Las ocho personas detenidas este lunes en el marco de una tercera fase de la Operación "Unión", bautizada como Operación "Jable", han empezado a prestar declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que les interrogarán antes de que pasen a disposición judicial.
El ex consejero socialista y ex militante destacado del PSOE, Miguel Ángel Leal, ha sido uno de los que han tenido que comparecer este martes ante los agentes, y ha sido asistido por un letrado particular, a diferencia de lo que sucederá con otros detenidos, que continúan incomunicados por orden del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro.
Los cuatro detenidos que siguen incomunicados son la ex alcaldesa de Arrecife y actual cargo público del Gobierno de Canarias, a través de la Academia Canaria de Seguridad, María Isabel Déniz; el ex presidente de Asolan y presidente y consejero delegado de Horinsa, Francisco Armas; el gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez; y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha. Todos ellos tendrán que ser asistidos por abogados de oficio hasta que el juez no levante la orden de incomunicación.
El resto, tanto Miguel Ángel Leal como el ingeniero del Cabildo Manuel Spínola, el militante del PP y director de una oficina bancaria, Julio Romero, y el trabajador de Urbaser Stephani Jean Valverde, continúan arrestados pero no incomunicados, y ya han podido contactar con abogados particulares. Todos ellos han pasado la noche en cuarteles de la Guardia Civil.
Sigue abierta
La nueva operación que arrancó este lunes continúa abierta, según confirmó la Guardia Civil, por lo que en los próximos días podrían producirse nuevas detenciones e imputaciones por esta causa.
Además, la actividad continuará en los Juzgados de Arrecife no sólo con nuevos posibles frentes, sino también con las declaraciones de los detenidos hasta el momento. En principio, la detención de todos ellos podría durar un máximo de 72 horas, aunque el juez también podría decidir prorrogar el arresto de alguno de ellos en función del avance de la investigación, como ya sucedió con algunos de los arrestados en la primera fase de la Operación "Unión".
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