la Isla, fue aprovechada por los medios de comunicación para conocer el futuro de las instalaciones portuarias. El titular de Infraestructuras adelantó que primero se van a licitar las obras del muelle de Puerto del Carmen, "y detrás vendrá Playa Blanca". El Ejecutivo, más que proyectos concretos, sacará pliegos de condiciones en los que se especificarán las características que debe reunir cada puerto y bajo qué figura se explotará, para que las empresas interesadas participen del concurso público y hagan sus respectivas ofertas.
No antes de 2007
Castro Cordobez dijo que la actual reordenación del puerto de Playa Blanca se está ejecutando precisamente porque no se sabe cuándo comenzará la esperada obra de ampliación del puerto, y prefirió no hablar de macro puerto. El consejero se conformaría con que la obra empezara durante la presente legislatura, pero advirtió de que será muy difícil verla terminada antes de 2007, "ya que cuando comience tendrá una duración de dos o tres años".
Para el puerto norteño las cosas tampoco están nada claras. Castro Cordobez justificó la parálisis de las obras en Órzola porque "en las obras de mar se diseña un proyecto y luego en la práctica no funciona como se preveía".
"El laboratorio de la realidad es distinto", agregó el consejero, quien recordó que para culminar la obra se trajo una máquina de Holanda, pero "no funcionó". Castro Cordobez no se atrevió a confirmar si la ejecución del proyecto se reanudará antes de finalizar el año y sólo se limitó a decir que el proyecto "se está adaptando a las condiciones marítimas". Según Castro, el proyecto reformado tendrá menos impacto medioambiental que el inicial.
Atención a mujeres maltratadas
De otra parte, el Consejo de Gobierno de Canarias ratificó en Lanzarote un convenio que se formalizará con los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura para poner en marcha nuevos centros adscritos a la red canaria de servicios de información, atención y alojamiento temporal para las mujeres víctimas de la violencia de género.
El presupuesto total del programa, que se desarrollarán en los próximos cuatro años, asciende a más de 23 millones de euros. El Gobierno de Canarias pondrá 11.765.000 euros y los cabildos el resto. En concreto, el Cabildo de Gran Canaria contribuirá con 4.834.120 euros, el Cabildo de Tenerife con 4.546.187 euros, desde Lanzarote se destinarán 919.752 euros, en Fuerteventura 693.753 euros y en La Palma 781.423 euros.
Con este dinero el Ejecutivo confía en mejorar la atención a las mujeres maltratadas, potenciar el apoyo psicológico y legal, así como aumentar considerablemente la oferta de residencias y centros de acogida para aquellas mujeres que deseen abandonar su hogar o se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
